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Chile

José Miguel Vivanco criticó a Michelle Bachelet por “no condenar las violaciones a los DD.HH. en China”

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El abogado chileno además criticar parte de la gestión de la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “Ejerció este rol con un énfasis fundamentalmente de manejo diplomático, como un diplomático más de Naciones Unidas”, dice.

«No ha sido una transición fácil”, dice José Miguel Vivanco, exdirector de la división de las Américas de Human Right Watch. El hombre que durante 30 años dirigió la organización que lo llevó a enfrentarse a autoridades como Fidel Castro y Hugo Chávez por la violación a los derechos humanos, hoy está definiendo su futuro. En esta oportunidad hizo especial énfasis en la gestión de Bachelet frente a los derechos humanos (DD HH) en China.

«Pasar de eso al silencio es un cambio muy radical, donde tienes que generar y organizar independientemente tus actividades», dice al otro lado de la pantalla desde Washington DC. Asesorías, trabajos con algunos think tanks relacionados con la política exterior y la academia, son algunas de las ofertas que está barajando. “Es un grato reto armar algo luego de tantos años”, concluye.

Entre sus análisis sobre política exterior, muestra preocupación por un nuevo escenario de Guerra Fría. Además, señala que en América Latina ya “galopa el populismo autoritario” y una creciente presencia y politización de los militares.

Postura de Bachelet sobre los DD HH en China

Pero sobre todo, dice que su preocupación “fundamental” es China y cómo se está complicando a gran velocidad las relaciones entre el Oeste y China, además, de la indefinición de los chinos sobre la invasión rusa.

A propósito de China, ¿usted también es crítico de la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidad Michelle Bachelet a dicho país?

R- Sí, por varios motivos. En China se están cometiendo delitos atroces, tan graves que los podemos perfectamente calificar como crímenes de lesa humanidad, especialmente contra la minoría musulmana, los uigur, en Xinjiang.

Hay muchas denuncias de torturas, en centros de detención que el gobierno chino describe como “centros de formación vocacional”. ¿Qué hizo Bachelet estando en China? Se refirió en los mismos términos al concepto que usa el gobierno chino para aludir a estos supuestos centros. Bachelet nunca condenó las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidos en China. Todo esto me parece profundamente decepcionante porque justamente el sentido que tiene el mandato de Bachelet como alta comisionada para los Derechos Humanos es ser capaz de llamar las cosas por su nombre y denunciar incluso ante los países poderosos.

—¿Termina empañado su legado?

R- El problema que ha tenido la gestión de Bachelet, no solo con respecto a los DD HH en de China sino en general, es que nunca logró sacudirse del rol o de la percepción de su gestión como jefa de Estado, y nunca asumió las tareas que impone un cargo como ese. Ella siempre se vio a sí misma como Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, ejerciendo esa tarea. Y eso es parte del problema.

Ejerció este rol con un énfasis fundamentalmente de manejo diplomático, como un diplomático más de Naciones Unidas. Privilegió el acceso a gobiernos de toda índole, por sobre las tareas que son complejas y que debe cumplir un alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Eso la llevó a mostrar un desempeño mixto. Por ejemplo, Bachelet ha sido bastante clara respecto de los problemas serios que tiene en materia de derechos humanos

Estados Unidos; en la invasión rusa a Ucrania, y en Venezuela finalmente, después de unos reclamos muy fuertes de sociedad civil, viajó a dicho país.

—¿Cree que Bachelet va a lograr publicar el informe sobre los DD HH en China antes de que termine su mandato?

R- Mi temor es que los tiempos no den para que Bachelet logre entregar un informe final sobre la situación de derechos humanos (dd hh) en China, y esta materia quede inconclusa y se traslade al próximo alto comisionado.

Espero que el secretario general Guterres elija a un próximo alto comisionado de Derechos Humanos que realmente esté comprometido a ejercer el mandato.

Plebiscito «el gran dilema»

—¿Cómo ha visto el trabajo de la Convención?

R- En un esfuerzo fallido. El sectarismo de aquellos que controlan porque cuentan con mayorías ha hecho que este esfuerzo se traduzca lamentablemente en eso. De no haber tenido la capacidad para conducir un proceso donde los distintos sectores del país tengan la posibilidad de participar en términos reales.

—El nuevo borrador propone un Consejo de Justicia, ¿cómo lo ve?

R- No me parece mal, en principio. Lo que sí es un error es la composición de ese Consejo. Son ocho jueces elegidos por sus pares, dos funcionarios públicos del Poder Judicial, con dos representantes de los pueblos originarios que ya cuentan con escaños reservados y cinco representantes del Congreso. Esta composición genera inevitablemente que los ocho jueces elegidos por sus pares deban hacer campaña para ser electos, sin hablar de la distorsión y falta de justificación que representa en esto la presencia de dos representantes de los pueblos originarios. Sumado a cinco representantes del Congreso que podrían estar velando por sus intereses.

—¿Está en riesgo la independencia judicial?

R- La independencia judicial no está debidamente garantizada hoy, pero con esto se exacerba el problema y por lo tanto, se incrementa el deterioro. Se va a convertir en una instancia en donde se van a transar las carreras de los jueces entre políticos, jueces y burócratas.

—¿Los escaños reservados son necesarios para que los pueblos originarios se sientan representados?

R- No me parece malo de por sí, pero la forma genera un problema serio. Lo que deberían haber hecho es garantizar esos escaños en función de la representación efectiva que tendrían aquellos que votan. Lo que va a suceder ahora es que podría haber una mayoría, pero que, por esta distorsión que genera la sobrerrepresentación de los escaños originarios en el Congreso, terminen siendo minoría en el Congreso. Esto atenta contra el principio de la voluntad mayoritaria y genera ilegitimidad democrática.

—Se dice que el resultado del plebiscito será estrecho. ¿Cuánto va a afectar al clima político del país?

R- La resolución del tema constitucional está ante un tremendo dilema. Si gana el Apruebo, tal cual está, esos sectores de la centroizquierda que manifiestan su preocupación frente a algunos aspectos del texto ¿están dispuestos a votar por las reglas que se han creado y unirse a los otros sectores?

¿Se la jugarán con todo por lograr los cuatro séptimos y luego promover un plebiscito que busque hacer las reformas imprescindibles a este texto, para corregir los errores que tiene? ¿O se resistirán y entraremos a una etapa de división?

—¿Y si gana el Rechazo?

R- La centroderecha, que hoy se muestra dispuesta, ¿estará disponible a crear un nuevo texto o existiría la intención y tentación de atrincherarse en la Constitución del 80? Es el gran dilema, que depende de la centroizquierda y la centroderecha.

“Nunca hay que permitir ni dejar pasar el argumento de que el delito común se cometió inspirado en una motivación noble”.

“Cualquier reforma (sobre los medios) que se intente avanzar requiere de un informe serio, documentado, sobre el problema que existiría”.

—¿Y usted qué va a votar?

R- Dadas las críticas que yo tengo, las dos opciones están sobre la mesa:

“Más debate, más información, más interacción»

En su cuenta Pública, el Presidente señaló que se “requiere un sistema de medios plural y diverso que proteja el derecho a la información». Además, de un proyecto «para proteger a periodistas. ¿Este tipo de normativas ya existen en Latinoamérica?

R- Esto ha sido parte del debate público en Argentina cuando gobernaba Cristina Fernández. También por parte de Evo Morales en Bolivia y desde luego Rafael Correa en Ecuador, que no solo debatió la materia, sino que impuso reformas que afectaron el ejercicio de la libertad de expresión. Chávez en Venezuela avanzó en estos ámbitos con reclamos similares; Lula en su segundo período aludió a esta materia, pero no avanzó.

—¿Hay un riesgo para la libertad de prensa y de expresión?

R- Cualquier reforma que se intente avanzar requiere de un informe serio, documentado, sobre el problema que existiría. Hay que saber cómo se pretende enfrentar el problema, sin consignas, sino que con datos. Es útil que el gobierno entienda que tiene la tarea de hacer este informe debidamente documentado y explicar los pasos que se van a dar y cómo se evitarán los riesgos que una propuesta de esta naturaleza naturalmente genera.

—¿Los medios públicos son necesarios para una buena democracia?

R- La existencia de medios de información públicos no es mala per se. Lo importante es que estas iniciativas no sean un pretexto para crear medios de comunicación que sirvan a los intereses del gobierno de turno. Hay preguntas esenciales que, en una sociedad democrática, deben ser puestas sobre la mesa antes de avanzar en esa dirección.

—En la nueva Constitución se propone que el Estado impedirá la concentración de la propiedad de los medios. ¿Cómo debe actuar ahí el Estado?

R- Esa es una vieja polémica. Surge porque hay sectores que creen que existe un derecho general a la comunicación e intentan situar a la libertad de expresión como apenas un componente que estaría subordinado. Ellos sostienen que el Estado debe asegurarse de que haya pluralidad de medios; pero esa discusión ha ido crecientemente perdiendo dramatismo por la irrupción explosiva de las redes sociales.

—Otro fenómeno que ha pasado es la proliferación de las fake news. ¿Hay algún método para controlar esto?

R- No conozco ninguna forma. Meterle mano a este asunto genera enormes riesgos de censura y entramos a un debate sobre de qué es la verdad, quién tiene la verdad. ¿Cómo se puede decantar esta discusión y separar? Se abre una enorme oportunidad a los medios formales, porque son estos los que cuentan con equipos profesionales de periodistas que tienen la obligación de chequear. La solución es más debate, más información, más interacción.

«Indulto: Todos debemos ser regidos por las mismas reglas»

—Usted ha dicho que en Chile no existen los presos políticos, lo que en el país es una discusión abierta. ¿Lo sigue afirmando?

R- Absolutamente, no tengo dudas. Para que existan se requiere la persecución de un grupo a otro por razones políticas. En Chile lo que se investiga son hechos que pueden constituir delitos. Nunca hay que permitir ni dejar pasar el argumento de que el delito común se cometió inspirado en una motivación noble. Eso lo que hace es intentar poner un doble estándar que, en ciertas circunstancias, por la inspiración, pretende que un delito pudiera no ser ilícito.

—El Gobierno está intentando avanzar en un proyecto de ley de indulto para algunos vinculados al estallido del 2019.

R- Si se quiere legislar sobre esta materia, no hay que hacerlo selectivamente, bajo ninguna circunstancia. Eso rompe el principio del Estado de Derecho. Todos debemos ser regidos por las mismas reglas. En cambio, lo que sí hay que abordar es el manejo de la prisión preventiva, para que no se permitan excesos.

 El Presidente Boric también anunció su intención de prohibir la tenencia total de armas, ¿Cómo lo ve?

R- Lo del porte de armas es un tema de política pública, que no afecta derechos fundamentales. En Chile no existe el obstáculo que hay en Estados Unidos.

—¿Usted cree que en la macrozona sur hay terrorismo?

R- No hay que dejarse llevar por la frustración. Es delicado caracterizar un hecho ilícito como terrorismo. Sí creo que se están cometiendo graves violaciones al Código Penal.

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Seremi de Salud Araucanía defenderá la contratación del condenado por el incendio del camión forestal

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Pascual Pichún Collonao fue contratado como periodista de la repartición regional y el seremi Andrés Cuyul defendió su puesto: “Tuvo un problema judicial, él cumplió condena, cumplió con los requisitos y no tiene ninguna inhabilidad para ejercer cargos públicos”.

El diputado Miguel Mellado ofició la ministra de Salud, Begoña Yarza, a causa de una contratación que se realizó en la Seremi de Salud de La Araucanía.

De acuerdo a lo informado por Radio Biobío, el seremi de la región, Andrés Cuyul, reconoció la contratación de Pascual Pichún Collonao dentro de la repartición gubernamental.

Pichún es hermano de Juan Pichún –uno de los voceros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM)- y además fue condenado a una pena de cinco años de cárcel en 2003 por el delito de incendio tras quemar un camión forestal.

Al respecto, el seremi señaló que Pichún “es periodista, él es padre de familia. Él hace tiempo, el año 2003, tuvo un problema judicial, él cumplió condena, cumplió con los requisitos y no tiene ninguna inhabilidad para ejercer cargos públicos”.

“Por lo tanto, así como muchas personas que han tenido proceso de rehabilitación, él está inserto en la sociedad y está trabajando en un servicio público”, añadió.

Consultado sobre si Pichún perteneció a la CAM, Cayul aseguró que “no, él no tiene militancia en la CAM para nada”.

Por su parte, Mellado señaló que “hemos oficiado a la ministra para que informe si esta persona presentó, como todo trabajador público, los antecedentes que este posee, su título profesional, si fue por concurso público o si fue a dedo”.

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Ministro Jackson: “Hay forestales que están vendiendo los predios tomados (…) se puede generar un win-win”

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El ministro abordó la situación de la restitución de tierras indígenas y aseguró que muchas forestales “lo único que quieren es vender los terrenos e irse para otro lado donde no haya conflicto, y también les conviene”.

Una serie de repercusiones en el oficialismo y en la oposición generó la entrevista del ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, realizada en la plataforma Twitch.

En la instancia, el secretario de Estado abordó el rol del gobierno de Gabriel Boric en relación a las administraciones que los antecedieron.

Al respecto, aseguró que “nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político, como la centro izquierda y la izquierda, yo creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza”.

Del mismo modo, Jackson realizó algunas reflexiones en torno a la propuesta de nueva Constitución, especialmente en materia de tierras indígenas.

Sobre este punto, aseguró que “el Estado va a tener que tomar una política proactiva, con un esquema claro de cuándo se va a terminar este conflicto, es decir, de cuál es el alcance del conflicto y de la deuda, no para que esto sea permanente sino que para que pueda tener un fin. En ese momento, uno entra a ver qué herramientas puede echar”.

A su vez, aseguró que “muchas veces las personas van a querer vender. De hecho, hay muchas forestales que están vendiendo porque no les sirve de nada tener los predios tomados, y los tienen en conflicto”.

“Lo único que quieren es venderlos e irse para otro lado donde no haya conflicto. Y también les conviene. Uno puede generar una situación de win-win“, añadió Jackson.

Finalmente, recalcó que “yo diría que, en este tema en particular, lo más importante es que lleguemos a un acuerdo. Independiente que sea esta Constitución o una que se genere después, tiene que haber un acuerdo, porque o si no el conflicto va a seguir vivo, y nadie quiere que siga”.

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Por “política de austeridad”, Cancillería pide a embajadas chilenas “abstenerse” de actos por Fiestas Patrias

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A través de una circular firmada por la subsecretaria Ximena Fuentes, el ministerio pidió mantener los criterios de “austeridad” en el gasto fiscal.

Una circular enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores comenzó a darse a conocer en los últimos días, a pocas semanas de la celebración de Fiestas Patrias.

El documento fue firmado por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, quien solicitó a todos los funcionarios del ministerio que se abstengan de organizar eventos en el marco de la celebración de las Fiestas Patrias que signifiquen gasto fiscal.

Lo anterior, está indicado con miras a respetar el instructivo de austeridad y eficiencia que ha impulsado el Gobierno durante los últimos meses.

Fuentes indicó en la circular que “en el marco de la política de austeridad y eficiencia de recursos fiscales, instruidas por la Presidencia de la República, junto con reiterar que su plena aplicación es obligatoria, se reitera el punto 8 del documento adjunto”.

En dicho documento, en el apartado de “gastos en representación, protocolo y ceremonial“, se indica que “los ministerios y servicios no podrán realizar celebraciones generales ni aniversarios que impliquen desembolsar gasto fiscal. En virtud de lo anterior, no se podrá arrendar infraestructura para actividades institucionales”.

Por dicho motivo, la circular recalca que “se solicita a las y los jefes de Misión abstenerse de realizar celebraciones de Fiestas Patrias”.

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