López Obrador y su partido presentarán un proyecto para impedir que las redes sociales censuren el derecho a la libertad de expresión en México
El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentaran una iniciativa en el Congreso para regular las redes sociales en el país, luego de la censura que sufrió Donald Trump en Facebook y Twitter.
Este domingo, el senador oficialista Ricardo Monreal Ávila, anunció que presentará una iniciativa para regular las redes sociales en México, semanas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunciara en conferencia de prensa que promovería una iniciativa similar a nivel internacional.
Mediante un video publicado a través de su cuenta de Twitter, Monreal Ávila, quien además es coordinador del partido oficialista Morena en el Senado, señaló que para los legisladores “es inevitable hablar sobre las redes sociales para garantizar la libertad de expresión y el cumplimiento de las obligaciones constitucionales”.
El Senador aseguró que la única forma correcta y democrática de proteger el derecho a la libertad de expresión en el ciberespacio “es por la vía legislativa”, por lo que “debe de ser por medio de la deliberación y aprobación soberana dónde se establezcan los límites de actuación de las empresas privadas dueñas de las redes sociales”.
También, expresó que las redes sociales son un recurso democrático a disposición de la población, por lo que resulta inevitable que la manifestación de las ideas a través de estas herramientas tecnológicas sean reguladas de manera clara, con el fin de proteger los principios democráticos y los derechos humanos correspondientes.
“La libertad de expresión en las redes sociales debe de ser tutelada mediante principios establecidos en las leyes, no como obstáculo sino como herramienta para ser potencializados”, manifestó Monreal.
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Un día después de anunciar esta iniciativa, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se mostró a favor de la regulación a las redes sociales, y solicitó al senador Monreal brindarle más detalles sobre su propuesta, con el objetivo de analizar su posible impacto a futuro.
Además, Sánchez anunció durante la habitual conferencia de prensa matutina que la Secretaría de Gobernación ya está estudiando la posibilidad de regular empresas como Twitter y Facebook, a través de la Unidad de Normatividad de Medios. Gran parte de este análisis involucra averiguar cual es la regulación que se está realizando en el mundo, y la que se ha realizado, entre otras cosas, para que México pueda tomar una decisión.
“Lo que se está estudiando es la posibilidad, o no, de avanzar en la regulación de las redes sociales, por medio de un análisis comparativo para saber cómo están siendo reguladas en otros países y cómo podemos o no avanzar en algún tipo, cómo podemos avanzar o no en algún tipo regulación (…) ya tenemos un equipo de colaboradores para analizar el contexto a nivel mundial”, manifestó.
A criterio de la funcionaria, es importante tener una regulación para primero defender la libertad de expresión en todos los sentidos y al mismo tiempo garantizar los derechos de terceros al ejercer esa libertad. “Ningún derecho humano es absoluto porque tienen restricciones cuando se afecta a otra persona o la paz social”.
Aunque el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no ha sido censurado en redes sociales, algunos aliados del mandatario han sido afectados, en medio de numerosos ataques de estas plataformas a la libertad de expresión, por lo que se espera que el proyecto de ley se agilice a fin de evitar mayores ataques en el futuro.
Todos los jueces del máximo tribunal del país se han unido para fallar en favor de la despenalización del aborto en el Estado de Coahuila, lo cual sienta las bases para que se haga lo mismo en todo el país.
La Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) de México ha despenalizado el aborto este martes 7 de septiembre tras una decisión histórica votada por unanimidad de los jueces en pleno.
Los 11 jueces del pleno invalidaron el artículo del código penal del Estado de Coahuila que impone de uno a tres años de cárcel “a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento”, sentando la jurisprudencia para que cualquier otro Estado haga lo mismo.
“A partir de ahora no se podrá procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos considerados por este tribunal”, dijo el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar. Se trata, añadió, de una “nueva ruta de libertad, claridad, dignidad y respeto y un gran paso en la lucha histórica por la igualdad y el ejercicio de sus derechos”.
La justicia mexicana abre así un camino expedito para la interrupción voluntaria del embarazo, tan solo un año después de fallar en contra de una medida similar en el Estado de Veracruz, dando un fuerte indicio de que hubo presiones en los últimos meses para que no volviera a ocurrir.
En México, el aborto no es un tema de índole federal, y cada Estado tiene la potestad de decidir sus leyes al respecto. Como consecuencia, en todo el país solo cuatro de los 32 distritos permiten el aborto hasta las 12 semanas, México D.F., Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Hasta la fecha, las legislaturas de cada Estado debían decidir si en su territorio el aborto esta prohibido o no, pero con esta decisión, ahora el aborto queda despenalizado en todo el territorio federal.
Las mujeres “y personas gestantes”, como se han referido a ellas constantemente los jueces en sus votos, ya no podrán ser castigadas penalmente en ningún momento por abortar en México. “El Tribunal demuestra así, con hechos y sentencias, que su único compromiso es con la Constitución y con los Derechos Humanos”, ha dicho Zaldívar.
La Corte Suprema, compuesta por miembros de la élite de la sociedad mexicana, ha demostrado esta vez su enorme desconexión con la opinión popular sobre estos temas sociales.
Arturo Zaldívar, presidente de la Corte, principal responsable de despenalizar el aborto en México.
15 senadores del opositor Partido de Acción Nacional (PAN) firmaron la Carta de Madrid y anunciaron su apoyo al grupo internacional que está lanzando VOX para contrarrestar el Foro de São Paulo .
El líder del partido español de derecha VOX, Santiago Abascal, se encuentra en México para conseguir el apoyo en su batalla internacional contra la izquierda hispanoamericana y del que forman parte, entre otros, el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, la ministra Irene Montero, los criminales Lula da Silva, Rafael Correa y Evo Morales.
Abascal fe un invitado de honor en el Senado de México, donde presentó su Carta de Madrid ante el senador Julen Rementería, coordinador del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional (PAN), que dentro de la alianza Va por México junto al PRI lograron quitarle la super-mayoría al partido izquierdista Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Foro de Madrid aspira a convertirse en una respuesta al Foro de São Paulo y a su versión renovada, el Grupo de Puebla, una coalición de partidos fundada en 1990 por Fidel Castro y Lula da Silva que, según explica VOX, “ha sido determinante para el auge de la extrema izquierda en Iberoamérica”.
Muy contentos con la propuesta de Abascal, una importante facción de senadores del PAN accedió a firmar la Carta de Madrid, entre ellos Julen Rementería, Alejandra Reynoso, Martha Márquez, Lilly Téllez y Roberto Moya; además de los diputados de este mismo partido América Rangel y Raúl Torres; así como el diputado del PRI y vice coordinador del grupo Manuel Añorve Baños.
En total, de los 25 senadores del PAN, 15 han apoyado la iniciativa de VOX, marcando un importante bloque mayoritario de derecha.
Hoy firmé la Carta de Madrid con Santiago Abascal en el Senado de la República.
Son ya más de 8.000 las firmas de adhesión a esta iniciativa, entre los destacados está la presidente de Fratelli d’Italia, Georgia Meloni, que lidera las encuestas en su país; la francesa Marion Meréchal, que se mantiene como la voz de derecha liberal dentro del partido de Le Pen, su tía; disidentes cubanos, como Zoé Valdés, y opositores venezolanos como Antonio Ledezma. Además, el precandidato a diputado argentino Javier Milei y el diputado del PRO, Francisco Sánchez.
El Foro de Madrid también cuenta con el apoyo del gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador, donde el ministro de Defensa, Fernando Donoso, y el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner firmaron su adherencia.
La Carta de Madrid dice: “Una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países. Todos ellos, bajo el paraguas del régimen cubano e iniciativas como el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, que se infiltran en los centros de poder para imponer su agenda ideológica“.
“El avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas. El Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada son elementos esenciales que garantizan el buen funcionamiento de nuestras sociedades, por lo que deben ser especialmente protegidos frente a aquellos que tratan de socavarlos”.
“El futuro de los países de la Iberosfera ha de estar basado en el respeto a la democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia“, apuntan los firmantes.
Para que sea vinculante necesitaba que votara por lo menos el 40% del padrón electoral, pero ni sus simpatizantes se sumaron a participar de la consulta popular.
Este domingo se celebró un referéndum nacional en México pedido personalmente por el presidente socialista Andrés Manuel López Obrador, donde se le consultaba a la población si querían que se realiza una investigación extrajudicial a cinco ex presidentes acusados de corrupción.
Si bien el resultado terminó muy a favor de la propuesta, con entre el 89,36% y 96,28% del voto a favor, contó con una participación bajísima, de alrededor del 7,07% del padrón electoral, muy lejos del 40% necesario para que tenga validez legal.
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que de los 93,6 millones mexicanos convocados a las urnas, solo 6,6 millones se presentaron a votar, lo que implica un rotundo fracaso del presidente e indica que ni siquiera sus simpatizantes lo acompañaron en esta propuesta.
Hace menos de dos meses, el 6 de junio de este año, México tuvo elecciones legislativas en todo el país, donde Morena, el partido de López Obrador, consiguió 16,8 millones de votos. Los cuales ya habían significado una caída, respecto a los más de 30 millones de votos que obtuvo en las elecciones presidenciales del 2018.
Para que el referéndum fuera vinculante se requerían los votos de 37,4 millones de personas, o el 40% del padrón electoral. De todos modos, la votación no era vinculante y el máximo mandatario todavía puede pedirle a la Fiscalía que actúe, pues en México los ex gobernantes pueden ser juzgados como cualquier ciudadano ya que pierden el fuero al dejar el poder. Eso sí, no tendrá el respaldo popular para hacerlo.
Para la realización de la fracasada consulta popular, López Obrador se gastó alrededor de 500 millones de pesos mexicanos (25 millones de dólares) del erario público, y otros varios millones en la campaña del “Sí”, con masivas tendencias en redes sociales promovidas artificialmente por empresas de marketing.
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