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Los exministros de Piñera trabajan para frenar acusación contra Siches

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Apenas el Partido Republicano anunció la ofensiva que busca juzgar a la ministra del Interior, figuras como Jaime Bellolio, Max Pavez, Karla Rubilar y Juan José Ossa intentaron persuadir a la bancada de desechar la idea. Argumentos, dicen, hay varios, sobre todo, no convertirse en la oposición que fueron en la izquierda.

Cuando el pasado 17 de mayo buena parte de los diputados de la bancada del Partido Republicano anunciaba desde Valparaíso una acusación constitucional contra la titular de Interior, Izkia Siches, exministros del gobierno de Sebastián Piñera comentaron el hecho y lo consideraron, de inmediato, un error.

Las exautoridades, en ese sentido, estaban en línea con los dirigentes ahora opositores de Chile Vamos, el bloque con el que gobernaron. Al día siguiente del anuncio de los republicanos, una veintena de diputados de centroderecha salieron en duros términos a rechazar la acción desde el Congreso. El diputado de Evópoli Francisco Undurraga catalogó la ofensiva como una “pésima actuación política de un partido de derecha”. La idea de los republicanos, así, fue desahuciada en bloque.

La puesta en escena de Chile Vamos no fue la única acción política y, además de que los diputados sostuvieron conversaciones informales con sus pares del Partido Republicano sobre la ofensiva contra Siches, exministros de Piñera en ese momento comenzaron a tomar contacto con dirigentes del partido que fundó José Antonio Kast.

Jaime Bellolio (UDI), exministro de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), por su parte, se comunicó telefónicamente con dirigentes como Arturo Squella (exUDI, secretario general del Partido Republicano) y diputados de la bancada. Juan José Ossa (RN), extitular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y Karla Rubilar, exministra de la Segegob y de Desarrollo Social, hicieron lo propio igualmente con parlamentarios y dirigentes. Raúl Figueroa, exministro de Educación, en tanto, envió un mensaje por WhatsApp a un liderazgo del Partido Republicano.

Max Pavez, exsubsecretario de la Segpres, por su parte, incluso llamó directamente a José Antonio Kast, pues entre ellos existe un nexo político mayor: Pavez fue su jefe de gabinete mientras ejerció como diputado. El exsubsecretario se comunicó también, comentan, con el jefe de bancada de los republicanos, Cristóbal Urruticoechea, y otros diputados como Harry Jürgensen. Ambos fueron parte de Chile Vamos en el periodo legislativo anterior.

Según comentan, las exautoridades intentaron persuadir a los republicanos, pues tenían el antecedente de que la bancada de los 15 no tenía unanimidad sobre acusar constitucional a Siches, idea que ha sido descartada de plano por la colectividad.

Igualmente, por esos días, en la Cámara de Diputados se discutía una acusación constitucional contra el excanciller Andrés Allamand -que fracasó-, lo que, dijeron en ese momento, podía complicar su destino, si es que la derecha impulsaba dicha ofensiva en contra de la ministra. Pese a esto, hasta esta semana, algunas exautoridades han seguido transmitiendo que esta herramienta es una mala idea para este momento.

Fuentes cercanas al expresidente Piñera, sin embargo, descartan que sea el propio exmandatario el que haya dado algún tipo de orden o que él esté haciendo gestiones al respecto.

Los argumentos para frenar la acusación

En las conversaciones, las exautoridades han manifestado una serie de argumentos para evitar esta ofensiva contra Siches. El primero -y quizás el que encuentra mayor eco y peso entre los exministros- es que la derecha no debe replicar el tipo de oposición que fue la izquierda durante el gobierno de Piñera. Una “obstruccionista”, han señalado, que utilizó nueve acusaciones constitucionales para hacer “puntos políticos” en vez de ser presentadas con el fin de demostrar que la autoridad ha infringido efectivamente la Constitución.

No solo eso, el diagnóstico de las exautoridades es que se ha logrado instalar en la opinión pública que el Frente Amplio se comporta de una manera distinta al ser oposición u oficialismo. “El gobierno se ha visto acorralado con sus cambios de opinión”, dice un exministro. En esa línea, recalcan, este gobierno ha reflotado “lo mala oposición” que, a su juicio, fueron. Por tanto, concluyen, el sector no debe prestarse para ser ese tipo de oposición.

Otros argumentos responden a que esto solo puede unir a la izquierda y convertir esta ofensiva en la retórica del Apruebo y del Rechazo, de cara al plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre. “Esta es la campaña del Rechazo”, temen que se esgrima desde La Moneda, por lo que se podría lograr no solo una victimización de Siches sino también del gobierno. Sobre todo, en línea, comentan, de lo difícil que es, hasta ahora, que la acusación llegue a prosperar en su votación en Sala. Exministros pidieron a los republicanos incluso postergar la acción luego del plebiscito, justamente para evitar que la discusión política se torne en dicha línea.

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Senado rechaza designación de Gonzalo Fuenzalida y Alejandra Precht para integrar el Tribunal Constitucional

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La nominación no superó el quórum de 2/3 en la Cámara Alta, por lo que todavía no se pueden llenar los cupos dejados por los ministros Juan José Romero y Gonzalo García.

El Senado votó esta tarde la nominación de dos personas que buscaban integrar el Tribunal Constitucional como nuevos ministros.

Se trata del ex diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida y de la abogada Alejandra Precht para llenar los cupos en el tribunal.

Finalmente, la nominación no alcanzó el quórum necesario para que fueran aprobados, ya que solo obtuvieron 21 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones.

Ambos nombres se cayeron a pesar que el pasado 6 de abril, la Cámara de Diputadas y Diputado había aprobado su llegada por 111 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones.

Ambos habían sido propuestos en los dos cargos que debe llenar el Congreso en el TC para reemplazar los cupos dejados por los ministros Juan José Romero y Gonzalo García.

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Cámara vota hoy proyecto que establece test de drogas para diputados: no todos los resultados serían públicos

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Desde la oposición, de todos modos, dijeron que repondrían esta indicación en la sala de la cámara, donde se votará el reglamento de implementación del test antidrogas a los parlamentarios.

La Comisión de Constitución rechazó, este martes, que los resultados de los test de drogas que serán implementados en el Congreso sean públicos. La instancia está definiendo cómo se implementará la medida que aún no es llevada a cabo.

Seis diputados y diputadas votaron a favor de que los resultados de los test de drogas fueran públicos, mientras que otros siete parlamentarios y parlamentarias se abstuvieron, lo que generó el rechazo de la medida.

El diputado del Partido Socialista (PS) Leonardo Soto cuestionó la propuesta y pidió “no hacer un show” del test de drogas, sino que darle un “tratamiento serio y responsable”.

“Hay que evitar transformar esto en un circo y darle el tratamiento serio que corresponde. Los resultados de esto van a ser conocidos por las autoridades correspondientes de la cámara, y esa es la transparencia que se usa hoy en el Estado”, expresó.

La medida ha sido impulsada por la UDI y la diputada del Partido Humanista (PH) Pamela Jiles, quienes dijeron que intentarán reponer esta indicación en la sala de la cámara baja para que los resultados de los test de drogas sean públicos.

La Comisión de Constitución aprobó realizar test aleatorios de drogas en distintos periodos del año, lo que aseguraría que cada parlamentario debería someterse al examen al menos dos veces al año.

En caso de que algún parlamentario de positivo a un test, serán inhabilitados para votar en normas relacionadas a las drogas.

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UDI mete presión para comenzar a implementar el test de drogas en el Congreso

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“No hay argumento que justifique este retraso”, señala el diputado UDI Juan Antonio Coloma. La comisión de Constitución debe despachar el texto por completo para que finalmente este sea votado en la Sala el miércoles.

Para la sesión ordinaria de este miércoles 29 de junio está en tabla la votación en Sala de la Cámara de Diputados del reglamento de Test de Drogas para los miembros del Congreso.

Esta medida -que quedó establecida en el Presupuesto 2022- todavía no ha podido ser llevada a cabo, dada la inexistencia justamente de los alcances del proceso, es decir, del reglamento.

La discusión, en ese sentido, ha tensionado a la Cámara de Diputados, pues, pese a que ya casi ha pasado un semestre desde que entró en vigencia la implementación del Test de Drogas, aún no ha existido acuerdo entre los diputados en aspectos como sobre qué tipo de test realizar -saliva, orina o pelo-, si habrá o no una diferenciación de tipo de drogas al momento de ser detectadas; si se establecerá una obligación legal de hacerlo; qué objetivos se acordarán para la realización de test de drogas; las respectivas sanciones, entre otros.

“Durante la tramitación de la ley, hemos visto una especial resistencia por parte del Frente Amplio y hacemos un llamado a no seguir dilatando la aplicación de una ley que ya aprobamos”, dice el diputado UDI Juan Antonio Coloma, impulsor de la medida e integrante de la comisión de Constitución, instancia en la que este martes se debe votar el reglamento para luego ser discutido en Sala al día siguiente.

El parlamentario agrega: “Esperamos que el reglamento sea despachado este martes de la comisión para poder ser votado el miércoles en Sala, o sino habremos perdido otro mes. No hay argumento que justifique este retraso: hay vigencia de esta medida, desde enero 2022, y aún no nos hacemos ni un test de drogas”.

Desde el Frente Amplio, sin embargo, niegan que exista dilación del tema. La diputada Catalina Pérez (RD), en la sesión de la comisión de Constitución del pasado 14 de junio, sostuvo incluso que votaría a favor del reglamento. “De lado y lado aquí existe una disposición unánime de regular este tema y de combatir el narcotráfico y de dotar de más transparencia a esta corporación”, dijo y añadió que “no quiero que se instale por la prensa que ha habido voluntad de dilación de este tema o de que hay una suerte de trinchera entre quien quiere regular y quien no”.

La presidenta de la comisión de Constitución, Karol Cariola (PC), asimismo, ha negado dilación del tema.

Pamela Jiles, en todo caso, también ha acusado a diputados del Frente Amplio de oponerse a una medida que, ha dicho la diputada, es exigida por la ciudadanía.

Este martes, en la comisión de Constitución se debe votar el reglamento en general y en particular. “Lo más relevante es acordar, en primer lugar, que el test que se realice sea un test de pelo, para evitar suspicacias respecto de su aplicación. Y segundo: ¿Qué sacamos con que haya parlamentarios que sean positivos y que luego puedan votar, por ejemplo, leyes en materia de tráfico y consumo de estupefacientes?”, sostiene Coloma en torno a las indicaciones que ha presentado la centroderecha.

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