Según el último informe de gestión presentado desde la Casa Blanca, Estados Unidos avanza en la desregulación económica más grande de la historia moderna del país y una mayor facilidad para hacer negocios. El gobierno republicano logró asegurar cómodamente sus metas económicas iniciales, en el marco de una de las mayores reformas normativas desde los tiempos de Ronald Reagan.
Donald Trump eliminó un total de siete regulaciones por cada nueva reglamentación sancionada, y de esta manera Estados Unidos logra un nuevo récord dentro de los países que conforman la OCDE. Ningún otro país desarrollado logró consolidar un proceso de desregulación tan grande como el norteamericano.
Esto generó una masiva disminución neta de regulaciones del sector privado, en parte responsable del boom económico que estaba experimentando el país antes de la pandemia; con el mayor crecimiento de los indices bursátiles de la historia, el menor desempleo de la historia, la mayor actividad industrial de la historia y un saneamiento de la balanza comercial como no se veía desde la pos-guerra.
Según Trump, fueron las regulaciones eliminadas las que garantizaron el pleno empleo durante los años 2018 y 2019, ya que tenían gran incidencia en los salarios netos que percibían los trabajadores.
Las regulaciones que regían durante la era Obama funcionaban como impuestos implícitos sobre las nominas salariales, lo que generaba una serie de distorsiones en el mercado laboral.
Con la reducción y eventual eliminación de trabas, licencias, restricciones o prohibiciones, el gobierno norteamericano estima que se generó un ahorro por 220.000 millones de dólares desde 2017.
Esto implica que, en promedio, las familias habrían gozado de un ahorro equivalente a 3.100 dólares cada una, dinero que antes no podían percibir. A diferencia de otros impuestos, el impacto de la desregulación mantiene un efecto indirecto, pero fuertemente presente en la vida cotidiana de las familias.
El llamado “pleno empleo” se logró consolidar a pesar de que la población económicamente activa volvió a crecer después de muchos años de rezago, algo que no ocurrió en ningún momento de la gestión demócrata anterior. En otras palabras, aún habiendo cada vez más personas disponibles en el mercado laboral, la creación de empleo fue incluso superior, más que compensado el efecto anterior y logrando disminuir la tasa de desocupación.
La desregulación en los mercados ayudó al ordenamiento en los precios relativos, lo que generó un abaratamiento de bienes y servicios que estaban artificialmente “inflados” en su precio, pero que ni las familias ni las empresas podían percibir ese beneficio, sino que sólo lo disponía el fisco.
Este es el caso de los automóviles, o incluso bienes muy elásticos en su demanda como es el caso de los medicamentos y los fármacos.
En general, la desregulación alcanzó a prácticamente todos los sectores en la economía de Estados Unidos, en mayor o en menor medida.

Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, principal ejecutor de las medidas impositivas y financieras de Trump.
Uno de los procesos más importantes fue el cambio sobre las normas energéticas, alcanzado a finales del año pasado. A pesar de una fuerte resistencia por parte de los demócratas en el Congreso, Trump logró extender los permisos de perforación en tierras federales, y trabajó para flexibilizar las restricciones sobre las cantidades emitidas de gas invernadero, entre otras medidas.
Se concretó un enorme estímulo para el sector energético, que de otro modo no hubiera sido posible.
El gobierno federal destacó en su informe la especial prioridad hacia las familias de menores ingresos, consideradas las más afectadas por el encarecimiento artificial de los bienes y servicios más comunes. El informe presentado destaca la relación regresiva entre el marco regulatorio y las condiciones de vida en las familias con menores ingresos.
Bajo está lógica de pensamiento, Trump arremetió en contra de las normativas de combustible y eficiencia, impuestas anteriormente por el ex-presidente Obama, para dar prioridad a la producción de automóviles más accesibles para todos los estadounidenses.
A la par de la reducción en la cantidad de regulaciones, el gobierno republicano encaró una fuerte reducción en la burocracia estatal. Los “costos regulatorios”, directamente devenidos en mantener las disposiciones normativas, se redujeron en 50.000 millones de dólares. Este dinero, que solo sostenía un marco regulatorio y burocrático poco funcional, ahora fluctúa libremente dentro de las arcas del Gobierno y atiende necesidades más importantes.
La administración de Trump persiguió la eliminación de pautas que habían quedado obsoletas, así como la progresiva normalización entre las leyes federales y las estatales, para así lograr un sistema general más coherente y simple para empresas y las familias.
La reactivación económica en Estados Unidos no está siendo buscada desde una perspectiva centralizada en la intervención gubernamental, sino que aboga por dar más espacio a la sociedad en su conjunto.
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