Este jueves, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, controlada en su totalidad por el chavismo, aprobó la “Ley Antibloqueo”, que busca evadir las sanciones financieras aplicadas por Estados Unidos.
Dicha Ley, aprobada en un único debate, tiene como objetivo proteger los activos internos y externos “de la amenaza de confiscación, robo y saqueo por parte de gobiernos extranjeros o empresas alineadas al bloqueo, mediante una gestión eficiente de los mismos”.
Además, la Ley contempla la realización de alianzas o asociaciones con sectores productivos y empresas dentro y fuera de Venezuela, con el objetivo de desarrollar sectores económicos o negocios en áreas estratégicas del país.
Este giro económico y de narrativa ha causado una fractura dentro de las filas del chavismo, uno apostando en continuar el fracasado modelo estatista, que advierte su preocupación por la posibilidad de una reprivatización de empresas nacionalizadas, y otro que intenta blanquear sus capitales y generar nuevas fuentes de ingresos para sostener al régimen venezolano.
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, se mostró satisfecho por la aprobación de esta Ley, que asegura haber redactado “gracias a la confianza de los venezolanos” y afirmó que “existe un gran país que tiene la esperanza renovada, que repudia las sanciones impuestas por Estados Unidos“.
La Ley Antibloqueo también contempla un mayor fortalecimiento y ampliación de la red de políticas de protección social del Estado y de sus prioridades (alimentación y salud) que ha llevado a los ciudadanos a una dependencia excesiva del régimen chavista, logrando así controlar a la población en momentos claves.
Además, prometen el mejoramiento de los servicios públicos como el agua, luz o las telecomunicaciones, y generar un plan de “relanzamiento” de la economía del país con 16 sectores ya establecidos por el régimen chavista.
Y es que las políticas aplicadas durante estos años de dictadura solo han servido para ahuyentar la inversión y para generar pérdidas entre los inversionistas. Tal es el caso de las expropiaciones realizadas a lo largo de este periodo, que generaron la quiebra y el desmantelamiento de varias empresas.
Sin embargo, en los últimos años, el régimen ha tenido que adoptar otras medidas para generar recursos y mantener a flote este sistema. Entre las empresas que han realizado acuerdos con la dictadura destacan: Maurel & Prom, Schlumberger Ltd, Halliburton Co, Petrex e incluso la estatal china CNPC, todas bajo la figura de asociaciones y empresas mixtas en el sector petrolero, mientras que en el sector minero están las empresas Energold Minerals. Inc, Corporación Faoz, C.A. y Supracal.

El sector energético es uno de los sectores que pretende “recuperar” el régimen chavista, que ha sufrido constantes fallas producto de la falta de inversión y los altos niveles de corrupción en las empresas estatales.
Por otra parte, líderes opositores han advertido que el componente pseudo privatizador de esta Ley fortalecería el carácter autoritario de Maduro, logrando “regalar” las empresas estatales a sus amigos del poder, los denominados “boliburgueses”, empresarios cercanos al régimen chavista.
El abogado constitucionalista Allan Brewer Carías, mostró su preocupación ante este hecho, ya que desaplica o suspende la vigencia del ordenamiento jurídico existente, y recordó que la Ley autorizaría al Ejecutivo a tomar todo tipo de medidas económicas, sin límites ni control y en un marco de reserva y confidencialidad totales.
También, el integrante del comité de finanzas del Parlamento, Ángel Alvarado, ha advertido que tanto la gestión de la petrolera estatal PDVSA como sus refinerías podrían ser entregadas al régimen de Irán, por ejemplo, y afianzar los estrechos lazos entre ambos países, permitiendo la entrada de mayores recursos al chavismo en momentos de crisis.
El despilfarro socialista llevó a que PDVSA no tenga ni siquiera el capital necesario para operar los pozos que estaba explotando. La ruina de la empresa estatal es total y una inyección de dinero iraní (pasando así a su control) parece ser la única salida.
El régimen venezolano estaría buscando adoptar con este tipo de leyes la estrategia del Partido Comunista de China: permitir la inversión privada local y extranjera con extremos controles y regulaciones, y sin dejar de lado la represión y el control absoluto de sus ciudadanos para evitar cualquier acción que permita la recuperación de la libertad y la democracia en el país.
Por Yomar Moreno, para La Derecha Diario.
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