Esta semana, la firma Unilever anunció que abandona operaciones en Chile, vendiendo sus plantas de producción y el consecuente despido de sus funcionarios en los sectores afectados por la decisión.
La empresa cerrará sus plantas confinadas a su rubro principal, la producción de elementos de limpieza. Además, anunció que dejará de envasar y comercializar té, después de una larga trayectoria en esas operaciones.
Esto se suma a la salida de Chile de Maersk, la mayor fábrica de contenedores que se había construido en América del Sur, luego de una violenta huelga en la que los manifestantes quemaron los vehículos particulares de los ejecutivos de la firma. El asesor chileno del presidente argentino Alberto Fernández, Marco Enrique Ominami, participó asesorando activamente a los sindicatos de Maersk.
Las constantes presiones del sindicalismo al sector privado, sumado a la enorme insurrección de la extrema izquierda de octubre del año pasado y la inminente votación por la reforma constitucional han generado una situación de enorme incertidumbre en el país, una que no se veía hace 5 décadas.
Las empresas internacionales siempre han visto con buenos ojos a Chile, siendo uno de los pocos países de Latinoamérica donde la estabilidad política y la situación económica eran favorables a la inversión y al empleo. Sin embargo, esta visión del país parece ser cosa del pasado.
Mientras políticos de derecha se doblegan ante la izquierda, y la izquierda degenera en un movimiento marxista-revolucionario, el futuro no solo político si no que económico de Chile está en duda.
Esta semana coincide con los 50 años de la elección por las urnas del único presidente democrático marxista de la historia del mundo, Salvador Allende, alumno aventajado de la dictadura castrista y la Unión Soviética de aquella época.
Pero Allende no sólo condujo a Chile al mayor desastre económico y a los albores de una guerra civil en Chile, si no que también impulsó la creación de un movimiento que perdura al día de hoy, que se esconde detrás de una centro-izquierda moderada pero en realidad busca la revolución armada y el cambio total del sistema político en el país.
Los últimos 4 años de Bachelet más demostraron esta tendencia. El gobierno de “izquierda moderada” tuvo el peor desempeño económico desde 1990, con decenas de leyes anti-inversión y con un giro absoluto al progresismo, que planteó en Chile a la desigualdad como una problemática a combatir e impulsó una caída en el crecimiento.
Estos desmanejos fueron identificados por el electorado chileno, que ni bien pudo sacó la socialismo del poder y votó a Sebastián Piñera, que en sus primeros meses dio un respiro de nuevos aires e implementó programas para recuperar la inversión.
Pero la izquierda, ya alejada del poder, mostró su verdadera cara y provocó un estallido delictivo y terrorista, que no ha cesado desde el 18 de octubre del año pasado y que destruyó 12 mil millones de dólares en infraestructura de bienes públicos y privados.
El golpe de gracia fue que tanto los partidos de gobierno como los de oposición, que son mayoría en ambas cámaras, decidieron que lo mejor para el país era socavar ante las exigencias de la izquierda y desmantelar lo realizado en estos 40 años de crecimiento y crear una nueva Constitución.
La Constitución, que ya había sido reformulada por el ex presidente socialista Ricardo Lagos, esta vez corre el peligro de que le sean borrados todos los logros económicos y sociales que reconoce el texto original redactado durante el régimen de Pinochet.
¿Y qué tiene que ver todo esto?
A pesar de que una reforma de la Constitución no tenia más de un 8% de imagen positiva entre la ciudadanía, luego de las protestas de 2019 se destapó el apetito y el verdadero rostro de la extrema izquierda chilena, y el país se puso en ruta de una Asamblea Constituyente al mejor estilo venezolano.
El golpe a la confianza y seriedad de Chile fue demoledor a los ojos de inversionistas y clasificadoras internacionales que continuaron depreciando el ranking de Chile, acción que ya habían realizado durante el gobierno de Bachelet, por primera vez desde 1990.
Los 40 años de preparación de una nueva generación de chilenos adoctrinados por la extrema izquierda y pavimentada por los 2 gobiernos de Bachelet en los colegios públicos estaba dando resultado, convenciendo de a poco que el proyecto de Nación chileno estaba mal y adoctrinando el ideal de un Allende heroico, llegando a ser considerado hoy por un 34% de la población, como “el mejor presidente de Chile“.
El milagro económico chileno que disminuyó la pobreza de un 64% que existía en el gobierno de Allende en 1973, a un 8% en el 2019. El mismo modelo que sacó a Chile de ser el tercer país mas pobre de América Latina, con logros de 99% de alfabetización, agua potable para el 96% del país, aumento de la expectativa de vida en más de 20 años, (mayor incluso que en USA), estudios universitarios para más del 90% de los egresados de colegios y una movilidad social mayor que en Suecia o Alemania.
Hoy, el candidato comunista Daniel Jadue, alcalde de una comuna de Santiago y conocido por sus intervenciones a favor de Venezuela y Cuba, anunció unilateralmente “el fin de la propiedad privada y la estatización de los servicios básicos“. Jadue aparece en algunos estudios de opinión en la primera posición para asumir como el próximo presidente, y sin lugar a dudas como la nueva cara de la izquierda chilena.
Si este es el camino que los chilenos votarán en los próximos años, la salida de Unilever o Maersk del país se convertirá en la regla y no en la excepción.
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