Durante el último mes, en el Parlamento de la Unión Europea (UE) se estuvo impulsando y debatiendo un polémico nuevo presupuesto que involucraría cambios en el modo de distribuir los fondos europeos. Varios mandatarios de países de Europa del Este aseguraron que con estos cambios, se busca chantajear a los Estados más conservadores a que adopten una agenda globalista y progresista.
En caso de ser aprobado este presupuesto, países que según la Comisión Europea no cumplan con un “Estado de derecho moderno” sufrirán fuertes recortes en los fondos que reciben. Es importante recordar que estos fondos surgen de una transferencia anual que hacen todos los países de la Unión Europea, incluso los que tienen gobiernos conservadores.
El término “Estado de derecho” puede ser considerado como igualdad ante la ley, pero para la Comisión un Estado de derecho moderno implica acatar diversas normas progresistas y globalistas, y que el Estado “garantice” el derecho al aborto, a la identidad de género y a otras elucubraciones de la izquierda.
Es por esto que el mandatario húngaro Viktor Orbán, junto al primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, ratificaron su rechazo a la iniciativa de varios países de la Unión Europea y firmaron la histórica Declaración de Budapest.
Previamente, Orbán ya había cargado múltiples veces contra el proyecto y lo había identificado como un “chantaje sobre una base ideológica sin fundamentos objetivos“ y que busca que la UE se vuelva una “segunda Unión Soviética”.
El Secretario de Estado de Hungría, Zoltan Kovacs, twitteó: “El Primer Ministro Orbán con Morawiecki: El dinero no va a resolver este debate. ‘Mi responsabilidad como un patriota también me obliga a que si veo que hay una decisión en contra de los intereses de Hungría, debo ejercer el veto.’“
En el documento de la Declaración de Budapest, se definen los motivos por los que el Estado polaco y el húngaro se oponen a los presupuestos que regirán la UE de 2021 a 2027.
Además, se ratifican ciertos principios que comparten los dos gobiernos de tendencia conservadora y se establece una duradera y consolidada alianza bilateral entre los países.
Específicamente, la Declaración detalla que se opone firmemente a la cláusula 5 del presupuesto, que busca, según los mandatarios, “socavar el Estado de Derecho dentro de la Unión Europea degradándolo a un instrumento político“ y que si esta cláusula no es eliminada, usarán el poder del veto tanto Polonia como Hungría y dificultará la aprobación del presupuesto.
Los gobiernos de República Checa y Eslovaquia podrían ser los primeros países en sumarse a esta Declaración, iniciando una reacción en cadena entre muchos países que están en esta misma situación que, aunque no se han manifestado recientemente en contra del presupuesto, han criticado en el pasado los atropellos de la Unión Europea y tienen gobiernos cercanos ideológicamente al conservadurismo anti-globalista.
Recientemente, Orbán tuvo un altercado con el líder del SPD alemán, Martín Schulz, uno de los principales defensores de la Unión Europea y quien incluso recientemente pidió que ésta conforme un Ejército supranacional propio.
Schulz acusó al mandatario húngaro de anti-semita y de ser un dictador en su país. Como respondió el Primer Ministro, estas acusaciones son simplemente delirantes: Orbán es un declarado sionista, y ha defendido a la comunidad judía de Hungría, en especial ante la persecución religiosa de los refugiados musulmanes en Europa, quienes en países como Alemania o Austria comenten atroces actos terroristas prácticamente todos los meses.
Por último, Orbán es un mandatario elegido en elecciones libres y limpias, y quien siempre ha obtenido contundentes resultados en torno al 50% de los votos. Todos estos puntos fueron enumerados en una carta que le envió a Schulz el mandatario húngaro, tras los ataques.
A continuación, el texto completo de la Declaración de Budapest firmado por Orbán y Morawiecki:
Budapest, 26 de noviembre de 2020
«Con respecto al paquete financiero MFP / Next Generation EU, incluido el proyecto de Reglamento sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión, acordamos los siguientes principios y objetivos que perseguiremos durante las negociaciones dentro de la Unión Europea:
1. Estamos comprometidos con nuestros valores comunes consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Recordamos que el procedimiento para la protección de esos valores está estipulado en el artículo 7 del Tratado. Nos basamos en la legalidad y, por lo tanto, defendemos el statu quo contenido en los Tratados.
2. Buscamos soluciones que pongan los recursos financieros necesarios a disposición lo antes posible para todos los Estados miembros.
3. La situación actual que impide la rápida conclusión del proceso legislativo es creada por quienes establecieron un vínculo entre el Estado de Derecho y el presupuesto de la UE. Nuestra posición ha sido clara desde el comienzo de las negociaciones que comenzaron con la propuesta de la Comisión en 2018. Se sabía que esa vinculación conllevaba el riesgo de bloquear el proceso de aprobación del paquete financiero MFP / Next Generation EU.
4. El resultado de las negociaciones entre la Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo no se ajusta al acuerdo alcanzado entre los Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de julio.
5. Nuestro objetivo es evitar un mecanismo que no fortalecería, sino que socavaría el Estado de Derecho dentro de la Unión degradándolo a un instrumento político. La condicionalidad propuesta elude el Tratado, aplica definiciones vagas y términos ambiguos sin criterios claros en los que se puedan basar las sanciones y no contiene garantías procesales significativas.
6. Nuestros países han estado actuando y continúan actuando sobre la base de la cooperación leal y la solidaridad. Seguimos dispuestos a contribuir a la solución de la situación actual. Sostenemos que requiere una modificación sustancial del mecanismo propuesto actualmente.
Nuestra propuesta común es facilitar la rápida adopción del paquete financiero mediante el establecimiento de un proceso de dos vías. Por un lado, limitar el alcance de cualquier condicionalidad presupuestaria adicional a la protección de los intereses financieros de la Unión de conformidad con las conclusiones de julio del Consejo Europeo. Por otro lado, debatir en el Consejo Europeo si conviene establecer un vínculo entre el Estado de Derecho y los intereses financieros de la Unión. Si así se decide, se deberían considerar los procedimientos apropiados previstos por los Tratados, incluida la convocación de una conferencia intergubernamental, para negociar la modificación necesaria de los Tratados.
Hemos decidido alinear nuestras posiciones sobre estos temas. Ni Polonia ni Hungría aceptarán ninguna propuesta que la otra parte considere inaceptable.
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