Durante décadas el kirchnerismo abogó la re-nacionalización de empresas que habían sido privatizadas en los 90s para aumentar su eficiencia, achicar el gasto público y poder bajarle los impuestos a los argentinos. Todo este proceso de expropiación culminó este año, con una medida de Alberto Fernández que vuelve a cargar los costos crecientes de estas empresas públicas sobre la sociedad, en un momento de suma tensión por la crisis económica.
Las empresas públicas registran desde hace años perdidas cada vez más importantes. El Gobierno decidió priorizar su financiamiento a costa de otras partidas y, en términos del PBI estimado, el déficit total de las empresas ascendería hasta el 0,9%, el número más alto desde 2016.
A partir de malas administraciones, las empresas del Estado llegaron a perder un récord histórico de 1,5% del PBI en el 2015, una cifra que no se veía desde 1990, momento en el cual se había abandonado el modelo de “Estado empresario” y se habían lanzado las privatizaciones.
Pero a diferencia de aquél entonces, la estrategia del Estado para cubrir este enorme rojo fiscal no va a ser privatizar, si no que se redirigirán fondos por un valor total de $345.274 millones para solventar estas empresas, solo en 2021.
El kirchnerismo reintrodujo el costo de empresas deficitarias a la sociedad, y la crisis económica no hace más que complejizar el problema. Según las estimaciones oficiales, casi el 18% del total del déficit financiero previsto para 2021 será explicado exclusivamente por empresas públicas deficitarias.
Con las medidas de aislamiento y el congelamiento en las tarifas públicas, las empresas del rubro de transporte serán la que mayores pérdidas representarán del total. Según el presupuesto, cerca del 44% del total del déficit de las empresas estatales será resultado de Aerolíneas Argentinas, los ferrocarriles, y otras empresas de transporte.
El caso de Aerolíneas Argentinas y los ferrocarriles es particularmente preocupante, pues el déficit operativo se triplicó desde 2018, después de haber permanecido casi constante (en términos nominales) desde 2016.
Cuando Macri asumió en 2015, Aerolíneas perdía en promedio, 1 millón de dólares por día. El Gobierno de Cambiemos había logrado reducir este déficit diario a menos de 700 mil dólares, pero entre 2019 y 2020, este rojo volvió a escalar e incluso superó el millón de dólares del 2015. Actualmente, sin vuelos por la cuarentena y en plena crisis económica, el déficit estimado para este año es de 570 millones de dólares, o sea un promedio de 1,56 millones de dólares al año. Claramente una situación insostenible cuya única solución es la privatización.
Otras empresas dedicadas a la energía, como IEASA, NASA, entre otras, perderán aproximadamente $85.251 millones en el 2021, un 24% del total del déficit de las empresas.
El presupuesto también contempla un plan de obras públicas encabezado por AISA y los corredores viales, que se calcula en los $76.249 millones. El presidente Alberto Fernández enfatizó su discurso en este tipo de medidas, asegurando que serán “la clave de la reactivación”.
Las estimaciones contempladas por el ministro Martín Guzmán están en una misma línea con las previsiones de recursos que obtendrá eventualmente el Tesoro y los préstamos que se planea conseguir para el año que viene.
Si bien el déficit se plantea como un modesto 0,9% del PBI, lo cierto es que muchas consultoras privadas aseguran que será difícil conseguir la meta fiscal que propone el Gobierno, porque el gasto público posee un gran componente de indexación.
Por otro lado, y más allá de la indexación, la percepción de recursos será crucial para lograr las metas fiscales, y nada indica que el año que viene produzca resultados positivos en materia de actividad económica.
El propio presupuesto supone un rebote en torno al 5,5% con respecto a este año, pero el número surge de comparar contra un año tan malo como lo es 2020. Esto quiere decir que, si bien se espera un rebote técnico, la economía podría demorar mucho tiempo en volver a alcanzar (y superar) los niveles que se registraban en 2019.
Guzmán apuesta a un nuevo aumento impositivo para consolidar su presupuesto, y envió señales al mercado en torno a la normalización de las tarifas públicas, para intentar llevar más confianza a la meta fiscal de 2021.
Aún así, el costo de las empresas estatales se intensifica en un contexto sumamente crítico, donde la pobreza (medida por personas) alcanzó el 40,9% en el primer semestre del año, y se proyecta un pico de entre 44% y 47% para el segundo semestre.
Este año, todo el ajuste asociado a la pandemia y la cuarentena recayó sobre las espaldas del sector privado, con la mayor pérdida de puestos de trabajo de los últimos tiempos. Sin embargo, las intenciones de Alberto Fernández son claras: menos dinero para la gente, y más recursos para las empresas del Estado.
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