De un día para el otro, Holanda cayó en una profunda crisis política luego de que saliera a la luz un caso de corrupción en el gobierno sobre el manejo de los planes sociales de los inmigrantes. 

Esta noticia llevó a que en la mañana del viernes, todos los ministros del gabinete de Mark Rutte renunciaran y presionaran al Primer Ministro para que a su vez presente su renuncia.

Luego de una larga reunión con el Rey Guillermo, en una cadena nacional, Rutte anunció su propia dimisión y aseguró que tomará total responsabilidad por la corrupción que envuelve a su gobierno.

De todos modos, por pedido del monarca, todos los ministros, incluido Rutte, permanecerán en sus cargos hasta el 17 de marzo, cuando habrá elecciones nacionales. 

Por ahora se desconoce si Rutte, principal candidato en las encuestas, dará de baja su candidatura o si se mantendrá al frente de su partido. Pero no hay dudas que este escándalo le costará varios puntos en la intención de voto de los holandeses.

Rutte prometió compensar económicamente a todas las familias que recibieron “menos de lo que les correspondía” y que seguirá trabajando para contener la pandemia de coronavirus en los Países Bajos.

La Causa Subsidios inició cuando una investigación parlamentaria del mes pasado halló una trama de corrupción en la que funcionarios del servicio tributario y de recolección de impuestos, con supervisión del gobierno nacional, habían llevado a miles de inmigrantes, en su mayoría de origen turco y marroquí, a la ruina financiera con acusaciones infundadas de fraude al Estado.

El reporte de la investigación dijo que cerca de 10.000 familias habían sido obligadas a devolver los planes sociales que recibieron, lo que provocó “desempleo, bancarrotas y divorcios en la comunidad inmigrante“. 

También se describe con detalle el mal manejo de la agencia encargada de este servicio, que se habría extendido durante una década, y se habla de una “injusticia sin precedentes”.

Los primeros casos se remontan a 2014, cuando las autoridades fiscales comenzaron a enviar cartas a los padres comunicando la retirada de las ayudas que recibían para pagar la guardería de sus hijos, y los acusaban de fraude fiscal, pidiéndoles justificar el gasto y su situación financiera con recibos, facturas de pago a las niñeras y contratos de trabajo. 

Rutte, quien lidera un partido de centro-derecha liberal, había asumido en 2010, por lo que todo este escándalo abarca su gobierno. De todos modos, hasta 2017 gobernó en conjunción con el Partido Laborista en una coalición “moderada”, con una fuerte impronta pro-inmigrantes; por lo que esta causa de corrupción dejó muy desconcertados a los holandeses.

El primer ministro holandés Mark Rutte. Fuente: EFE

La investigación parlamentaria demostró que principalmente fueron las familias de origen extranjero las que habían sido objetivo de esta persecución gubernamental, y que su segunda nacionalidad estaba señalada en los documentos oficiales, algo que es considerado ilegal por discriminatorio en Holanda.

La abogada Eva González Pérez, de origen español, fue quien levantó la voz en 2014, años antes de que el caso estallara en la prensa nacional. Su marido dirigía una agencia de niñeras en Eindhoven que se vio directamente afectada por la retirada de subvenciones a esos padres, sus clientes, que pagaban con las ayudas estatales su asistencia.

“Si alguien del Estado te manda una carta diciendo que no tienes derecho a una cosa, te tienen que explicar por qué, y si tu puedes demostrar que sí tienes derecho, no te puede quitar esa ayuda. Pero ellos decidieron bloquear todas las subvenciones, dejando tiradas a las familias, incluso durante la apelación”, explicó Eva a la agencia de noticias EFE.

El caso estalló públicamente en septiembre de 2018, y provocó la renuncia de Secretario de Hacienda, Menno Snel, entre acusaciones de discriminación racial. Snel formaba parte del gobierno como el único ministro progresista del partido Demócratas 66. En aquél entonces se tildó al funcionario como una manzana podrida en el gobierno, pero ahora se descubrió que la práctica se mantuvo hasta este año.

Según el Parlamento, muchos de los inmigrantes siguen sufriendo “problemas personales y psicológicos” a causa del daño económico sufrido. Aunque el gobierno neerlandés decidió compensar a cada familia afectada con una transferencia inmediata de 30.000 euros, varias familias han decidido denunciar ante el Tribunal Supremo a cinco miembros del Ejecutivo.