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Perú

El primer mes del nuevo presidente izquierdista Francisco Sagasti estuvo repleto de crisis y conflictos con la policía y el sector agrario

El nuevo Presidente del Perú, Francisco Sagasti, no lleva ni un mes en el cargo y ya generó las peores crisis del año, cuando trató de intervenir la Policía Nacional y cuando ordenó la represión de protestas del sector agrario.

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En tan solo unas semanas al frente de la Presidencia, luego de ser designado interinamente por el Congreso, el nuevo mandatario de Perú, Francisco Sagasti, ya atravesó una serie de crisis que demostraron el nivel de incompetencia del nuevo gobierno de izquierda que llegó al poder luego de que removiera al Manuel Merino de la casa de gobierno.

En menos de un mes, Sagasti manipuló la institucionalidad de la Policía Nacional y trató de intervenirla, forzando la salida de un miembro clave de su gobierno, mientras tuvo un levantamiento agrario que terminó reprimiendo con ferocidad, al silencio de la prensa de izquierda.

Crisis Policial

El 24 de noviembre, Sagasti colocó como Comandante General de la Policía a César Cervantes Cárdenas; quien venía siendo ascendido a general de forma irregular en la época del ministro Carlos Basombrío, de corte progresista. El problema surge porque la ley indica que el Presidente nombra como Comandante General a uno de los 3 primeros generales en el escalafón; y al elegir a uno de ellos, los que estén antes en el escalafón tienen que pasar a situación de retiro. Cervantes era el número 18, vale decir, y al elegirlo hizo retirar a 18 generales de la Policía Nacional. 

Comandante General César Augusto Cervantes Cárdenas.

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Por esta acción no solo se dejó sin comando a muchas regiones policiales de un día para el otro, sino que otros generales también presentaron sus renuncias por semejante atropello a sus colegas, muchos de los cuales habían tenido treinta o más años de carrera en la Policía Nacional. 

Sagasti se defendió diciendo que debía hacer una renovación extraordinaria en las Fuerzas por la supuesta represión policial durante la semana de protestas contra el entonces presidente Merino a principios de noviembre, en la que dos jóvenes murieron en circunstancias poco claras, donde todo indica que fue por fuego de sus propios compañeros protestantes en medio del caos.

Por esta medida, todos los ojos se pusieron en el Ministro del Interior, Rubén Vargas, quien había sido Viceministro de Basombrío y cercano a Cárdenas, y se cree que vino de su parte la recomendación.

Ante el silencio mediático que apoya a Sagasti, varios policías tomaron cartas en el asunto e investigaron por su propia cuenta al Ministro. Éstos presentaron en una cadena de radio partidas de nacimiento de Vargas que demuestran que Zenón “El Zorro” Vargas es su medio hermano. Este medio hermano es alto cabecilla de la organización terrorista comunista Sendero Luminoso y había sido mano derecha del sanguinario Abimael Guzmán. 

Apenas conocida esta noticia el ministro Vargas renunció a su cargo y se convirtió en la primera baja del nuevo gabinete progresista que había armado Sagasti. Como se esperaba, los medios de comunicación masivos solo comunicaron la salida del Ministro, pero ocultaron todo lo que pudieron la información de su hermano. 

Zenón “El Zorro” Vargas, hermano del ahora ex ministro Rubén Vargas.

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Crisis Agraria

El pasado 30 de noviembre, sorpresivamente, grupos de trabajadores agrarios de la Región Ica, al sur de Lima, bloquearon la carretera Panamericana Sur luego de haber destruido instalaciones de las empresas agrarias. 

La respuesta del gobierno fue prohibir la acción policial que quería reestablecer el orden. Los trabajadores solicitaban la eliminación de la Ley de Promoción Agraria, que fue promovida en la época fujimorista y favorece la producción agraria dde las empresas privadas. 

Si bien la Ley logró todos sus objetivos de incrementar la producción y las exportaciones, y redujo la informalidad y la evasión fiscal; los trabajadores aseguran que sus sueldos decayeron mucho desde la introducción de estas normas y ahora exigen que se aumente el jornal base de 39,5 nuevos soles a 50 nuevos soles (que sería de 11 dólares a 14). 

Panamericana Sur.

El 2 de diciembre, se sumaron a los bloqueos agrarios manifestantes en el norte del país, que terminaron bloqueando la carretera Panamericana Norte. 

Las protestas se intensificaron cuando entre el caos hubo un agricultor fallecido, de nombre Jorge Muñoz Jiménez que tenía sólo 19 años

El 4 de diciembre se sumaron mineros a bloquear la carretera central y, mientras había unas manifestaciones en la capital, falleció otro joven en las protestas de Virú, Denis Fernández González, de 23 años. Este último joven fue atropellado.

Carretera central.

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Ante esta situación, en vez de controlar el caos con las fuerzas del orden o sentarse a negociar una mejora de la Ley, la respuesta de Sagasti fue la derogación total de la Ley Agraria en el Congreso.

Finalmente, cuando Sagasti se dio cuenta que las manifestaciones no se calmaban y al ver que Lima quedaba bloqueada por el norte, centro y sur, se vio en la necesidad de ordenar la respuesta policial. A las pocas horas se pudo reabrir las carreteras, pero lo más interesante de todo esto fue la respuesta de la prensa corporativa. 

La Ley de Promoción Agraria había sido prorrogada por 10 años por el ex presidente Martín Vizcarra, e incluso había sido favorecida por el actual partido oficialista, el Partido Morado, un partido ultra-progresista que cada vez se sitúa más cerca de la extrema izquierda. 

Mientras los protestantes culpaban al Congreso de haber aprobado esta Ley, la prensa nuevamente mostraba su faceta de activismo política. En la semana de gobierno de Merino, la prensa en general clamaba por la salida de Merino a quien acusaban de asesino debido al fallecimiento de los manifestantes Bryan Pintado e Inti Sotelo. A la policía, durante el gobierno Merino, se le acusó de desapariciones forzadas y de atacar con armas de fuego a los civiles. También, la izquierda catalogó de héroes de la democracia a estos dos jóvenes.

Ahora, en medio de este conflicto, la prensa tocó tangencialmente el asesinato de estos dos jóvenes agricultores en pleno gobierno de Sagasti.

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Varios usuarios de Twitter mostraron las opuestas reacciones de los izquierdistas por las muertes del gobierno de Merino y las del gobierno de Sagasti. Muchos en las redes también han reclamado que a estos jóvenes no fueron declarados como héroes por la prensa izquierdista porque eran trabajadores; mientras que los fallecidos en la capital, uno había sido detenido por tráfico ilícito de drogas y el otro había sido sentenciado por hurto.

El 3 de diciembre, ya con el nuevo Ministro del Interior, Fernando Aliaga (quien también fue despedido esta semana), y con la muerte de uno de los dos jóvenes trabajadores (el otro falleció el 4), el Congreso le dio la confianza al gabinete de ministros dirigido por la feminista Violeta Bermúdez Valdivia. 

Este gabinete es de extrema izquierda en lo social y cultural, casi todos con ideologías revolucionarias, feministas, abortistas, indigenistas y de género, y marcan el nuevo rumbo que toma Perú, un país con profundas raíces conservadoras.

En abril del 2021 habrán elecciones presidenciales, y si bien todavía no hay candidatos que sobresalgan del resto, el gobierno de Sagasti está acumulando poder y el izquierdista Partido Morado cada vez crece más.

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Perú

Luego de desembarcar en México, VOX se reunió con Keiko Fujimori y extiende su fuerza en Hispanoamérica

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Luego de la criticada reunión de Abascal con senadores del PAN, tres altos dirigentes se reunieron con la ex candidata presidencial peruana y actual líder de la oposición para que firme la Carta de Madrid.

El partido de derecha español VOX busca extender su presencia en Hispanoamérica. Tras el reciente viaje de Santiago Abascal a México, los miembros del partido continúan extendiendo su cruzada anticomunista en la región.

Esta semana fue el turno de Perú, donde aterrizaron el europarlamentario de VOX Hermann Tertsch y el diputado y vicepresidente de la formación, Víctor González, acompañados por Jorge Martín Frías, el director de la Fundación Disenso, el think tank que sustenta los postulados de Vox.

Allí se reunieron con diputados de los partidos peruanos de derecha Renovación Popular (López Aliaga), Avanza País (Hernando de Soto) y Fuerza Popular (Keiko Fujimori), quienes firmaron la Carta de Madrid, el documento fundacional del Foro Madrid, que busca ser la contracara del Foro de Sao Paulo.

El manifiesto cuenta ya con las adhesiones del candidato presidencial derechista chileno José Antonio Kast, del diputado e hijo del presidente brasileño Eduardo Bolsonaro, y del ex presidente colombiano Álvaro Uribe, a quien visitaron en Colombia los tres dirigentes españoles antes de pisar Lima.

A comienzos de septiembre Abascal llevó esa misma carta a México y sacudió el tablero político. La gran mayoría de los senadores del PAN recibieron con sonrisas y abrazos al Presidente de VOX y firmaron la carta. Sin embargo, la dirigencia del partido, mucho más de izquierda y cómplices con el gobierno socialista, hicieron que los congresistas borraran la foto de Twitter de la reunión y negaran cualquier afiliación con la formación española.

Con el mismo espíritu pero con mejores resultados, Tertsch, González y Frías sumaron el apoyo de las más importantes formaciones peruanas que luchan contra el gobierno comunista de Pedro Castillo, y que hasta último momento desconocieron su triunfo electoral.

Dos de los los congresistas que firmaron la Carta, Jorge Montoya y José Cueto, fueron los que lideraron la batalla judicial por el fraude electoral de Perú Libre que anuló actas y permitió que Castillo ganara por escasos votos el ballotage. Hoy en día, son perseguidos políticamente por la Fiscalía peruana.

Montoya y Cueto forman parte de Renovación Popular, que tiene de líder a Rafael López Aliaga, un empresario de derecha que en sus actos pide “muerte al comunismo y a Castillo”, y que apodaron como el “Trump peruano” en las pasadas elecciones presidenciales, donde quedó en tercer lugar y por escaso margen no entró al ballotage.

La gira peruana terminó con una reunión clave entre Tertsch, González, Frías y Keiko Fujimori, quien a esta altura se ha convertido en la líder de la oposición al gobierno de Castillo, y muchos temen que la nueva administración la use de chivo expiatorio con causas judiciales inventadas como hizo Evo Morales en Bolivia con Jeanine Añez.

“Compartimos nuestra preocupación sobre el avance del comunismo y reafirmamos nuestro compromiso en defensa de la libertad y democracia”, expresó la ex candidata.

La misión de los tres hombres consistió en unir a la derecha peruana y exhibir músculo en un país que VOX considera invadido por el comunismo. Tal como lo hizo en México para marcarle territorio a López Obrador, otro enemigo de la derecha mundial.

Con todo, Perú ofrece a VOX un considerable poder simbólico. Castillo, al igual que López Obrador, cuestionó los efectos de la conquista y la colonización española, una transgresión imperdonable desde la óptica del grupo de Abascal, que justamente reivindica ese periodo de la historia y asegura que sin la llegada de los españoles, el continente americano nunca hubiera prosperado.

Los dirigentes de VOX también recibieron el respaldo de Erasmo Wong, dueño del canal de televisión Willax, ferviente opositor a Castillo y una de las pocas voces de derecha que queda en los medios peruanos.

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Perú

El gobierno comunista de Perú busca nacionalizar el yacimiento de gas de Camisea

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Castillo y Bellido tienen los ojos puestos en el yacimiento de gas más importante del país, responsable de producir el 40% de la energía eléctrica del país y dejar una producción equivalente al 0,5% del PBI.

El primer ministro de Perú, el comunista Guido Bellido, amenazó este domingo con nacionalizar el yacimiento de gas de Camisea si el consorcio formado por la argentina Pluspetrol, la española Repsol y la estadounidense Hunt Oil, entre otras empresas, se niega a “renegociar” el reparto de beneficios dándole más regalías al Estado.

En un mensaje publicado en Twitter, Bellido aseguró que el Gobierno está convocando al consorcio para que acepte entregar una cuota mayor al Estado de las ganancias obtenidas por la venta del gas de uno de los mayores yacimientos de Latinoamérica.

“Caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, publicó Bellido, cumpliendo con sus promesas de campaña.

Esta es una total violación de los derechos de propiedad de las empresas, ya que hay un contrato vigente que determina las repartijas de utilidades con el Estado. También hay un momento para renegociar este reparto, y es cuando vence el actual contrato y se debe firmar uno nuevo. El plazo de concesión de 15 años venció en 2019, y ese año fue extendido 5 años más, por lo que hasta 2024 el contrato no puede ser renegociado.

Dentro del consorcio de Camisea, Pluspetrol es el socio mayoritario con 27,3% de participación, seguido de la estadounidense Hunt Oil (25,1%), la coreana SK Innovatión (17,6%), la española Repsol (10%), la argentina Tecpetrol (10%), y la argelina Sonatrach (10%).

Sin embargo, desde 2019 está bloqueada la compra de la participación de SK Innovatión por parte de Pluspetrol al exigir el Estado peruano la firma de una cláusula anticorrupción que obligaba al comprador a desprenderse de sus derechos sobre el yacimiento en caso de que en adelante se hallara algún caso de corrupción en Camisea.

Pluspetrol se encarga desde 2004 de realizar las actividades de exploración y explotación de las reservas de gas natural en los bloques 56 y 88 de Camisea y su posterior procesamiento en la planta de fraccionamiento de Malvinas, ubicada a orillas del río Urubamba, donde se separan los líquidos y el gas seco.

De esta forma, Camisea procesa 92% de la producción fiscalizada de gas natural de Perú y su gas permite generar más del 40% de la energía eléctrica consumida a nivel nacional. Durante sus primeros 15 años de operaciones, Camisea facturó 30.000 millones de dólares tras una inversión de 5.000 millones de dólares y generó regalías para el Estado peruano por valor de 8.000 millones de dólares, lo que equivale al 0,5 % del Producto Interior Bruto (PIB) del país.

Una caja así en manos de Pedro Castillo podría ser la mina de oro que el gobierno comunista peruano estaba buscando para financiar sus políticas públicas. De todos modos, una nacionalización de Camisea tendría resultados desastrosos para Perú, y el país podría entrar en el largo plazo en una severa crisis energética como Cuba o Venezuela.

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Perú

Pedro Castillo busca declarar a los medios “necesidad pública” y avanza sobre la libertad de prensa

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Desde el Congreso la bancada de Perú Libre promueve un proyecto de ley para controlar los medios de comunicación nacionales y promover los medios

En la última semana se dio a conocer la propuesta legislativa de Augusto Reyes Cam, diputado de la bancada del partido comunista Perú Libre por el departamento de Huánuco para nacionalizar la radiodifusión, la difusión por aire y cable, además de los medios digitales.

El proyecto de Ley 269/2021-CR buscar “declarar de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación, u la transmisión en el territorio nacional“. 

La declaración de necesidad pública le permitiría al Poder Ejecutivo echar mano en estos sectores y operarlos como si estuvieran prácticamente nacionalizados. La ley además le otorgaría al Estado obligaciones tales como garantizar proyectos descentralizados de medios de comunicación, fomentar la mayor cantidad de emisoras de radio y televisión posibles a través de creación de nuevos medios estatales, generar condiciones necesarias para garantizar que todas las comunidades puedan desarrollar sus propias iniciativas de comunicación, incentivar la inversión en la producción nacional, entre otras. 

El enfoque del proyecto se centra en un favorecimiento de televisoras y radios alejadas de la capital, una consecuencia directa al apoyo que tiene el gobierno en las provincias. Perú Libre ha centrado sus esfuerzos en políticas separatistas que buscan la confrontación entre capital e interior.

Por ejemplo, el primer ministro Guido Bellido solo ha querido responder las preguntas de los periodistas en el idioma quechua. Esta política generará problemas a largo plazo; y promueve tensiones innecesarias entre compatriotas.

Lo más preocupante es el artículo 4 de la ley, que contempla que en caso de que el Ejecutivo declare en emergencia el sector, con carácter excepcional y transitorio, podrá asumir de manera temporal la prestación directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de telecomunicaciones. Este dispositivo puede entrañar una seria amenaza a la libertad de expresión.

Guido Bellido, mientras se dirige hoy ante el Congreso, en Lima (Perú). EFE/Agencia Andina

La prensa en Perú lleva unos días mucho más agitados de los que creería. La prensa peruana siempre ha apoyado, de manera desvergonzada, a la izquierda progresista en Perú. A cambio, diversos gobiernos les devolvían miles de millones de soles a través de publicidad estatal.

Esto llegó a un punto de quiebre cuando la prensa engañó a miles de jóvenes para que ataquen violentamente a la policía y con ello se provoque la caída del presidente constitucional Manuel Merino, en 2020. La prensa solicitaba que se declare presidente a cualquier representante del Partido Morado y llegó hasta a difundir que la policía estaba realizando desapariciones forzadas de jóvenes, falsedad que desesperó a muchas familias. 

Luego de ello, con la creciente desconfianza en la prensa y con el cambio de directorio en el grupo más importante de medios de comunicación, Grupo El Comercio, la prensa comenzó a ser menos parcializada, en especial debido al ascenso del comunismo en Perú, lo cual ni siquiera los medios más de izquierda apoyaron.

Es a raíz de este ligero alejamiento de la prensa y la izquierda que Pedro Castillo y su partido comenzó con ataques a la prensa. Además de usar el quechua para humillar a periodistas diciendo insultos que no entienden; hubo múltiples actos de violencia contra periodistas de militantes comunistas. 

El programa Beto a Saber, mediante su reportaje “Ayayeros Tv”, ha revelado que se realizarían inversiones multimillonarias en medios regionales ajenos a la capital para que sean favorables al gobierno.

Según Beto a Saber, Nacional TV sería un gran medio de comunicación que solo se dedicaría a defender al partido Perú Libre. Además, se revelaron audios de Bellido en los que refiere que “(…) hay un profundo agradecimiento respecto a todos nuestros hermanos de la prensa regional. El tema de la prensa, los fondos que van a ser asignados para el trabajo de la prensa tienen que ser descentralizados (…)”. Con estos audios se puede entender mejor el contexto de la prensa en el nuevo Perú dominado por el comunismo y la intención del proyecto de ley mencionado.


Por Miguel Morocho Yucra, para La Derecha Diario.

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