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Economía

Crece el desequilibrio en las cuentas públicas: el déficit subió un 560% desde septiembre del 2019

El resultado primario cerró con un rojo de $ 167.182 millones en septiembre de este año, mientras que el resultado financiero ascendió hasta los $212.020 millones. Se paraliza la corrección fiscal y se profundiza el desequilibrio del Sector Público Nacional.

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Con la desaceleración en materia de actividad económica y el pésimo clima empresarial que inspira el gobierno de Alberto Fernández, la recaudación fiscal sigue sin mejorar y el gasto público parece no ajustarse a valores realistas. 

El dato fiscal para septiembre relevó un importante deterioro en las cuentas públicas, pues los ingresos subieron poco en términos nominales, y los gastos se dispararon. Sin contabilizar los intereses, el gasto público del Estado nacional ascendió a $612.806 millones. 

En contrapartida, los ingresos totales (explicados tanto por aumentos impositivos como por otras fuentes alternativas de financiamiento) subieron hasta los $445.625 millones, pero el dato se quedó muy atrás de las erogaciones realizadas, el rojo fiscal se transforma en un fuerte dolor de cabeza para Martín Guzmán. 

Los ingresos subieron un 34,3% interanual (en comparación con septiembre de 2019), un dato ligeramente inferior al ritmo de incremento en los precios. Por su parte, los gastos primarios subieron un imponente 71,6% interanual, más del doble que los recursos. 

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El modelo de cuarentena kirchnerista, un fracaso notorio tanto en la salud como en economía, generó importantes dificultades para las provincias, que se vieron en serios problemas a la hora de recaudar sus tributos provinciales y, por lo tanto, hacer frente a sus respectivas obligaciones. 

El Sector Público Nacional tuvo que salir al auxilio de los gobernadores. La negativa del Gobierno en permitir mayores flexibilizaciones está generando problemas fiscales estructurales en muchas provincias que no poseen suficiente capacidad como para amortiguar el shock. 

Contabilizando los intereses de deuda, el gasto público alcanzó los $657.645 millones en septiembre. Según el monto presupuestado que se plantea gastar para todo 2020, el gasto público consolidado a nivel país (considerando provincias y municipios) alcanzaría casi el 50% del PBI, una cifra históricamente alta. 

Dentro de las partidas que explican el alza en los gastos, el Gobierno aseguró que una gran parte de las erogaciones “anormalmente altas” se debieron a gastos extraordinarios en concepto de transferencias para el sector privado, esto es, el pago del IFE y el ATP. 

Los programas de asistencia, propios de la pandemia, explicaron el enorme aumento en las transferencias corrientes que tuvo que realizar el Estado. Las transferencias alcanzaron los $183.304 millones, lo que significa un aumento interanual del 188,3%. El 82% de este monto fue destinado al sector privado. 

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Por su parte, las erogaciones en concepto de prestaciones sociales (jubilaciones y pensiones no contributivas) ascendieron hasta los $364.772 millones, un aumento del 33,8% interanual. 

El aumento fue inferior a la inflación principalmente por el congelamiento de la fórmula previsional, lo cual evitó el mecanismo natural de indexación en la mayor parte de los haberes. 

Si bien se anunciaron nuevos ajustes en materia tarifaria para el mes de diciembre, lo cierto es que el Gobierno se negó a realizar correcciones este año, y las tarifas de los servicios públicos experimentaron un importante deterioro de su valor real

La consecuencia del congelamiento fue directa: el Estado tuvo que gastar $57.350 millones adicionales para cubrir las enormes pérdidas que generó la política tarifaria. Esto implica un aumento del 327,5%, y sólo aplica para cubrir costos operativos. 

La falta de inversiones podría poner en jaque a los servicios públicos.
De la mano del secretario de Energía, Darío Martínez, el Gobierno admitió que el sistema energético no será capaz de afrontar el exceso de demanda que se estima para el verano de 2021. 

Se prevén muchos cortes de luz en todo el país, algo que recuerda a la situación en la que se vivía en 2015.
Martínez culpó a la pandemia, y se desligó de cualquier tipo de responsabilidad.
 

Aseguró que se va a retornar a una política subsidiaria como la del 2015, pero que esta vez será más focalizada hacia los sectores que tengas dificultades, y no sobre zonas geográficas específicas.  

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Economía

Briones expuso su postura a favor del Rechazo y señaló que “los derechos sociales cuestan plata”

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“Si gana el Apruebo, yo no veo nada en el texto constitucional que sea proinversión, nada”, enfatizó Ignacio Briones.

Queda una semana para que se lleve a cabo el plebiscito de salida, instancia en donde la ciudadanía votará Apruebo o Rechazo a la propuesta de nueva Constitución que redactó la Convención Constitucional y que entregó de manera oficial el pasado 4 de julio al Presidente Gabriel Boric. 

El ex ministro de Hacienda y ex candidato presidencial, Ignacio Briones, fue invitado a un nuevo capítulo de Tú Decides, en donde expuso su postura a favor del Rechazo. 

En la entrevista se le preguntó cuál era su opinión opinión con respecto al plebescito, Ignacio Briones respondió que “como la inmensa mayoría de los chilenos, yo voté Apruebo con convicción y lo volvería a hacer porque creo que Chile necesita una nueva Constitución, una que signifique unidad, y esa es la principal razón por la cual yo hoy día Rechazo”.

“La verdad es que hace bastante tiempo que tomé esta decisión. Yo seguí el proceso semanalmente. Leí el borrador y el documento legal varias veces. He llegado a la convicción de que este no es un buen texto para Chile”, indicó. 

“Yo entiendo que hay legítimas opiniones distintas. Es importante reconocer esto. Esto no puede ser una batalla, una guerra campal, necesitamos respetarnos. Hay argumentos a favor y en contra. Hay cosas buenas del texto, pero a mí el agregado me parece que es un mal texto para Chile”, resaltó. 

“Sobre todo, más allá de lo técnico de cada artículo, creo que lo fundamental, y creo que así lo sienten los chilenos y chilenas, es que esta no es una Constitución de unidad. Los chilenos están divididos frente a este texto. Para mí es fundamental que podamos volver a mirar al futuro, que podamos dejar atrás este momento duro, esta crisis política que hemos tenido en Chile, y para eso se requiere unidad como condición necesaria, y este texto no lo es”, indicó. 

“Partió con 80%, y hoy día las encuestas lo dan por abajo del 50%. Entonces, démonos la chance de tener una buena Constitución que nos una, que nos permita mirar a futuro. Creo que ese es el llamado”, agregó. 

Qué propone económicamente la nueva Constitución 

Tras los aumentos en el costo de la vida, uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía es el ámbito económico en la propuesta de nueva Constitución que se votará el 4 de septiembre. 

Sobre esto, el ex ministro Ignacio Briones aseguró que “yo creo que es muy importante cuando uno habla de economía aterrizar el concepto, porque para muchas personas la economía aparece como algo distante, lejano, y la verdad es que nos toca en el día a día”.

“Las familias hoy en día lo saben. La inflación les pega fuerte. Saben también que si la economía no anda bien, las pegas no andan bien, los emprendimientos no andan bien”, afirmó. 

“Este texto constitucional, y lo voy a decir con toda franqueza, no tiene nada que sea pro crecimiento ni pro inversión. Eso lo necesitamos como nunca. Necesitamos generar empleo, mirar para adelante e inversión. La verdad es que esto se hace cuesta arriba, pero aún más”, señaló. 

“Todos queremos avanzar en derechos sociales. Yo comparto eso, creo que es una de las cosas buenas de la Constitución, sin prejuicio que difiero en la bajada. Pero el objetivo lo comparto al 100%. Necesitamos más igualdad, una cancha más pareja”, aseveró.

“Necesitamos entender que avanzar en derechos sociales no es incompatible, por el contrario, es funcional a tener un mayor crecimiento, más inclusivo, verde y sustentable. Pero esos derechos sociales cuestan plata, quienes me escuchan lo saben. Cuando uno quiere mejorar la casa cuesta plata”, aseguró. 

“Y la plata del Estado viene de los impuestos, de las personas. Y si la economía no crece, tampoco crece la recaudación. Acá no hay que engañar a las personas, esto es un esfuerzo grande, y para eso necesitamos que la recaudación aumente para poder financiar aquello”, comentó. 

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Economía

Inflación no cede en julio: IPC sube un 1,4% por la presión en las alzas en transportes y alimentos

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En julio de 2022, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó un aumento mensual de 1,4%, acumulando alzas de 8,5% en lo que va del año y 13,1% a 12 meses.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió en julio un 1,4%, informó el lunes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en una variación que superó las expectativas y que fue empujada por las alzas en transportes y alimentos.

De esta manera, el IPC acumuló alzas de 8,5% en lo que va del año y 13,1% a 12 meses, en el mayor registro anualizado desde marzo de 1994. 

“Diez de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, una presentó incidencia negativa y una registró nula incidencia”, dijo el INE.

“Entre las divisiones con alzas en sus precios destacaron transporte (3,4%), con 0,492 puntos porcentuales (pp.), y alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%), con 0,393 pp. La división que registró disminución en sus precios fue vestuario y calzado (-2,7%), con -0,079 pp”, agregó.  

Analistas esperaban una variación de 1,3% de acuerdo con la encuesta de Bloomberg y de 1,2% según la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) que publicó hace una semana el Banco Central.

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Economía

Asociación de Isapres advierte que el país no está preparado para que las instituciones privadas “cierren de golpe”

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Desde la Asociación de Isapres ven con “preocupación” los dichos del director de Fonasa, Camilo Cid, quien aseguró que con la implementación del Fondo Universal de Salud se busca que estas instituciones “desaparezcan del mapa de la seguridad social”.

La Asociación de Isapres respondió a las palabras del director de Fonasa, Camilo Cid, quien aseguró que con la implementación del Fondo Universal de Salud se busca que estas instituciones “desaparezcan del mapa de la seguridad social”. A través de un comunicado, las Isapres dijeron que estos dichos generan “preocupación.

“Al resto de los cotizantes que voluntariamente suscriben al sistema, como a sus familias e hijos, las declaraciones que anuncian un término del sistema generan profunda preocupación. El país está preparado para discutir una reforma de salud, pero no para que las Isapres cierren de golpe”, dijeron desde la Asociación de Isapres.

“En ese contexto, si bien hay consenso en el diagnóstico de los problemas que afectan al sistema y sobre la necesidad de abordarlos, es necesario que los cambios sean paulatinos y no gatillados por una crisis que tenga como punto de partida el término forzoso y abrupto del sistema Isapre”, añadieron.

Precisamente la ministra de Salud, María Begoña Yarza, se refirió a las declaraciones del director de Fonasa y aseguró que los cambios, con la implementación del Fondo Universal de Salud, será paso a paso.

“Nosotros creemos que la seguridad social que hoy tenemos va a transitar a otra forma de seguridad social y allí tendremos los seguros y los seguros complementarios”, explicó Yarza. 

“Este Ministerio de Salud también está empeñado que este tránsito cuide a las personas que están en las Isapres. Por tanto, el camino que hemos pensando transitar es un camino paso a paso, participando todos los incumbentes y con un foco muy primordial en el cuidado de las personas”, recalcó la titular del Minsal.

Desde la Asociación de Isapres recalcaron que actualmente están en una “situación crítica” e incluso corren riesgo de sufrir un “desenlace abrupto”.

“Creemos que el énfasis no debe estar puesto en desmantelar el sistema privado, sino en lograr que todas las personas tengan acceso a tratamientos y prestaciones de manera oportuna. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora son acciones tendientes a eliminar a las Isapres, en lugar de dar respuestas concretas a la demanda de la ciudadanía, que quiere soluciones a sus problemas de salud. Lo que uno esperaría es que, si se va a poner fin a algo en materia de salud, que sea a las listas de espera, a los problemas de falta de médicos, de eficiencia, insumos o infraestructura, que afectan diariamente a los chilenos”, acusaron.

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