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Chile

UDI mete presión para comenzar a implementar el test de drogas en el Congreso

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“No hay argumento que justifique este retraso”, señala el diputado UDI Juan Antonio Coloma. La comisión de Constitución debe despachar el texto por completo para que finalmente este sea votado en la Sala el miércoles.

Para la sesión ordinaria de este miércoles 29 de junio está en tabla la votación en Sala de la Cámara de Diputados del reglamento de Test de Drogas para los miembros del Congreso.

Esta medida -que quedó establecida en el Presupuesto 2022- todavía no ha podido ser llevada a cabo, dada la inexistencia justamente de los alcances del proceso, es decir, del reglamento.

La discusión, en ese sentido, ha tensionado a la Cámara de Diputados, pues, pese a que ya casi ha pasado un semestre desde que entró en vigencia la implementación del Test de Drogas, aún no ha existido acuerdo entre los diputados en aspectos como sobre qué tipo de test realizar -saliva, orina o pelo-, si habrá o no una diferenciación de tipo de drogas al momento de ser detectadas; si se establecerá una obligación legal de hacerlo; qué objetivos se acordarán para la realización de test de drogas; las respectivas sanciones, entre otros.

“Durante la tramitación de la ley, hemos visto una especial resistencia por parte del Frente Amplio y hacemos un llamado a no seguir dilatando la aplicación de una ley que ya aprobamos”, dice el diputado UDI Juan Antonio Coloma, impulsor de la medida e integrante de la comisión de Constitución, instancia en la que este martes se debe votar el reglamento para luego ser discutido en Sala al día siguiente.

El parlamentario agrega: “Esperamos que el reglamento sea despachado este martes de la comisión para poder ser votado el miércoles en Sala, o sino habremos perdido otro mes. No hay argumento que justifique este retraso: hay vigencia de esta medida, desde enero 2022, y aún no nos hacemos ni un test de drogas”.

Desde el Frente Amplio, sin embargo, niegan que exista dilación del tema. La diputada Catalina Pérez (RD), en la sesión de la comisión de Constitución del pasado 14 de junio, sostuvo incluso que votaría a favor del reglamento. “De lado y lado aquí existe una disposición unánime de regular este tema y de combatir el narcotráfico y de dotar de más transparencia a esta corporación”, dijo y añadió que “no quiero que se instale por la prensa que ha habido voluntad de dilación de este tema o de que hay una suerte de trinchera entre quien quiere regular y quien no”.

La presidenta de la comisión de Constitución, Karol Cariola (PC), asimismo, ha negado dilación del tema.

Pamela Jiles, en todo caso, también ha acusado a diputados del Frente Amplio de oponerse a una medida que, ha dicho la diputada, es exigida por la ciudadanía.

Este martes, en la comisión de Constitución se debe votar el reglamento en general y en particular. “Lo más relevante es acordar, en primer lugar, que el test que se realice sea un test de pelo, para evitar suspicacias respecto de su aplicación. Y segundo: ¿Qué sacamos con que haya parlamentarios que sean positivos y que luego puedan votar, por ejemplo, leyes en materia de tráfico y consumo de estupefacientes?”, sostiene Coloma en torno a las indicaciones que ha presentado la centroderecha.

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Seremi de Salud Araucanía defenderá la contratación del condenado por el incendio del camión forestal

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Pascual Pichún Collonao fue contratado como periodista de la repartición regional y el seremi Andrés Cuyul defendió su puesto: “Tuvo un problema judicial, él cumplió condena, cumplió con los requisitos y no tiene ninguna inhabilidad para ejercer cargos públicos”.

El diputado Miguel Mellado ofició la ministra de Salud, Begoña Yarza, a causa de una contratación que se realizó en la Seremi de Salud de La Araucanía.

De acuerdo a lo informado por Radio Biobío, el seremi de la región, Andrés Cuyul, reconoció la contratación de Pascual Pichún Collonao dentro de la repartición gubernamental.

Pichún es hermano de Juan Pichún –uno de los voceros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM)- y además fue condenado a una pena de cinco años de cárcel en 2003 por el delito de incendio tras quemar un camión forestal.

Al respecto, el seremi señaló que Pichún “es periodista, él es padre de familia. Él hace tiempo, el año 2003, tuvo un problema judicial, él cumplió condena, cumplió con los requisitos y no tiene ninguna inhabilidad para ejercer cargos públicos”.

“Por lo tanto, así como muchas personas que han tenido proceso de rehabilitación, él está inserto en la sociedad y está trabajando en un servicio público”, añadió.

Consultado sobre si Pichún perteneció a la CAM, Cayul aseguró que “no, él no tiene militancia en la CAM para nada”.

Por su parte, Mellado señaló que “hemos oficiado a la ministra para que informe si esta persona presentó, como todo trabajador público, los antecedentes que este posee, su título profesional, si fue por concurso público o si fue a dedo”.

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Ministro Jackson: “Hay forestales que están vendiendo los predios tomados (…) se puede generar un win-win”

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El ministro abordó la situación de la restitución de tierras indígenas y aseguró que muchas forestales “lo único que quieren es vender los terrenos e irse para otro lado donde no haya conflicto, y también les conviene”.

Una serie de repercusiones en el oficialismo y en la oposición generó la entrevista del ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, realizada en la plataforma Twitch.

En la instancia, el secretario de Estado abordó el rol del gobierno de Gabriel Boric en relación a las administraciones que los antecedieron.

Al respecto, aseguró que “nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político, como la centro izquierda y la izquierda, yo creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza”.

Del mismo modo, Jackson realizó algunas reflexiones en torno a la propuesta de nueva Constitución, especialmente en materia de tierras indígenas.

Sobre este punto, aseguró que “el Estado va a tener que tomar una política proactiva, con un esquema claro de cuándo se va a terminar este conflicto, es decir, de cuál es el alcance del conflicto y de la deuda, no para que esto sea permanente sino que para que pueda tener un fin. En ese momento, uno entra a ver qué herramientas puede echar”.

A su vez, aseguró que “muchas veces las personas van a querer vender. De hecho, hay muchas forestales que están vendiendo porque no les sirve de nada tener los predios tomados, y los tienen en conflicto”.

“Lo único que quieren es venderlos e irse para otro lado donde no haya conflicto. Y también les conviene. Uno puede generar una situación de win-win“, añadió Jackson.

Finalmente, recalcó que “yo diría que, en este tema en particular, lo más importante es que lleguemos a un acuerdo. Independiente que sea esta Constitución o una que se genere después, tiene que haber un acuerdo, porque o si no el conflicto va a seguir vivo, y nadie quiere que siga”.

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Por “política de austeridad”, Cancillería pide a embajadas chilenas “abstenerse” de actos por Fiestas Patrias

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A través de una circular firmada por la subsecretaria Ximena Fuentes, el ministerio pidió mantener los criterios de “austeridad” en el gasto fiscal.

Una circular enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores comenzó a darse a conocer en los últimos días, a pocas semanas de la celebración de Fiestas Patrias.

El documento fue firmado por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, quien solicitó a todos los funcionarios del ministerio que se abstengan de organizar eventos en el marco de la celebración de las Fiestas Patrias que signifiquen gasto fiscal.

Lo anterior, está indicado con miras a respetar el instructivo de austeridad y eficiencia que ha impulsado el Gobierno durante los últimos meses.

Fuentes indicó en la circular que “en el marco de la política de austeridad y eficiencia de recursos fiscales, instruidas por la Presidencia de la República, junto con reiterar que su plena aplicación es obligatoria, se reitera el punto 8 del documento adjunto”.

En dicho documento, en el apartado de “gastos en representación, protocolo y ceremonial“, se indica que “los ministerios y servicios no podrán realizar celebraciones generales ni aniversarios que impliquen desembolsar gasto fiscal. En virtud de lo anterior, no se podrá arrendar infraestructura para actividades institucionales”.

Por dicho motivo, la circular recalca que “se solicita a las y los jefes de Misión abstenerse de realizar celebraciones de Fiestas Patrias”.

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