En la nueva Constitución que está diagramando Bukele, donde busca extender los mandatos presidenciales, no habrá reformas sociales de tendencia progresista.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió el miércoles pasado el proyecto de reforma constitucional, elaborado bajo el liderazgo del vicepresidente, Félix Ulloa. Entre otras cosas, la propuesta amplía el mandato presidencial de cinco a seis años -a partir de 2027- pero instaura la posibilidad de revocarlo desde la sociedad civil con un referéndum.

El proyecto gubernamental propone la modificación de 215 de los 274 artículos de la Constitución, entre reformas puntuales, nuevo contenido y mejora en la redacción.

La oposición promovió una noticia falsa de que la reforma incluiría la legalización del aborto, del matrimonio igualitario y la eutanasia, como herramienta para convencer a la sociedad de no apoyarla.

Bukele respondió de manera contundente, desmintiendo la noticia: “He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer), o con la eutanasia”, precisó el viernes el mandatario en sus redes sociales.

“La oposición le tiene tanto miedo a una reforma constitucional que desmonte el sistema de privilegios del que siempre han gozado, que se han encargado de esparcir rumores y una campaña sucia de que la intención es ‘aprobar el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia’”, aseguró.

“Nada más alejado de la realidad. Ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que no propondría ninguna de esas cosas, por más presiones internacionales que tenga”, concluyó.

En El Salvador, el artículo 133 del Código Penal establece una pena de 2 a 8 años de cárcel por aborto. Sin embargo fiscales y jueces tipifican los casos de aborto o incluso la pérdida de un bebé como “homicidio agravado”, un delito penado con 30 a 50 años de prisión.

Bukele no tendría problemas en aprobar la nueva Constitución, ya que desde que su partido Nuevas Ideas obtuvo el 67% de los votos, tiene la mayoría absoluta propia (dos tercios) en la Asamblea Legislativa.

Estados Unidos sancionó a los jueces de la Corte Suprema nombrados por Bukele en El Salvador y a la fiscal general de Guatemala, mientras hace vista ciega a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua.

A pesar de que Joe Biden se niega a sancionar a brutales dictadores como Maduro en Venezuela, Díaz Canel en Cuba o Ortega en Nicaragua, ahora ha ordenado ponerles multas económicas a los cinco jueces que nombró Nayib Bukele en la Corte Suprema de El Salvador y a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras.

La Casa Blanca los acusa de “socavar la democracia en los países centroamericanos” y de “no hacer lo suficiente para luchar contra la corrupción”. A parte de las sanciones económicas, los integrantes de esta lista no podrán obtener visa para viajar a Estados Unidos ni ingresar al país, ni siquiera en viajes oficiales de Estado.

“Estados Unidos se ha comprometido a apoyar a los pueblos del norte de Centroamérica fortaleciendo la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas, que son las claves para un futuro mejor. Para avanzar en esta prioridad, hoy estamos añadiendo siete autores a la lista de Actores Antidemocráticos y Corruptos de Estados Unidos, bajo la sección 353 de la Ley de Compromiso Reforzado entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte, que generalmente hace que los autores no sean elegibles para visas y admisión en Estados Unidos. Estas designaciones responden a acciones recientes que socavaron la democracia y obstruyeron las investigaciones de corrupción en El Salvador y Guatemala”, informó la Secretaría de Estado en un comunicado.

En el caso de El Salvador, “Elsy Dueñas De Aviles, Oscar Alberto López Jerez, Hector Nahun Martinez Garcia, Jose Angel Perez Chacon, y Luis Javier Suárez Magaña, actuales Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, socavaron los procesos democráticos o las instituciones al aceptar nombramientos directos a la Sala por parte de la Asamblea Legislativa, en un proceso que parece haber contravenido la constitución salvadoreña”.

Esto demuestra la enorme hipocresía de Biden, que elige como enemigos de su gobierno a Nayib Bukele y a Alejandro Giammattei, presidentes de El Salvador y Guatemala, y no a un brutal y sanguinario dictador como Daniel Ortega, quien en Nicaragua arrestó a toda la oposición y se presentará solo a las próximas elecciones.

La Cancillería de Estados Unidos detalló que los jueces salvadoreños y la fiscal guatemalteca “realizan ataques a la democracia y a las medidas anticorrupción” y por eso los sancionaron. ¿Atacan a la democracia más que Ortega o el castrismo?

Cómo fue la designación de los jueces de la Corte en El Salvador

Bukele ganó las elecciones de medio término con más del 70% del voto popular, incluso con fraude en su contra y con todos los tribunales constitucionales y electorales controlados por la oposición. Algo más democrático que eso no hay.

Con mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, el partido de Bukele, Nuevas Ideas, removió a los cinco magistrados de Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) siguiendo paso a paso cómo lo determina la Constitución.

Así, valiéndose de los dos tercios de la Asamblea, Bukele designó los cinco jueces reemplazantes que hoy se sientan en el máximo tribunal y que están siendo sancionados por Estados Unidos solamente por ser aliados de Nayib.

Los jueces destituidos, con 64 votos a favor, 19 en contra y uno ausente, eran todos aliados de los partidos ARENA y FMLN, el establishment político de El Salvador que se venían alternando los gobiernos en el país hace décadas.

Ambos partidos habían organizado el sistema político para que sea casi imposible que llegue una nueva formación política al gobierno, y mantenían altos índices de corrupción, con complicidad del narcotráfico y bandas como los maras. Pero eso nunca generó problemas en el gobierno demócrata de Barack Obama, que lo tenía a Joe Biden como vice.

El caso de Guatemala

En Guatemala, la Secretaría de Estado señaló que “María Consuelo Porras Argueta De Porres, actual Fiscal General de Guatemala, obstruyó las investigaciones sobre actos de corrupción al interferir en las investigaciones penales”.

“El patrón de obstrucción de Porras incluyó ordenar a los fiscales del Ministerio Público (MP) de Guatemala que ignoraran los casos basándose en consideraciones políticas y socavar activamente las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, incluso despidiendo a su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, y transfiriendo y despidiendo a los fiscales que investigan la corrupción. Ángel Arnoldo Pineda Ávila, actual secretario general del MP, obstruyó las investigaciones sobre actos de corrupción al interferir en las investigaciones anticorrupción. El MP ha abierto una investigación sobre las acusaciones de que Pineda interfirió en una investigación anticorrupción. Se alega que Pineda informó a los objetivos de la investigación sobre los casos que se estaban construyendo contra ellos”, agregó el Departamento de Estado de Biden.

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, nombró a Rafael Curruchiche tras destituir al anterior fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval. Tras ser removido el 23 de julio, Sandoval dijo que encontró muchos obstáculos en su labor, y que se le pidió no investigar al presidente Alejandro Giammattei, sin el consentimiento de Porras.

Finalmente, la Cancillería norteamericana conducida por el izquierdista Anthony Blinken concluyó que “Estados Unidos continuará utilizando las herramientas a nuestra disposición para promover la rendición de cuentas por los ataques a las aspiraciones democráticas del pueblo de Centroamérica. Seguiremos colaborando con los funcionarios del gobierno que muestren una dedicación a la lucha contra la corrupción y al fortalecimiento de la gobernanza democrática, incluso como parte de una política general de abordar las causas fundamentales de la migración irregular. Y seguiremos apoyando a los pueblos de El Salvador y Guatemala en su esfuerzo por contribuir y beneficiarse de las instituciones democráticas, generar oportunidades económicas equitativas y crear el futuro que desean para ellos y sus familias”.

El mandatario del FMLN socio del castrochavismo, deberá comparecer ante la justicia por las múltiples causas de corrupción que pesan en su contra, desde malversación de fondos hasta lavado de dinero.

La Fiscalía General de El Salvador emitió una orden de captura contra el ex mandatario sandinista Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) por su participación en la malversación de 351 millones de dólares cuando fue vicepresidente del Gobierno de su antecesor, Mauricio Funes.

Sánchez Cerén recibió pagos irregulares de fondos estatales por 530.000 dólares fuera de su salario establecido todos los meses durante su mandato, según informó el fiscal general Rodolfo Delgado.

El ex presidente del izquierdista FMLN no se encuentra actualmente en El Salvador, por lo que la Fiscalía pidió la difusión roja para que se activen todos los mecánicos de rastreo y búsqueda de la Interpol.

“El ex Presidente Salvador Sánchez Cerén es oficialmente un prófugo de la justicia“, aseveró el actual presidente Nayib Bukele. “Salió de nuestro país vía frontera terrestre en diciembre 2020 y jamás regresó“.

Y bromeó: “Me confirman que ninguno de los capturados vivía en una casa de cartón“.

Sánchez Ceren fue un presidente alineado al Foro de Sao Paulo, y un defensor de las dictaduras en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esta tarde, el dictador Nicolás Maduro dijo que en El Salvador se está llevando a cabo una “persecución judicial sin precedentes“ y pidió que cese la investigación a los gobiernos ex guerrilleros del FMLN.

Sánchez Cerén se convierte así en el cuarto ex mandatario de la etapa democrática salvadoreña en ser requerido por la Fiscalía por cargos de corrupción, entre ellos el mismo Mauricio Funes, jefe de la banda delictiva que desde el Estado robó millones de dólares.

El Ministerio Público también ordenó la detención de José Guillermo López Juárez, ex presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria (CEPA), y de los exministros de Obras Públicas y Medio Ambiente, Gerson Martínez y Lina Pohl, respectivamente. Todos son exfuncionarios del gobierno socialista de Funes (2009-2014) y, según la Fiscalía, se encuentran fuera del país.

Los militantes del partido revolucionario comunista FMLN denunciaron persecución política de Bukele contra sus dirigentes, los cuales todavía no han dicho nada porque están muy ocupados escapándose de la justicia. Pero las denuncias de prsecución son falsas.

La investigación del llamado “Caso Funes” inició hace 3 años, mucho antes que Bukele llegara al poder. La primer audiencia de esta mega-causa que investiga la corrupción de los anteriores gobiernos de izquierda fue el 10 de junio de 2018. Bukele asumió en junio del 2019.