La Comisión de Constitución y Legislación del Senado de Uruguay aprobó el pasado jueves 15 de abril el proyecto de ley que presentó el gobierno para modificar el artículo 224 del Código Penal, que refiere a la violación de disposiciones sanitarias.
El artículo original sanciona a quienes “mediante violación a las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente causen un daño a la salud humana o animal“, con penas de entre 3 y 24 meses de prisión.
La redacción del proyecto sustituye el concepto de “daño” por el de “poner en peligro efectivo”. Esto quiere decir que, a pesar de la retórica liberal de Lacalle Pou, la nueva ley penalizará judicialmente bajo este artículo a las personas que rompan las medidas de aislamiento y distanciamiento social por la pandemia.
Además, se establece que “la aplicación del máximo de la pena referida anteriormente estará especialmente justificada cuando el hecho se suscite tras ser declarada una emergencia sanitaria por las autoridades competentes”, por lo que las personas imputadas por romper la cuarentena irán 2 años a prisión.
Los representantes de la oficialista Coalición Multicolor respaldaron de forma unánime esta medida, mientras que los miembros del izquierdista Frente Amplio decidieron no acompañar la propuesta, una actitud sorpresiva debido a su retórica pro-cuarentena, al no considerarla “una solución” para afrontar la crisis sanitaria.
En julio 2020, Lacalle aseguró en múltiples entrevistas que “no estaba dispuesto a ir a un Estado policíaco“, justificando su decisión de no imponer, en aquél entonces, una cuarentena obligatoria. En su momento, declaró: “No se puede meter preso al que trata de ganarse el peso“.
La medida había sido presentada por los diputados oficialistas Mario Colman y Javier Radiccioni (Partido Nacional), y aprobada por los miembros de la Cámara de Representantes durante el 2020, quedando en suspenso su discusión en el Senado durante varios meses.
Con la aprobación de esta iniciativa por la Comisión, se espera que el próximo martes se discuta con el resto de miembros del Senado y sea votada en el pleno.
Esta votación será respaldada nuevamente por los miembros de la Coalición Multicolor y será aprobada fácilmente, un cambio sorpresivo si consideramos que en 2020, varios senadores del Partido Nacional, uno de los integrantes de este bloque, habían mostrado su rechazo a esta medida.
Una de las razones fue la falta de coherencia con las políticas aplicadas desde el Poder Ejecutivo para afrontar la crisis sanitaria, ya que el Gobierno había apostado por la libertad responsable. Sin embargo, ahora estos mismos congresistas expresan que “la medida facilitará el control de las medidas sanitarias“.

Proyecto de ley tal como entró al Congreso en 2020, conocida como “Ley Colman”.
Varios penalistas han protestado contra este nuevo paradigma, al considerar esta propuesta como “una acción relativa a un régimen autoritario“. El Presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Juan Fagúndez, manifestó a El País que prohibir el derecho a reunión con una norma penal es inconstitucional.
A su vez, expresó que la modificación implicaría imponerle a los jóvenes el hecho de no juntarse, y decirles que “si se juntan, van a ser tratados como delincuentes“.
“Acá la norma no exige ni siquiera que contagies a alguien, sino que a través de la actitud de violar la disposición sanitaria, por ejemplo aglomerarse, se pondría en peligro a toda la sociedad porque podría provocar la expansión del virus. ¿Cómo vos podés culpar a esa gente cuando la atrapes, si ni siquiera está enferma o aun estando enferma no lo sabía?“, se preguntó
Asimismo, el sindicato policial uruguayo se ha manifestado preocupado ante la aprobación de esta reforma, y han solicitado a los legisladores y al gobierno de Luis Lacalle Pou lineamentos claros por su seguridad y la del resto de los ciudadanos en base a los parámetros de cuando se incurre o no en este delito.
La Policía asegura que todavía no tiene claro de qué manera actuar y cuando hacerlo ante supuestos “delitos sanitarios”, dado el cambio de este artículo en el Código Penal.
En ese sentido, el abogado Juan Raúl Williman explicó que el derecho penal no es una herramienta eficaz para solucionar temas de salud pública y, para ese tema, existen otras acciones, como las campañas de prevención. “El Estado debería usarlo como último recurso, no así“, finalizó.
Usted debe estar conectado para publicar un comentario Inicio de sesión