Empresas alimenticias le avisan a Alberto Fernández que ya no pueden soportar el congelamiento de precios y que la gran mayoría está al borde de la quiebra
Un informe de la COPAL sacó a la luz la dura situación de las empresas alimenticias, donde manifestó la necesitad de reformas estructurales ante la situación que atraviesa la industria.
A través de un comunicado, la COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos
Alimenticios de Argentina) le reclamó al Gobierno medidas de carácter estructural para poder
afrontar la situación crítica que atraviesa el sector, luego del estricto congelamiento de precios.
Si bien la semana pasada se reunieron gremios y empresas del sector para negociar con el Ministerio de Desarrollo Productivo un posible acuerdo de precios y salarios, hicieron hincapié
en las consecuencias que podría tener seguir extendiendo el congelamiento de precios.
Los empresarios del sector alimenticio explicaron que soportaron el congelamiento de precios al
comienzo de la pandemia porque el Gobierno les había asegurado que se trataba de una situación excepcional, pero ahora el kirchnerismo lo plantea como una “nueva normalidad” y las compañías están exhaustas de recursos.
Luego de seis renovaciones al congelamiento de precios, el sector advirtió sobre el
riesgo que seguir con esta práctica regulatoria significaba para la sustentabilidad de las empresas, debido al
aumento constante de los costos de todo tipo.
En este sentido, desde el sector aseguran que el Gobierno solamente autorizó incrementos de
4% a 10,8% en promedio, mientras que el incremento de los costos durante el año pasado superó generosamente estos porcentajes, casi un 50% en todo el año.
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En concreto, los costos en materias primas
aumentaron entre un 45% y 50% y en logística un 35%, a lo que se le suma un 40% debido a
la depreciación del tipo de cambio oficial, y un 20% debido a los costos asociados a la
pandemia.
A su vez, los incrementos salariales para los trabajadores del sector alimenticio promediaron
entre 36% y 44%, un porcentaje que supera ampliamente los insuficientes aumentos de
precios autorizados por el Gobierno.
De esta manera, desde la COPAL aseguraron que “la
industria de alimentos y bebidas no es responsable de la inflación, sino que sufre sus
consecuencias”.
En este contexto, desde la entidad que nuclea a más de 34 cámaras sectoriales pidieron al
Gobierno medidas que apunten a solucionar los problemas estructurales. El enfoque del Gobierno estima una “puja distributiva”, pero cada vez se hace más evidente que esta explicación carece de sustento real.
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Por otra parte, consideraron que los precios congelados, la falta de consenso fiscal, los
aumentos en los derechos de exportación, la doble indemnización y la prohibición de despidos son ejemplos de medidas que desfinancian a las empresas y generan una caída en el stock que
pone en riesgo la competitividad y sustentabilidad.
El comunicado de la COPAL se engloba dentro del malestar generalizado del sector luego de la
decisión de la Secretaría de Comercio Interior de imputar a 11 grandes empresas proveedoras
de artículos de consumo masivo por supuestas retenciones de volúmenes de producción o
falta de entrega.
La justificación del Gobierno se centró en que encontraron casos de
desabastecimientos puntuales en algunos comercios y supermercados.
Esta decisión del Gobierno generó mucho malestar en el sector y sorprendió a muchas
empresas que habían sido invitadas a participar en el acuerdo social y ahora se ven
involucradas en una imputación por desabastecimiento.
En concordancia con lo expuesto por el sector alimenticio, muchos especialistas aseguran que
el congelamiento de precios, que el Gobierno ha implementado como solución mágica para la
inflación, no se podrá sostener por mucho tiempo más si se quiere evitar el desabastecimiento
generalizado de productos.
“Si gana el Apruebo, yo no veo nada en el texto constitucional que sea proinversión, nada”, enfatizó Ignacio Briones.
Queda una semana para que se lleve a cabo el plebiscito de salida, instancia en donde la ciudadanía votará Apruebo o Rechazo a la propuesta de nueva Constitución que redactó la Convención Constitucional y que entregó de manera oficial el pasado 4 de julio al Presidente Gabriel Boric.
El ex ministro de Hacienda y ex candidato presidencial, Ignacio Briones, fue invitado a un nuevo capítulo de Tú Decides, en donde expuso su postura a favor del Rechazo.
En la entrevista se le preguntó cuál era su opinión opinión con respecto al plebescito, Ignacio Briones respondió que “como la inmensa mayoría de los chilenos, yo voté Apruebo con convicción y lo volvería a hacer porque creo que Chile necesita una nueva Constitución, una que signifique unidad, y esa es la principal razón por la cual yo hoy día Rechazo”.
“La verdad es que hace bastante tiempo que tomé esta decisión. Yo seguí el proceso semanalmente. Leí el borrador y el documento legal varias veces. He llegado a la convicción de que este no es un buen texto para Chile”, indicó.
“Yo entiendo que hay legítimas opiniones distintas. Es importante reconocer esto. Esto no puede ser una batalla, una guerra campal, necesitamos respetarnos. Hay argumentos a favor y en contra. Hay cosas buenas del texto, pero a mí el agregado me parece que es un mal texto para Chile”, resaltó.
“Sobre todo, más allá de lo técnico de cada artículo, creo que lo fundamental, y creo que así lo sienten los chilenos y chilenas, es que esta no es una Constitución de unidad. Los chilenos están divididos frente a este texto. Para mí es fundamental que podamos volver a mirar al futuro, que podamos dejar atrás este momento duro, esta crisis política que hemos tenido en Chile, y para eso se requiere unidad como condición necesaria, y este texto no lo es”, indicó.
“Partió con 80%, y hoy día las encuestas lo dan por abajo del 50%. Entonces, démonos la chance de tener una buena Constitución que nos una, que nos permita mirar a futuro. Creo que ese es el llamado”, agregó.
Qué propone económicamente la nueva Constitución
Tras los aumentos en el costo de la vida, uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía es el ámbito económico en la propuesta de nueva Constitución que se votará el 4 de septiembre.
Sobre esto, el ex ministro Ignacio Briones aseguró que “yo creo que es muy importante cuando uno habla de economía aterrizar el concepto, porque para muchas personas la economía aparece como algo distante, lejano, y la verdad es que nos toca en el día a día”.
“Las familias hoy en día lo saben. La inflación les pega fuerte. Saben también que si la economía no anda bien, las pegas no andan bien, los emprendimientos no andan bien”, afirmó.
“Este texto constitucional, y lo voy a decir con toda franqueza, no tiene nada que sea pro crecimiento ni pro inversión. Eso lo necesitamos como nunca. Necesitamos generar empleo, mirar para adelante e inversión. La verdad es que esto se hace cuesta arriba, pero aún más”, señaló.
“Todos queremos avanzar en derechos sociales. Yo comparto eso, creo que es una de las cosas buenas de la Constitución, sin prejuicio que difiero en la bajada. Pero el objetivo lo comparto al 100%. Necesitamos más igualdad, una cancha más pareja”, aseveró.
“Necesitamos entender que avanzar en derechos sociales no es incompatible, por el contrario, es funcional a tener un mayor crecimiento, más inclusivo, verde y sustentable. Pero esos derechos sociales cuestan plata, quienes me escuchan lo saben. Cuando uno quiere mejorar la casa cuesta plata”, aseguró.
“Y la plata del Estado viene de los impuestos, de las personas. Y si la economía no crece, tampoco crece la recaudación. Acá no hay que engañar a las personas, esto es un esfuerzo grande, y para eso necesitamos que la recaudación aumente para poder financiar aquello”, comentó.
En julio de 2022, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó un aumento mensual de 1,4%, acumulando alzas de 8,5% en lo que va del año y 13,1% a 12 meses.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió en julio un 1,4%, informó el lunes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en una variación que superó las expectativas y que fue empujada por las alzas en transportes y alimentos.
De esta manera, el IPC acumuló alzas de 8,5% en lo que va del año y 13,1% a 12 meses, en el mayor registro anualizado desde marzo de 1994.
“Diez de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, una presentó incidencia negativa y una registró nula incidencia”, dijo el INE.
“Entre las divisiones con alzas en sus precios destacaron transporte (3,4%), con 0,492 puntos porcentuales (pp.), y alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%), con 0,393 pp. La división que registró disminución en sus precios fue vestuario y calzado (-2,7%), con -0,079 pp”, agregó.
Analistas esperaban una variación de 1,3% de acuerdo con la encuesta de Bloomberg y de 1,2% según la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) que publicó hace una semana el Banco Central.
Desde la Asociación de Isapres ven con “preocupación” los dichos del director de Fonasa, Camilo Cid, quien aseguró que con la implementación del Fondo Universal de Salud se busca que estas instituciones “desaparezcan del mapa de la seguridad social”.
La Asociación de Isapres respondió a las palabras del director de Fonasa, Camilo Cid, quien aseguró que con la implementación del Fondo Universal de Salud se busca que estas instituciones “desaparezcan del mapa de la seguridad social”. A través de un comunicado, las Isapres dijeron que estos dichos generan “preocupación.
“Al resto de los cotizantes que voluntariamente suscriben al sistema, como a sus familias e hijos, las declaraciones que anuncian un término del sistema generan profunda preocupación. El país está preparado para discutir una reforma de salud, pero no para que las Isapres cierren de golpe”, dijeron desde la Asociación de Isapres.
“En ese contexto, si bien hay consenso en el diagnóstico de los problemas que afectan al sistema y sobre la necesidad de abordarlos, es necesario que los cambios sean paulatinos y no gatillados por una crisis que tenga como punto de partida el término forzoso y abrupto del sistema Isapre”, añadieron.
Precisamente la ministra de Salud, María Begoña Yarza, se refirió a las declaraciones del director de Fonasa y aseguró que los cambios, con la implementación del Fondo Universal de Salud, será paso a paso.
“Nosotros creemos que la seguridad social que hoy tenemos va a transitar a otra forma de seguridad social y allí tendremos los seguros y los seguros complementarios”, explicó Yarza.
“Este Ministerio de Salud también está empeñado que este tránsito cuide a las personas que están en las Isapres. Por tanto, el camino que hemos pensando transitar es un camino paso a paso, participando todos los incumbentes y con un foco muy primordial en el cuidado de las personas”, recalcó la titular del Minsal.
Desde la Asociación de Isapres recalcaron que actualmente están en una “situación crítica” e incluso corren riesgo de sufrir un “desenlace abrupto”.
“Creemos que el énfasis no debe estar puesto en desmantelar el sistema privado, sino en lograr que todas las personas tengan acceso a tratamientos y prestaciones de manera oportuna. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora son acciones tendientes a eliminar a las Isapres, en lugar de dar respuestas concretas a la demanda de la ciudadanía, que quiere soluciones a sus problemas de salud. Lo que uno esperaría es que, si se va a poner fin a algo en materia de salud, que sea a las listas de espera, a los problemas de falta de médicos, de eficiencia, insumos o infraestructura, que afectan diariamente a los chilenos”, acusaron.
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