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Economía

Fracaso del sistema de jubilación estatal: un estudio determina que el sistema argentino es el peor dentro de los 37 países estudiados

El sistema de pensiones argentino no es capaz de garantizar las jubilaciones futuras ni de sostenerse por sí mismo. Un estudio determinó que nuestro sistema no cumple las condiciones deseadas en integridad, sostenibilidad y adecuación.

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La estatización del sistema privado AFJP y el retorno al dirigismo estatal sobre los haberes jubilatorios generó una gran vía de financiamiento para el gobierno de la entonces presidente Cristina Kirchner, pero supuso un gran costo futuro para el país

La pésima calidad en las regulaciones laborales y su contracara en el trabajo informal, así como la administración ineficiente de los recursos y el envejecimiento progresivo de la población, son factores que condenan al fracaso a cualquier sistema de reparto público en el largo plazo.

El caso argentino resulta paradigmático, pues si bien no tenemos una población con el grado de envejecimiento de la eurozona y otros países desarrollados, nuestro sistema de reparto permanece en la quiebra absoluta, y debe ser rescatado sistemáticamente con recursos adicionales.

Un estudio reciente relevó que Argentina tiene el peor sistema de pensiones dentro de los 37 países estudiados, en los cuales se contiene al 63% de la población mundial. 

Se trata del Melbourne Mercer Global Pension Index, elaborado por la prestigiosa firma australiana Mercer

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El índice se nutre de tres parámetros principales a la hora de evaluar un sistema de pensiones. En primer lugar, el criterio de adecuación busca medir el nivel básico de ingresos y su poder adquisitivo (con el fin de comparar entre distintos países), así como el diseño del sistema de pensiones en sí mismo. 

En segundo lugar, se mide la sostenibilidad de cada sistema. La sostenibilidad mide la edad de jubilación requerida, el grado de financiamiento estatal y la forma en que se aplica, así como el nivel de deuda pública acumulada para sostener las pensiones en el corto plazo. Esta parte del índice busca determinar, en ultima instancia, el grado de solvencia del sistema

Por último, se busca medir el grado de integridad de cada sistema jubilatorio, entendiendo por integridad al grado de regulaciones aplicadas para proteger (o no) a los miembros de un determinado plan de pensiones. Se busca medir si existe algún grado de garantía para las pensiones bajo un esquema legal

Bajo estas tres variables, y aplicando el índice sobre 37 países seleccionados, Argentina obtuvo la peor clasificación de todas con un valor total de 39,5 puntos de índice. En contracara, el primer lugar lo obtuvo Holanda, secundada por Dinamarca y Australia

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Los países nórdicos también obtuvieron clasificaciones altas, especialmente Suecia, que mantiene un exitoso sistema de capitalización individual privado desde la década de 1990. 

En nuestra región, Chile logró la mejor clasificación con un puntaje de 68,7 puntos, un valor incluso superior a Estados Unidos, que desde 2008 cada vez depende más del FICA (payroll tax, sistema de pensiones público) y similar a Canadá

El éxito del sistema privatizado por sobre el dirigismo argentino se hace notar con fuerza en el continente americano, dejando en ridículo las teorías socialistas que buscan instalar que los fondos privados atentan contra el futuro de los trabajadores.

Observando los datos de diferentes sistemas y sus resultados dispares, se llega a una conclusión: los sistemas de reparto más exitosos son aquellos que se sostienen de un mercado laboral flexible y capaces de crear una base imponible suficiente para garantizar el nivel de pensiones, aunque el envejecimiento poblacional tiende a provocar un colapso sobre esta estructura. 

Por el contrario, los sistemas de capitalización también dependen en gran medida del grado de flexibilización laboral dentro de cada país, pero suponen una solución definitiva al problema demográfico y, en general, registran mejores resultados en términos de inversión e incentivan el mercado de crédito local en cada país.

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El sistema de reparto argentino incumplió las expectativas mínimas para garantizar el éxito, y cometió todos los vicios propios de la política. 

Así como estaba en los 80s, el sistema actual de Argentina se encuentra quebrado, con la necesidad de ajustar haberes, subir la edad de jubilación, buscar fuentes no contributivas de financiamiento y afectado por políticas socialistas que no controlaron la cantidad de beneficiarios. 

La herencia kirchnerista para el país comprometió, compromete y seguirá comprometiendo el poder adquisitivo de pensionistas argentinos. La reforma previsional del 2017 buscó aplicar un grado de mayor sostenibilidad al sistema, pero las causas de los problemas siguen inalteradas. 

Se estima que para 2050 una de cada seis personas tendrá mas de 65 años en la población mundial, un fenómeno mas puntualmente concentrado en los países desarrollados.

Por lo tanto, la transición hacia nuevas ideas y la adopción progresiva de sistemas privados podría ser un fenómeno cada vez más común, que llegue más por necesidad que por deseos de los gobiernos de turno.  

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Economía

Asociación de Isapres advierte que el país no está preparado para que las instituciones privadas “cierren de golpe”

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Desde la Asociación de Isapres ven con “preocupación” los dichos del director de Fonasa, Camilo Cid, quien aseguró que con la implementación del Fondo Universal de Salud se busca que estas instituciones “desaparezcan del mapa de la seguridad social”.

La Asociación de Isapres respondió a las palabras del director de Fonasa, Camilo Cid, quien aseguró que con la implementación del Fondo Universal de Salud se busca que estas instituciones “desaparezcan del mapa de la seguridad social”. A través de un comunicado, las Isapres dijeron que estos dichos generan “preocupación.

“Al resto de los cotizantes que voluntariamente suscriben al sistema, como a sus familias e hijos, las declaraciones que anuncian un término del sistema generan profunda preocupación. El país está preparado para discutir una reforma de salud, pero no para que las Isapres cierren de golpe”, dijeron desde la Asociación de Isapres.

“En ese contexto, si bien hay consenso en el diagnóstico de los problemas que afectan al sistema y sobre la necesidad de abordarlos, es necesario que los cambios sean paulatinos y no gatillados por una crisis que tenga como punto de partida el término forzoso y abrupto del sistema Isapre”, añadieron.

Precisamente la ministra de Salud, María Begoña Yarza, se refirió a las declaraciones del director de Fonasa y aseguró que los cambios, con la implementación del Fondo Universal de Salud, será paso a paso.

“Nosotros creemos que la seguridad social que hoy tenemos va a transitar a otra forma de seguridad social y allí tendremos los seguros y los seguros complementarios”, explicó Yarza. 

“Este Ministerio de Salud también está empeñado que este tránsito cuide a las personas que están en las Isapres. Por tanto, el camino que hemos pensando transitar es un camino paso a paso, participando todos los incumbentes y con un foco muy primordial en el cuidado de las personas”, recalcó la titular del Minsal.

Desde la Asociación de Isapres recalcaron que actualmente están en una “situación crítica” e incluso corren riesgo de sufrir un “desenlace abrupto”.

“Creemos que el énfasis no debe estar puesto en desmantelar el sistema privado, sino en lograr que todas las personas tengan acceso a tratamientos y prestaciones de manera oportuna. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora son acciones tendientes a eliminar a las Isapres, en lugar de dar respuestas concretas a la demanda de la ciudadanía, que quiere soluciones a sus problemas de salud. Lo que uno esperaría es que, si se va a poner fin a algo en materia de salud, que sea a las listas de espera, a los problemas de falta de médicos, de eficiencia, insumos o infraestructura, que afectan diariamente a los chilenos”, acusaron.

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Economía

Banco Central de Chile sube 75 puntos la tasa y se ubica en 9,75%, sobre lo esperado: advierten nuevos incrementos en medio de depreciación del peso

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La decisión fue adoptada de forma unánime por los miembros del Consejo del ente emisor.

En su Reunión de Política Monetaria de julio, el Consejo del Banco Central de Chile acordó incrementar la tasa de interés de política monetaria (TPM) en 75 puntos base, hasta 9,75%, ubicándose sobre lo que esperaba una mayoría de los analistas.

El ajuste, que fue acordado por la unanimidad de los consejeros, se produce en un complejo contexto económico, con el dólar superando la barrera de los $ 1.000 , con una inflación que, según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó un 12,5% interanual en junio, muy por sobre la meta entre 3% y 4% de la entidad; y con llamados públicos de parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel, a que el banco comparta su diagnóstico al respecto.

En su comunicación, el Consejo presidido por Rosanna Costa endureció el tono respecto al panorama para la economía, mencionando la existencia de “riesgos elevados”, un “deterioro” de las condiciones financieras globales que ha sido “más rápido e intenso” que lo previsto, que han repercutido en una caída en el precio de las materias primas y la consolidación de las perspectivas de una recesión global.

Ya a nivel local, el banco también apuntó a factores internos que estarían incidiendo en la apreciación del dólar frente al peso chileno: “En medio de una elevada incertidumbre interna, esto ha llevado a una fuerte depreciación del peso”, advirtieron los consejeros.

Mercado ha logrado absorber el shock

Eso sí, el banco no informó medidas adicionales a la intervención verbal que desplegó el lunes, antes de su reunión mensual. Parte del mercado ha señalado que la entidad debería ejecutar alguna medida adicional para contener el alza del dólar.

De hecho, reiteró su diagnóstico, asegurando que si bien el tipo de cambio “se ha depreciado con fuerza”, algo más de 20% si se compara con la reunión de junio, “hasta ahora, los mercados han sido capaces de absorber los shocks de manera adecuada y la volatilidad en el mercado cambiario no se ha trasladado a otros segmentos del sistema financiero, los que han operado con niveles de liquidez adecuados. El crédito bancario local continúa registrando un débil dinamismo, en medio de condiciones de financiamiento que permanecen restrictivas”.

Se vienen más ajustes

Si el mensaje después de las reuniones pasadas era que el ciclo de alzas de tasas estaba cerca de su fin, en su comunicación de esta tarde de miércoles el instituto emisor se abre a nuevos incrementos en la TPM.

En el corto plazo, estos desarrollos provocarán un alza adicional de los precios internos, en un contexto en que la inflación y su persistencia ya son elevadas. El Consejo estima que serán necesarias nuevas alzas de la TPM para asegurar la convergencia de la inflación a 3% en dos años. Su magnitud dependerá de las implicancias de la evolución del escenario para el logro de la meta de inflación, situación que será analizada en el IPoM de septiembre”, agregaron las autoridades.

La inflación total, narraron los consejeros, ha seguido aumentando y alcanzó el 12,5% anual en junio, mientras que el componente subyacente subió a 9,9% anual. “Los últimos datos de inflación han estado prácticamente en línea con lo previsto en el IPoM de junio, con sorpresas acotadas a productos específicos, mayormente volátiles”, plantearon.

Así, señalaron que las expectativas de inflación de las encuestas -de Expectativas Económicas y Operadores Financieros- “se han ajustado al alza”.

El “paulatino retroceso” de la economía

Al mencionar el desempeño de la actividad local, el Banco Central enfatizó que la economía ha continuado su proceso de “paulatino retroceso”, el cual estaría “en línea con lo anticipado”.

Junto con recordar que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) aumentó un 6,4% anual en mayo -con la minería cayendo menos que lo previsto-, con el registro no minero desestacionalizado bajando 0,9% mensual, “cercano a lo que se esperaba”, el banco agregó que los indicadores relacionados con el consumo privado y la inversión muestran un desempeño “acorde con lo proyectado, manteniéndose la resiliencia del primero y el debilitamiento de la segunda”.

“En el mercado laboral, el crecimiento del empleo ha continuado ralentizándose y las vacantes siguen disminuyendo. La variación anual de los salarios reales se mantiene en niveles negativos. Los indicadores de confianza de los consumidores y de las empresas siguen en terreno negativo”, consignaron los consejeros.

Recesión global

El comunicado del Consejo aborda el deterioro en las perspectivas de crecimiento mundial, de la mano de un repunte en la inflación en Estados Unidos y la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) aplique alzas más fuertes en la tasa de interés.

La inflación mundial ha continuado subiendo y los bancos centrales han seguido aumentando las tasas de referencia, o señalizando un alza más rápida ante la mayor persistencia inflacionaria. Destaca la Reserva Federal de Estados Unidos, que sorprendió con un incremento mayor al esperado y ha comunicado que las alzas continuarán hasta lograr controlar la inflación. Las condiciones financieras se han estrechado tanto para economías desarrolladas como emergentes, resaltando las caídas en las bolsas y una apreciación global del dólar”, recalcaron los economistas.

Junto con mencionar la “baja significativa” del precio del cobre, el Consejo apuntó a que la guerra en Ucrania “continúa siendo un foco de riesgo para el escenario externo, manteniendo la presión sobre los precios de algunas materias primas, especialmente alimentos y energía”.

“En suma, el escenario internacional se ha deteriorado respecto lo previsto en el IPoM de junio”, enfatizaron.

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Economía

“Bono Apruebo”: Boric lanza un nuevo paquete de planes sociales para tratar de ganar el plebiscito constitucional

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Sin ningún reparo por las finanzas públicas, el presidente chileno decidió aprobar otro programa de estímulo por un valor de 1,2 billones de pesos. El Gobierno busca revertir la pérdida de apoyo popular a su reforma constitucional comunista.

El presidente Gabriel Boric, junto con el ministro de Hacienda Mario Marcel, anunció el lanzamiento de un nuevo programa de estímulo fiscal a través de transferencias directas para familias. Se trata de una medida similar a las que fueron adoptadas en medio de la emergencia por la pandemia en 2020, pero ahora se adoptan por motivos meramente electoralistas.

La extrema izquierda en el Gobierno lanzará un bono de 120.000 pesos para cerca de 7,5 millones de personas, conocido como el “bono invierno”. Esta iniciativa deberá ser aprobada por el Congreso para tener vigencia, y se sumaría a un arsenal de políticas extremistas desplegadas por el Presidente.

El nuevo bono fue catalogado popularmente como el “bono Apruebo” debido a que el Gobierno decidió lanzar su iniciativa en respuesta a la pérdida de apoyo popular a su reforma constitucional, cuya aprobación o rechazo se disputará en una elección abierta el 4 de septiembre.

La nueva iniciativa supone abandonar completamente la disciplina fiscal, y obligar al Estado a solicitar más endeudamiento externo e interno, o bien una nueva “flexibilización cuantitativa” por parte del Banco Central de Chile para comprar los bonos que los mercados no quieran financiar. De producirse esta segunda vía de financiamiento, se agudizará el proceso inflacionario.

Solamente por el nuevo bono el Gobierno deberá desembolsar hasta 1,2 billones de pesos, o el equivalente a los 120.000 millones de dólares al tipo de cambio actual. El Presidente aseguró que su compromiso con la responsabilidad fiscal aún sigue vigente, pero no explicó de donde saldrán los recursos para financiar el nuevo sendero de gastos.

“Estamos haciendo todos los esfuerzos para apoyar a los sectores más afectados por esta crisis sin abandonar nuestro compromiso por la responsabilidad fiscal”, anunció Boric.

La reforma tributaria presentada por el Gobierno de Boric contempla un drástico aumento de impuestos, proyectando una recaudación levemente superior al incremento presupuestado de los gastos. Entre otras medidas, se plantea el aumento del impuesto a la renta, “impuestos ambientales” y aumento de impuestos sobre el patrimonio.

Pero incluso de aprobarse la reforma de Boric, esta solo se aplicaría a partir del año 2023 y al momento de ser formulada no se contemplaron los nuevos incrementos de erogaciones fiscales que ahora se presentan con el nuevo “bono invierno”. No está garantizada la disciplina fiscal. 

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