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Chile

La Convención le impuso sus tiempos al Poder Legislativo y propone dictar leyes sin que el Congreso las apruebe

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En una de las enmiendas que patrocinaron los colectivos de izquierda se dejó estipulado que si en un plazo de dos años los parlamentarios no despachan la legislación que crea el nuevo Consejo de la Justicia, “se tendrá por aprobado el proyecto presentado por el Presidente”. Esta disposición, a pesar de que aplica solo para un caso concreto, se suma a una serie de otros artículos en los cuales se pretende limitar el actuar de los congresistas para así evitar que bloqueen o dilaten la tramitación de los asuntos necesarios para implementar la nueva Constitución.

Luego de un largo proceso de negociación entre los colectivos de izquierda, antes de las 23.59 de este martes, los convencionales que integran la Comisión de Normas Transitorias ingresaron las indicaciones para los artículos que regularán la futura transición constitucional. Esta es la primera presentación de enmiendas a estas disposiciones que, previamente, habían sido aprobadas en general por las comisiones temáticas.

Por lo mismo, se trata de la primera señal política de los constituyentes de la instancia para mostrar cómo están enfocando los artículos transitorios. Tal como habían adelantado los propios convencionales, uno de los temas más relevantes apunta a la necesidad de regular la manera en que el Congreso deberá legislar las leyes que se necesitan para que la Constitución no se transforme en letra muerta.

¿Una Constitución que se transforme en letra muerta? La alerta que se instaló en la Comisión de Normas Transitorias

Las indicaciones que patrocinaron las izquierdas tienen un foco claro: el ánimo de la Convención será el de imponer los plazos al Poder Legislativo. El objetivo, comentan los constituyentes, es asegurarse de tener la garantía de que el Congreso no bloquee o demore los cambios que necesita la nueva Carta Fundamental.

Además de dictar plazos específicos sobre la cantidad de años en la que debe aprobarse una ley, también entregaron instrucciones al Ejecutivo sobre cuándo debe poner una urgencia legislativa. En esa misma línea, incluyeron la opción de que un proyecto de ley pueda aprobarse sin necesidad de que el Congreso lo despache.

Esta última situación se da en un caso concreto: el Consejo de la Justicia. La indicación sobre este transitorio plantea lo siguiente: “Dentro del año siguiente a la promulgación de la presente Constitución, el Poder Ejecutivo deberá presentar un proyecto de ley que regule la organización y funcionamiento del Consejo de la Justicia. Si dentro de los dos años siguientes al inicio de su tramitación el proyecto no hubiese sido despachado por el Poder Legislativo, se tendrá por aprobado el proyecto presentado por el Presidente”.

Un hecho similar ocurre con materias vinculadas al sistema electoral. “Mientras no se promulgue la legislación electoral, el Servicio Electoral deberá implementar las reglas electorales sobre paridad y escaños reservados utilizadas en la elección de los convencionales constituyentes para la elección de los y las integrantes del Congreso de Diputados y Diputadas”, se lee en la enmienda.

Respecto del Estado regional, los convencionales optaron por el mismo camino. Piden un plazo de dos años para tramitar las leyes que regulan la “autonomía financiera y la descentralización fiscal de las entidades territoriales”. Además, agregan que “si al 31 de marzo de 2024 no se hubieren expedido las normas legales, el gobierno procederá a hacer presente la urgencia para la tramitación y despacho del proyecto de ley”. Junto con eso, dejan claro que “el Poder Legislativo no podrá diferir más allá de los plazos indicados en los incisos anteriores”.

En la propuesta de transitorios, en todo caso, no se señala nada respecto a si el Ejecutivo no cumple con los plazos establecidos para ingresar al Congreso los proyectos de ley.

Saltarse al Congreso: “Es profundamente antidemocrático”

La enmienda del Consejo de la Justicia es una de las que más ruido provocaron al interior de la Convención. La indicación forma parte de un largo listado y fue patrocinada por todos los colectivos de izquierda: Frente Amplio, Colectivo del Apruebo, Colectivo Socialista, Independientes No Neutrales, Chile Digno, Coordinadora Plurinacional, Pueblo Constituyente, Movimientos Social y escaños reservados.

La idea despertó duras críticas de parlamentarios, académicos y constituyentes. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, señaló que, preliminarmente, no tiene “mayor problema con la existencia de plazos, nosotros tenemos mucha más experiencia legislativa y cumpliremos nuestro rol con eficiencia”. Sin embargo, a Soto le preocupan “las señales de excesiva confianza con el Ejecutivo y de gran desconfianza con el Congreso”, ya que para él “ambas son erróneas y preocupantes si queremos una buena transición constitucional, ya que cada poder del Estado debe cumplir con su función y la Convención debe ser respetuosa de aquello”.

En ese sentido, el parlamentario criticó la posibilidad de saltarse al Congreso. “Aplicar una especie de ‘silencio positivo’ en materia de tramitación y aprobación de leyes es desconocimiento absoluto de los procesos legislativos y sus efectos. Además, es profundamente antidemocrático. Respecto del sistema electoral, por cierto que ese y otros temas serán prioritarios para nosotros. El rol del Servel es hacer cumplir la ley electoral, no crearla. No tiene ni debe tener facultades legislativas, es innecesario y absurdo”, manifestó.

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Senado rechaza designación de Gonzalo Fuenzalida y Alejandra Precht para integrar el Tribunal Constitucional

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La nominación no superó el quórum de 2/3 en la Cámara Alta, por lo que todavía no se pueden llenar los cupos dejados por los ministros Juan José Romero y Gonzalo García.

El Senado votó esta tarde la nominación de dos personas que buscaban integrar el Tribunal Constitucional como nuevos ministros.

Se trata del ex diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida y de la abogada Alejandra Precht para llenar los cupos en el tribunal.

Finalmente, la nominación no alcanzó el quórum necesario para que fueran aprobados, ya que solo obtuvieron 21 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones.

Ambos nombres se cayeron a pesar que el pasado 6 de abril, la Cámara de Diputadas y Diputado había aprobado su llegada por 111 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones.

Ambos habían sido propuestos en los dos cargos que debe llenar el Congreso en el TC para reemplazar los cupos dejados por los ministros Juan José Romero y Gonzalo García.

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Cámara vota hoy proyecto que establece test de drogas para diputados: no todos los resultados serían públicos

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Desde la oposición, de todos modos, dijeron que repondrían esta indicación en la sala de la cámara, donde se votará el reglamento de implementación del test antidrogas a los parlamentarios.

La Comisión de Constitución rechazó, este martes, que los resultados de los test de drogas que serán implementados en el Congreso sean públicos. La instancia está definiendo cómo se implementará la medida que aún no es llevada a cabo.

Seis diputados y diputadas votaron a favor de que los resultados de los test de drogas fueran públicos, mientras que otros siete parlamentarios y parlamentarias se abstuvieron, lo que generó el rechazo de la medida.

El diputado del Partido Socialista (PS) Leonardo Soto cuestionó la propuesta y pidió “no hacer un show” del test de drogas, sino que darle un “tratamiento serio y responsable”.

“Hay que evitar transformar esto en un circo y darle el tratamiento serio que corresponde. Los resultados de esto van a ser conocidos por las autoridades correspondientes de la cámara, y esa es la transparencia que se usa hoy en el Estado”, expresó.

La medida ha sido impulsada por la UDI y la diputada del Partido Humanista (PH) Pamela Jiles, quienes dijeron que intentarán reponer esta indicación en la sala de la cámara baja para que los resultados de los test de drogas sean públicos.

La Comisión de Constitución aprobó realizar test aleatorios de drogas en distintos periodos del año, lo que aseguraría que cada parlamentario debería someterse al examen al menos dos veces al año.

En caso de que algún parlamentario de positivo a un test, serán inhabilitados para votar en normas relacionadas a las drogas.

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UDI mete presión para comenzar a implementar el test de drogas en el Congreso

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“No hay argumento que justifique este retraso”, señala el diputado UDI Juan Antonio Coloma. La comisión de Constitución debe despachar el texto por completo para que finalmente este sea votado en la Sala el miércoles.

Para la sesión ordinaria de este miércoles 29 de junio está en tabla la votación en Sala de la Cámara de Diputados del reglamento de Test de Drogas para los miembros del Congreso.

Esta medida -que quedó establecida en el Presupuesto 2022- todavía no ha podido ser llevada a cabo, dada la inexistencia justamente de los alcances del proceso, es decir, del reglamento.

La discusión, en ese sentido, ha tensionado a la Cámara de Diputados, pues, pese a que ya casi ha pasado un semestre desde que entró en vigencia la implementación del Test de Drogas, aún no ha existido acuerdo entre los diputados en aspectos como sobre qué tipo de test realizar -saliva, orina o pelo-, si habrá o no una diferenciación de tipo de drogas al momento de ser detectadas; si se establecerá una obligación legal de hacerlo; qué objetivos se acordarán para la realización de test de drogas; las respectivas sanciones, entre otros.

“Durante la tramitación de la ley, hemos visto una especial resistencia por parte del Frente Amplio y hacemos un llamado a no seguir dilatando la aplicación de una ley que ya aprobamos”, dice el diputado UDI Juan Antonio Coloma, impulsor de la medida e integrante de la comisión de Constitución, instancia en la que este martes se debe votar el reglamento para luego ser discutido en Sala al día siguiente.

El parlamentario agrega: “Esperamos que el reglamento sea despachado este martes de la comisión para poder ser votado el miércoles en Sala, o sino habremos perdido otro mes. No hay argumento que justifique este retraso: hay vigencia de esta medida, desde enero 2022, y aún no nos hacemos ni un test de drogas”.

Desde el Frente Amplio, sin embargo, niegan que exista dilación del tema. La diputada Catalina Pérez (RD), en la sesión de la comisión de Constitución del pasado 14 de junio, sostuvo incluso que votaría a favor del reglamento. “De lado y lado aquí existe una disposición unánime de regular este tema y de combatir el narcotráfico y de dotar de más transparencia a esta corporación”, dijo y añadió que “no quiero que se instale por la prensa que ha habido voluntad de dilación de este tema o de que hay una suerte de trinchera entre quien quiere regular y quien no”.

La presidenta de la comisión de Constitución, Karol Cariola (PC), asimismo, ha negado dilación del tema.

Pamela Jiles, en todo caso, también ha acusado a diputados del Frente Amplio de oponerse a una medida que, ha dicho la diputada, es exigida por la ciudadanía.

Este martes, en la comisión de Constitución se debe votar el reglamento en general y en particular. “Lo más relevante es acordar, en primer lugar, que el test que se realice sea un test de pelo, para evitar suspicacias respecto de su aplicación. Y segundo: ¿Qué sacamos con que haya parlamentarios que sean positivos y que luego puedan votar, por ejemplo, leyes en materia de tráfico y consumo de estupefacientes?”, sostiene Coloma en torno a las indicaciones que ha presentado la centroderecha.

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