El presidente Guillermo Lasso presentó la Ley Creando Oportunidades y genera preocupación en la izquierda por el fin del mercado laboral que beneficia al sindicalismo y a la política.

A pesar de que la Asamblea Nacional de Ecuador, dominada por la izquierda y el indigenismo, se ha vuelto un campo minado que se opone a cada propuesta del presidente liberal Guillermo Lasso, este jueves el mandatario se presentó ante el Congreso para presentar su mayor apuesta legislativa hasta el momento: la Ley de Creación de Oportunidades.

Esta ley es parte del Plan Nacional de Creación de Oportunidades 2021-2025, un plan integral desarrollado por Lasso que contempla varias leyes distintas para alcanzar los siguientes objetivos:

1. Incrementar la tasa de empleo del 30,4% (actual) al 50%. 
2. Reducir la tasa de desempleo juvenil (entre 18 y 29 años) del 10% a 8%.
3. Incrementar el porcentaje de personas empleadas mensualmente en actividades artísticas y culturales del 5,2% al 6%.
4. Aumentar el número de personas con discapacidad y/o sustitutos insertados en el sistema laboral de 70.273 a 75 mil. 
5. Incrementar para el 2025 la tasa acumulada de acceso a la clase media alta al 30,4%. 
6. Incrementar la puntuación en el indicador de Apertura de un Negocio del Doing Business (Banco Mundial) de 69,1 a 82,0
7. Escalar 50 puestos en el indicador de Libertad Económico (Heritage Fondation)

La primera reforma para arrancar el Plan Nacional de Desarrollo es esta Ley de Creación de Oportunidades, que lleva a cabo una de las flexibilizaciones laborales más importantes de la historia del país, baja impuestos, fomenta la llegada de inversiones extranjeras, crea nuevos tipos de contratos laborales, elimina regulaciones, y crea zonas de libre comercio.

En detalle:

• Se crearán Zonas Francas libres de impuestos en regiones específicas del Ecuador;

• Se facilitarán nuevas inversiones a través de la creación de la Secretaría de Alianza Público Privadas (conformada según el modelo de Singapur y Panamá);

• Se implementarán cambios en contratos de inversión para que el dinero fluya más rápido, lo cual aplicará para todos los sectores sin restricción;

• Se implementarán nuevos mecanismos para inversiones de fideicomisos y fondos de inversión, para atraer banca extranjera y capital privado que permita crecer económicamente con mayor capacidad financiera;

• Se eliminará el impedimento a inversiones bancarias en Ecuador, ampliando definiciones con estándar internacional;

• Habrá incentivos al flujo de capital extranjero, que ayude a crecer empresas ecuatorianas;

• Se eliminará el impuesto RISE y el impuesto del 2% sobre las ventas para Microempresas. Esto será remplazado por un nuevo régimen en el cuál únicamente pagarían 60 dólares anuales por ventas menores a 20.000 dólares, en lugar de los 400 que les tocaría pagar bajo el régimen actual. Incluso en el rubro más alto (Empresas con ventas de hasta 300.000 dólares), estarían tributando $4.797 en lugar de $6.000; es decir, un ahorro de $1.203 dólares;

• Habrá facilidades en contratación para Microempresas;

• Se reducirán los impuestos para quienes inviertan en deporte, turismo, educación, cultura y medio ambiente;

• Se eliminará el IVA (12%) para productos de higiene, de salud y en hoteles;

• Se eliminará el impuesto ICE para planes de telefonía móvil para personas y empresas, impuestos que además afectaba a videojuegos, vehículos híbridos y eléctricos; y a servicios de streaming como Netflix;

• Se eliminará el Impuesto a la Herencia, además de exonerar los valores pendientes de los fallecidos durante la pandemia;

• Se creará un “RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL Y ALTERNATIVO PARA LA CREACIÓN DE OPORTUNIDADES LABORALES” en el cuál el salario estaría fijado en un acuerdo mutuo entre las dos partes. Esto implica la mayor reforma laboral desde los 90s;

• Se simplificará la tabla del Impuesto a la Renta, con reducciones en todos los segmentos;

• Se creará el “RÉGIMEN IMPOSITIVO VOLUNTARIO, ÚNICO Y TEMPORAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR”, el cual le da la posibilidad de elegir a quienes tengan activos en el exterior de regularizarlos en Ecuador pagando únicamente una tasa del 5%, quedando libre de cualquier otro impuesto pendiente.

A pesar de todos estos puntos positivos, la reforma cuenta con 2 puntos cuestionables, que son los siguientes:

Primero, la creación de una contribución especial ciudadana (únicamente 2 pagos), para quienes tengan un patrimonio superior a los $500.000 dólares o para matrimonios con un patrimonio en conjunto superior al $1.000.000 dólares y a quienes hayan ganado más de $24.000 dólares durante el 2020.

Este impuesto a la riqueza, que Lasso introduce para no agrandar tanto el agujero fiscal y también para ganarse el apoyo de legisladores de izquierda, abarca al 3,5% de la población.

También, se creará una contribución especial empresarial (únicamente 2 pagos) para empresas que cumplan con los siguientes 3 criterios: Contar con un patrimonio superior al millón de dólares, haber generado utilidad gravable durante el año 2020, y haber realizado más ventas en el 2020, que en el 2019.

En el caso de cumplir con esos 3 requisitos, la empresa en cuestión pagaría un impuesto del 0,6% que llegaría al 0,7% para las empresas con patrimonios mayores a los $10.000.000 dólares.

El justificativo del gobierno, para esto fue el elevado endeudamiento que ha dejado el correísmo y los gastos altos de la Pandemia. El objetivo es no aumentar el déficit fiscal debido a la eliminación de impuestos, para no volverse a endeudar y alcanzar un superávit fiscal.

¿Código Laboral Paralelo?

Uno de los puntos más criticado por la oposición pero que más necesita Ecuador ha sido la propuesta de crear un “RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL Y ALTERNATIVO PARA LA CREACIÓN DE OPORTUNIDADES LABORALES”, esto debido a que lo consideran un código laboral paralelo al código laboral actual, pero más flexible.

Lo que hace esto es crear la figura del “Contrato individual de trabajo alternativo” que funciona como un contrato que en el que se le permite a un individuo comprometerse con otro a prestar sus servicios, bajo su dependencia, por una remuneración libremente fijada por convenio entre ambas partes o contrato colectivo. 

Dentro de esta ley se reconocen 3 tipos de “Contrato individual de trabajo alternativo”: Por tiempo definido e indefinido (duración mínima de seis meses y una máxima de cuatro años); Por Obra o Servicio y Eventuales.

Este tipo de contratos permitirá que las empresas puedan contratar personas para hacer trabajos específicos, y luego poder prescindir de ellos cuando la tarea que se necesitó esté cumplida. Esto generará un boom de contrataciones, ya que actualmente Ecuador tiene un fuerte problema en el mercado laboral, donde las empresas no contratan ya que es muy difícil luego despedir a un empleado.

A pesar de ser una de las reformas que permitirá que Ecuador termine con su alto nivel de desempleo, el correísmo ya ha comenzado sus críticas hacia la nueva ley, aludiendo a un retroceso en derechos laborales, a pesar de que en Ecuador solo cerca del 30% de ecuatorianos tiene empleo formal y por lo tanto, el otro 70% no recibe ningún beneficio de los “privilegios laborales” que tiene el código laboral vigente dejado por el correísmo.

Además, Lasso no toca el código laboral correísta, y quien quiera ser contratado por ese sistema puede hacerlo sin problemas, ya que esta reforma crea convenios de trabajo alternativos y voluntarios.

La meta de Lasso es crear 2 millones de empleos durante su gobierno, pero el cumplimiento de este objetivo se ve directamente afectado por la aprobación de este proyecto de ley.

Hasta ahora, este es el proyecto de ley más complejo que ha enviado el Ejecutivo y su aprobación o rechazo por parte de la Asamblea Nacional podría marcar un punto de inflexión para el gobierno.

De todos modos, Lasso ya anunció que la ley será sometida a una consulta popular. “Si no hay aprobación de las leyes en la Asamblea Nacional iremos a consultarle al pueblo directamente, que el pueblo decida su futuro porque si tenemos obstáculos en la Asamblea, que aspiro a no tenerlo, pues bueno, iremos a una consulta popular y también en la Constitución, no digo que vaya a hacerlo, pero existe otro camino que es la muerte cruzada”. 

Por Jeremy Uzca, para La Derecha Diario.

Los altos funcionarios perderán la seguridad personal tras del el Estado, se reducirán los gastos del ejecutivo y se prohíbe explícitamente el nepotismo en las designaciones gubernamentales.

Esta semana pasaron los primeros 100 días del gobierno del liberal Guillermo Lasso en Ecuador y si algo que le ha hecho marcar distancia con sus predecesores, es su posición frente a los privilegios que mantiene la clase política ecuatoriana, incluyéndose a él y su familia.

Algunos de los privilegios que eliminó son:

• Seguridad personal pagada por todos los ecuatorianos para la familia del presidente y vice-presidente incluso después de finalizado su mandato;
• Seguridad personal para ex presidentes y vicepresidentes;
• Salario vitalicio para presidente y vice-presidente (aún no se ha eliminado pero se plantea su eliminación);
• Más de 900 empleados para el Palacio Presidencial;
• Aviones presidenciales: Embraer Legacy 600 y Falcon 7X valorados en 80 millones de dólares (El Falcon 7X fue pagado con una deuda de 50 millones para el Ecuador);
• Funcionarios con autos sin placas;
• Gastos de adecuación del palacio presidencial financiados por todos los ecuatorianos (Se han llegado a costear yacuzzies dentro del palacio, etc);
• Nepotismo en entidades no relacionadas directamente con el ejecutivo.

Para combatir esto, decidió predicar con el ejemplo y marcar distancia desde el primer día de mandato y es así que su cambio de mando le costó al país 10 veces menos de lo usual. Mientras Correa y Moreno gastaron cada uno 1,5 millones de dólares en su posesión, Lasso gastó apenas 125.000 dólares.

Pero el cambio más radical, fue la firma de sus primeros decretos, entre los cuales se encontró el código de ética que busca limitar el accionar de los funcionarios públicos.

Entre las prohibiciones más relevantes del código de ética están:

1. El nepotismo (“Aun cuando la ley no prohíba la designación de familiares en otras entidades” art.3);
2. Que los familiares de funcionarios públicos estén en contratación directa o indirecta con el Estado;
3. La contratación para fines ajenos a la descripción del cargo;
4. La firma de contratos con cláusulas reservadas;
5. Los retratos de autoridades u organizaciones dentro de entidades publicas;
6. Cualquier evento privado dentro de las instituciones públicas: Ej. Fiestas para funcionarios y autoridades;
7. La utilización de vehículos sin placa por parte de los funcionarios del Estado.

También dispuso donar el salario presidencial por completo a diferentes fundaciones, incluyendo el salario vitalicio en el caso que no se elimine. Aunque, ya ha mostrado interés por eliminarlo también.

Asimismo, será el primer presidente en no habitar el lujoso palacio presidencial, dado que decidió vivir en su propia casa apenas termine su construcción. Hasta tanto, decidió financiar él mismo las adecuaciones del palacio presidencial en lugar de pasarle la cuenta al gobierno nacional, como es la costumbre. 

Además, comenzó la reducción de los empleados del palacio presidencial para llegar a 450 hasta finalizar este año, dado que cuando entró el Palacio contaba con más de 900 personas.

También le quitó la seguridad pagada por el Estado a la familia presidencial y vice-presidencial, esto aplica también para los familiares de los ex-presidentes. Asimismo, se dispone que la seguridad para ex-presidentes solo dure un año, y en el caso de los vice-presidentes por el lapso de 6 meses, pero siempre y cuando no salgan del país.

Fuera del país se les quitará la seguridad, este decreto fue una respuesta a la salida de Lenín Moreno del país.

Adicional a todo lo anterior, en su último decreto se prohíbe a sí mismo utilizar el Avión presidencial Legacy EMB-135 BJ (al menos que sea estrictamente necesario) y lo pasa a manos del Ministerio de Defensa para que éste se encargue de efectuar su venta.

A pesar de todo esto, el reto más grande es el de reducir el número de asambleístas, proyecto que fue propuesto por el asambleísta Fernando Villavicencio, quien propone reducir el número de representantes a 70, esto antes que aumenten a 156 como manda la constitución ecuatoriana, debido al crecimiento de la población.

Esta reforma incluiría la eliminación de los salarios para asambleístas y reemplazarlo por dietas que vayan acorde a los proyectos trabajados, reduciendo considerablemente el gasto público.

Por Jeremy Uzca, para La Derecha Diario

El nuevo gobierno de centroderecha en Ecuador continúa con sus reformas liberales y publica un nuevo Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación que le da más poder a los tribunales privados de resolución de conflictos.

En el marco de la reapertura comercial del Ecuador, el presidente liberal Guillermo Lasso logró reinsertar al Ecuador dentro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) con la finalidad de crear un marco de seguridad jurídica para la atracción de inversionistas internacionales.

Para lograrlo, mandó el Decreto 122 que ratifica el convenio del CIADI, a pesar del ataque recibido por parte de la oposición que aseguraba que esta decisión atenta contra la soberanía nacional, alegando a los motivos por el cual el país abandonó el convenio en el año 2009, bajó el mando del ex presidente comunista Rafael Correa, quien actualmente está prófugo de la justicia ecuatoriana.

Para complementar está decisión el primer mandatario firmó también esta semana el Decreto 165, el cual ha recibido críticas por parte de toda la izquierda que afirma que con este decreto se está privatizando la justicia.

Pero, ¿Está realmente Lasso privatizando la justicia? ¿Qué dice el Decreto 165?

Este decreto es el Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación y dota de independencia y autonomía a los tribunales arbitrales, a los que la izquierda hace referencia como tribunales privados ya que median entre privados antes de llegar a juicio.

Estos arbitrajes privados no estarán sometidos a orden, disposición o autoridad alguna que menoscabe sus atribuciones según lo estipulado en el artículo 1 del reglamento, donde indica que queda prohibido que cualquier autoridad estatal ejerza control o interfiera en sus funciones.

Por otra parte, en su Artículo 10, “Libertad de regulación de las actuaciones”: Se dota de toda libertad para que las partes pacten y determinen libremente las reglas procesales a las que se sujetaran en el tribunal de arbitraje.

Incluso, este decreto permite que estos arbitrajes privados puedan mediar en casos con el Estado y entes del sector público. Garantizando así la independencia de la justicia para ambas partes.

Lasso no está privatizando la justicia, pero está sacándole la corrupta intervención estatal al sector privado en la resolución de sus conflictos judiciales que pueden ser resueltos en mediación.

Por Jeremy Uzca, para La Derecha Diario.