Luego de la criticada reunión de Abascal con senadores del PAN, tres altos dirigentes se reunieron con la ex candidata presidencial peruana y actual líder de la oposición para que firme la Carta de Madrid.

El partido de derecha español VOX busca extender su presencia en Hispanoamérica. Tras el reciente viaje de Santiago Abascal a México, los miembros del partido continúan extendiendo su cruzada anticomunista en la región.

Esta semana fue el turno de Perú, donde aterrizaron el europarlamentario de VOX Hermann Tertsch y el diputado y vicepresidente de la formación, Víctor González, acompañados por Jorge Martín Frías, el director de la Fundación Disenso, el think tank que sustenta los postulados de Vox.

Allí se reunieron con diputados de los partidos peruanos de derecha Renovación Popular (López Aliaga), Avanza País (Hernando de Soto) y Fuerza Popular (Keiko Fujimori), quienes firmaron la Carta de Madrid, el documento fundacional del Foro Madrid, que busca ser la contracara del Foro de Sao Paulo.

El manifiesto cuenta ya con las adhesiones del candidato presidencial derechista chileno José Antonio Kast, del diputado e hijo del presidente brasileño Eduardo Bolsonaro, y del ex presidente colombiano Álvaro Uribe, a quien visitaron en Colombia los tres dirigentes españoles antes de pisar Lima.

A comienzos de septiembre Abascal llevó esa misma carta a México y sacudió el tablero político. La gran mayoría de los senadores del PAN recibieron con sonrisas y abrazos al Presidente de VOX y firmaron la carta. Sin embargo, la dirigencia del partido, mucho más de izquierda y cómplices con el gobierno socialista, hicieron que los congresistas borraran la foto de Twitter de la reunión y negaran cualquier afiliación con la formación española.

Con el mismo espíritu pero con mejores resultados, Tertsch, González y Frías sumaron el apoyo de las más importantes formaciones peruanas que luchan contra el gobierno comunista de Pedro Castillo, y que hasta último momento desconocieron su triunfo electoral.

Dos de los los congresistas que firmaron la Carta, Jorge Montoya y José Cueto, fueron los que lideraron la batalla judicial por el fraude electoral de Perú Libre que anuló actas y permitió que Castillo ganara por escasos votos el ballotage. Hoy en día, son perseguidos políticamente por la Fiscalía peruana.

Montoya y Cueto forman parte de Renovación Popular, que tiene de líder a Rafael López Aliaga, un empresario de derecha que en sus actos pide “muerte al comunismo y a Castillo”, y que apodaron como el “Trump peruano” en las pasadas elecciones presidenciales, donde quedó en tercer lugar y por escaso margen no entró al ballotage.

La gira peruana terminó con una reunión clave entre Tertsch, González, Frías y Keiko Fujimori, quien a esta altura se ha convertido en la líder de la oposición al gobierno de Castillo, y muchos temen que la nueva administración la use de chivo expiatorio con causas judiciales inventadas como hizo Evo Morales en Bolivia con Jeanine Añez.

“Compartimos nuestra preocupación sobre el avance del comunismo y reafirmamos nuestro compromiso en defensa de la libertad y democracia”, expresó la ex candidata.

La misión de los tres hombres consistió en unir a la derecha peruana y exhibir músculo en un país que VOX considera invadido por el comunismo. Tal como lo hizo en México para marcarle territorio a López Obrador, otro enemigo de la derecha mundial.

Con todo, Perú ofrece a VOX un considerable poder simbólico. Castillo, al igual que López Obrador, cuestionó los efectos de la conquista y la colonización española, una transgresión imperdonable desde la óptica del grupo de Abascal, que justamente reivindica ese periodo de la historia y asegura que sin la llegada de los españoles, el continente americano nunca hubiera prosperado.

Los dirigentes de VOX también recibieron el respaldo de Erasmo Wong, dueño del canal de televisión Willax, ferviente opositor a Castillo y una de las pocas voces de derecha que queda en los medios peruanos.

Castillo y Bellido tienen los ojos puestos en el yacimiento de gas más importante del país, responsable de producir el 40% de la energía eléctrica del país y dejar una producción equivalente al 0,5% del PBI.

El primer ministro de Perú, el comunista Guido Bellido, amenazó este domingo con nacionalizar el yacimiento de gas de Camisea si el consorcio formado por la argentina Pluspetrol, la española Repsol y la estadounidense Hunt Oil, entre otras empresas, se niega a “renegociar” el reparto de beneficios dándole más regalías al Estado.

En un mensaje publicado en Twitter, Bellido aseguró que el Gobierno está convocando al consorcio para que acepte entregar una cuota mayor al Estado de las ganancias obtenidas por la venta del gas de uno de los mayores yacimientos de Latinoamérica.

“Caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, publicó Bellido, cumpliendo con sus promesas de campaña.

Esta es una total violación de los derechos de propiedad de las empresas, ya que hay un contrato vigente que determina las repartijas de utilidades con el Estado. También hay un momento para renegociar este reparto, y es cuando vence el actual contrato y se debe firmar uno nuevo. El plazo de concesión de 15 años venció en 2019, y ese año fue extendido 5 años más, por lo que hasta 2024 el contrato no puede ser renegociado.

Dentro del consorcio de Camisea, Pluspetrol es el socio mayoritario con 27,3% de participación, seguido de la estadounidense Hunt Oil (25,1%), la coreana SK Innovatión (17,6%), la española Repsol (10%), la argentina Tecpetrol (10%), y la argelina Sonatrach (10%).

Sin embargo, desde 2019 está bloqueada la compra de la participación de SK Innovatión por parte de Pluspetrol al exigir el Estado peruano la firma de una cláusula anticorrupción que obligaba al comprador a desprenderse de sus derechos sobre el yacimiento en caso de que en adelante se hallara algún caso de corrupción en Camisea.

Pluspetrol se encarga desde 2004 de realizar las actividades de exploración y explotación de las reservas de gas natural en los bloques 56 y 88 de Camisea y su posterior procesamiento en la planta de fraccionamiento de Malvinas, ubicada a orillas del río Urubamba, donde se separan los líquidos y el gas seco.

De esta forma, Camisea procesa 92% de la producción fiscalizada de gas natural de Perú y su gas permite generar más del 40% de la energía eléctrica consumida a nivel nacional. Durante sus primeros 15 años de operaciones, Camisea facturó 30.000 millones de dólares tras una inversión de 5.000 millones de dólares y generó regalías para el Estado peruano por valor de 8.000 millones de dólares, lo que equivale al 0,5 % del Producto Interior Bruto (PIB) del país.

Una caja así en manos de Pedro Castillo podría ser la mina de oro que el gobierno comunista peruano estaba buscando para financiar sus políticas públicas. De todos modos, una nacionalización de Camisea tendría resultados desastrosos para Perú, y el país podría entrar en el largo plazo en una severa crisis energética como Cuba o Venezuela.

Desde el Congreso la bancada de Perú Libre promueve un proyecto de ley para controlar los medios de comunicación nacionales y promover los medios

En la última semana se dio a conocer la propuesta legislativa de Augusto Reyes Cam, diputado de la bancada del partido comunista Perú Libre por el departamento de Huánuco para nacionalizar la radiodifusión, la difusión por aire y cable, además de los medios digitales.

El proyecto de Ley 269/2021-CR buscar “declarar de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación, u la transmisión en el territorio nacional“. 

La declaración de necesidad pública le permitiría al Poder Ejecutivo echar mano en estos sectores y operarlos como si estuvieran prácticamente nacionalizados. La ley además le otorgaría al Estado obligaciones tales como garantizar proyectos descentralizados de medios de comunicación, fomentar la mayor cantidad de emisoras de radio y televisión posibles a través de creación de nuevos medios estatales, generar condiciones necesarias para garantizar que todas las comunidades puedan desarrollar sus propias iniciativas de comunicación, incentivar la inversión en la producción nacional, entre otras. 

El enfoque del proyecto se centra en un favorecimiento de televisoras y radios alejadas de la capital, una consecuencia directa al apoyo que tiene el gobierno en las provincias. Perú Libre ha centrado sus esfuerzos en políticas separatistas que buscan la confrontación entre capital e interior.

Por ejemplo, el primer ministro Guido Bellido solo ha querido responder las preguntas de los periodistas en el idioma quechua. Esta política generará problemas a largo plazo; y promueve tensiones innecesarias entre compatriotas.

Lo más preocupante es el artículo 4 de la ley, que contempla que en caso de que el Ejecutivo declare en emergencia el sector, con carácter excepcional y transitorio, podrá asumir de manera temporal la prestación directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de telecomunicaciones. Este dispositivo puede entrañar una seria amenaza a la libertad de expresión.

La prensa en Perú lleva unos días mucho más agitados de los que creería. La prensa peruana siempre ha apoyado, de manera desvergonzada, a la izquierda progresista en Perú. A cambio, diversos gobiernos les devolvían miles de millones de soles a través de publicidad estatal.

Esto llegó a un punto de quiebre cuando la prensa engañó a miles de jóvenes para que ataquen violentamente a la policía y con ello se provoque la caída del presidente constitucional Manuel Merino, en 2020. La prensa solicitaba que se declare presidente a cualquier representante del Partido Morado y llegó hasta a difundir que la policía estaba realizando desapariciones forzadas de jóvenes, falsedad que desesperó a muchas familias. 

Luego de ello, con la creciente desconfianza en la prensa y con el cambio de directorio en el grupo más importante de medios de comunicación, Grupo El Comercio, la prensa comenzó a ser menos parcializada, en especial debido al ascenso del comunismo en Perú, lo cual ni siquiera los medios más de izquierda apoyaron.

Es a raíz de este ligero alejamiento de la prensa y la izquierda que Pedro Castillo y su partido comenzó con ataques a la prensa. Además de usar el quechua para humillar a periodistas diciendo insultos que no entienden; hubo múltiples actos de violencia contra periodistas de militantes comunistas. 

El programa Beto a Saber, mediante su reportaje “Ayayeros Tv”, ha revelado que se realizarían inversiones multimillonarias en medios regionales ajenos a la capital para que sean favorables al gobierno.

Según Beto a Saber, Nacional TV sería un gran medio de comunicación que solo se dedicaría a defender al partido Perú Libre. Además, se revelaron audios de Bellido en los que refiere que “(…) hay un profundo agradecimiento respecto a todos nuestros hermanos de la prensa regional. El tema de la prensa, los fondos que van a ser asignados para el trabajo de la prensa tienen que ser descentralizados (…)”. Con estos audios se puede entender mejor el contexto de la prensa en el nuevo Perú dominado por el comunismo y la intención del proyecto de ley mencionado.

Por Miguel Morocho Yucra, para La Derecha Diario.