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Chile

Estudio proyecta que implementación de la propuesta de Constitución requeriría al menos 8,9% del PIB

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El documento fue elaborado por el ex presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el ex presidente de Banco Estado, Guillermo Larraín, y los académicos Gabriel Ugarte, Andrea Bentancor y Claudia Martínez.

Investigadores del Centro de Estudios Públicos (CEP) y de distintas universidades del país elaboraron un estudio llamado “Estimaciones del Costo Fiscal Directo de la Propuesta de Nueva Constitución”.

El documento fue elaborado por académicos distintos planteles universitarios: Andrea Bentancor (U. de Talca) Claudia Martínez (PUC), el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés (PUC) y el ex presidente de Banco Estado, Guillermo Larraín (U. de Chile).

Sumados a ellos, se suman los investigadores del CEP, Gabriel Ugarte y el ex presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara.

El trabajo tiene como propósito estimar el costo fiscal incremental directo que implicaría la implementación de la propuesta de nueva Constitución que será plebiscitada el próximo 4 de septiembre.

Los autores destacan que el estudio tiene como propósito “proporcionar información de utilidad para personas que requieren más elementos a la hora de decidir su voto” junto con el análisis del gasto público que se podría producir en el país de los próximos años.

En este punto, valoran que en el borrador de la propuesta constitucional se haya incluido el artículo 132, que indica que “las finanzas públicas se conducirán conforme a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, los que guiarán el actuar del Estado en todas sus instituciones y en todos sus niveles”.

En cuanto a la metodología del estudio, destacan que es similar a la usada cuando se estiman las implicancias fiscales de un proyecto de ley a través de informes financieros o cuando se estiman los costos de un programa presidencial.

Del mismo modo, advierten que “nuestra estimación supone la aplicación plena de la propuesta de Nueva Constitución. Esto significa, por ejemplo, que asumimos que los derechos que se establecen en ella son todos plenamente satisfechos”.

Los costos de la propuesta

El estudio plantea dos escenarios base para proyectar el gasto: uno más bajo, donde se es más conservador en materia de provisión de servicios y gastos, y otro escenario de gasto alto.

En este contexto, en un escenario bajo, se plantea que el costo total anual de la implementación de la nueva Constitución será de 8,9% del Producto Interno Bruto, del cual un 7,1% será un costo en régimen y otro 1,8% corresponderá a costos por ajuste de stock en 10 años.

Por otra parte, en un escenario de gasto alto, el costo total anual será de 11,4% del PIB, que consistirá en un 11,4% que se desembolsará en régimen sumado a otro 2,7% en ajusto de stock.

Gasto por sector 

El documento también detalla la estimación de la inversión por cada uno de los principales sectores que aborda la propuesta constitucional. 

Es así, que el mayor costo total anual se lo llevará la materia de protección social, la que corresponderá a un 4,48% en un escenario de gasto bajo y a un 7.25% en un escenario alto.

En segundo lugar, se encuentra el ámbito de Salud, sobre el que se estima un gasto de 1,89% en un escenario de desembolso bajo y un 2,75% en uno alto.

En tercer lugar, está Educación, sobre la que se contempla un desembolso múnimo de 0,81% del PIB y uno máximo de 1,40%.

Por otra parte, los sectores que implicarían un menor costo son “asuntos económicos“, con un 0,04% bajo un gasto bajo y 0,05% en uno alto.

A continuación viene protección del medioambiente, con un 0,15% de gasto en un escenario bajo y 0,29% en uno alto. Finalmente, se encuentra actividades recreativas, cultural y religión, con un 0,14% bajo un gasto bajo y un 0,29% en el alto.

Chile

Seremi de Salud Araucanía defenderá la contratación del condenado por el incendio del camión forestal

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Pascual Pichún Collonao fue contratado como periodista de la repartición regional y el seremi Andrés Cuyul defendió su puesto: “Tuvo un problema judicial, él cumplió condena, cumplió con los requisitos y no tiene ninguna inhabilidad para ejercer cargos públicos”.

El diputado Miguel Mellado ofició la ministra de Salud, Begoña Yarza, a causa de una contratación que se realizó en la Seremi de Salud de La Araucanía.

De acuerdo a lo informado por Radio Biobío, el seremi de la región, Andrés Cuyul, reconoció la contratación de Pascual Pichún Collonao dentro de la repartición gubernamental.

Pichún es hermano de Juan Pichún –uno de los voceros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM)- y además fue condenado a una pena de cinco años de cárcel en 2003 por el delito de incendio tras quemar un camión forestal.

Al respecto, el seremi señaló que Pichún “es periodista, él es padre de familia. Él hace tiempo, el año 2003, tuvo un problema judicial, él cumplió condena, cumplió con los requisitos y no tiene ninguna inhabilidad para ejercer cargos públicos”.

“Por lo tanto, así como muchas personas que han tenido proceso de rehabilitación, él está inserto en la sociedad y está trabajando en un servicio público”, añadió.

Consultado sobre si Pichún perteneció a la CAM, Cayul aseguró que “no, él no tiene militancia en la CAM para nada”.

Por su parte, Mellado señaló que “hemos oficiado a la ministra para que informe si esta persona presentó, como todo trabajador público, los antecedentes que este posee, su título profesional, si fue por concurso público o si fue a dedo”.

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Chile

Ministro Jackson: “Hay forestales que están vendiendo los predios tomados (…) se puede generar un win-win”

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El ministro abordó la situación de la restitución de tierras indígenas y aseguró que muchas forestales “lo único que quieren es vender los terrenos e irse para otro lado donde no haya conflicto, y también les conviene”.

Una serie de repercusiones en el oficialismo y en la oposición generó la entrevista del ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, realizada en la plataforma Twitch.

En la instancia, el secretario de Estado abordó el rol del gobierno de Gabriel Boric en relación a las administraciones que los antecedieron.

Al respecto, aseguró que “nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político, como la centro izquierda y la izquierda, yo creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza”.

Del mismo modo, Jackson realizó algunas reflexiones en torno a la propuesta de nueva Constitución, especialmente en materia de tierras indígenas.

Sobre este punto, aseguró que “el Estado va a tener que tomar una política proactiva, con un esquema claro de cuándo se va a terminar este conflicto, es decir, de cuál es el alcance del conflicto y de la deuda, no para que esto sea permanente sino que para que pueda tener un fin. En ese momento, uno entra a ver qué herramientas puede echar”.

A su vez, aseguró que “muchas veces las personas van a querer vender. De hecho, hay muchas forestales que están vendiendo porque no les sirve de nada tener los predios tomados, y los tienen en conflicto”.

“Lo único que quieren es venderlos e irse para otro lado donde no haya conflicto. Y también les conviene. Uno puede generar una situación de win-win“, añadió Jackson.

Finalmente, recalcó que “yo diría que, en este tema en particular, lo más importante es que lleguemos a un acuerdo. Independiente que sea esta Constitución o una que se genere después, tiene que haber un acuerdo, porque o si no el conflicto va a seguir vivo, y nadie quiere que siga”.

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Por “política de austeridad”, Cancillería pide a embajadas chilenas “abstenerse” de actos por Fiestas Patrias

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A través de una circular firmada por la subsecretaria Ximena Fuentes, el ministerio pidió mantener los criterios de “austeridad” en el gasto fiscal.

Una circular enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores comenzó a darse a conocer en los últimos días, a pocas semanas de la celebración de Fiestas Patrias.

El documento fue firmado por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, quien solicitó a todos los funcionarios del ministerio que se abstengan de organizar eventos en el marco de la celebración de las Fiestas Patrias que signifiquen gasto fiscal.

Lo anterior, está indicado con miras a respetar el instructivo de austeridad y eficiencia que ha impulsado el Gobierno durante los últimos meses.

Fuentes indicó en la circular que “en el marco de la política de austeridad y eficiencia de recursos fiscales, instruidas por la Presidencia de la República, junto con reiterar que su plena aplicación es obligatoria, se reitera el punto 8 del documento adjunto”.

En dicho documento, en el apartado de “gastos en representación, protocolo y ceremonial“, se indica que “los ministerios y servicios no podrán realizar celebraciones generales ni aniversarios que impliquen desembolsar gasto fiscal. En virtud de lo anterior, no se podrá arrendar infraestructura para actividades institucionales”.

Por dicho motivo, la circular recalca que “se solicita a las y los jefes de Misión abstenerse de realizar celebraciones de Fiestas Patrias”.

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