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Chile

El Gobierno otorgó un Bono Covid a 43 concejales y 361 beneficiarios fallecidos

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Personas muertas y concejales figuran entre los favorecidos por el Bono Covid entregado por el Gobierno, la suma supera los 5 mil millones de pesos.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó el desembolso de millonarios recursos por concepto del Bono Covid a personas que no cumplían los requisitos para el beneficio. Entre los favorecidos figuran 361 fallecidos y 43 concejales.

De acuerdo a una auditoría de 100 páginas emanado recientemente desde el ente fiscalizador, las nóminas estaban a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (MDSF), cartera que a la fecha del anuncio era presidida por Sebastián Sichel, y la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

El Instituto de Previsión Social (IPS), en tanto, era el encargado de concretar los pagos.

Trabajadores dependientes

“La pandemia del coronavirus es la amenaza sanitaria más grande que ha debido enfrentar el mundo y Chile en los últimos 100 años. Para enfrentarla con éxito no basta con la labor del Gobierno. Se requiere también la colaboración de toda la sociedad y de todas las personas”.

Así concretaba en marzo de 2020 el Presidente Sebastián Piñera la promulgación del Bono Covid-19. Un beneficio por 50 mil pesos que beneficiaba a las familias correspondientes al 60% más vulnerable del país, que no contaran con ingresos por trabajos formales o pensión.

Concejales favorecidos

Dentro de los hallazgos, uno de los más particulares fue el desembolso de unos 2 millones de pesos a concejales.

El listado también fue remitido al IPS por la el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para concretar los pagos.

En la nómina figuraba un total de 53 ediles, cuyas identidades no fueron revelados en el informe de la Contraloría.

Según aclaró el ente fiscalizador en su auditoría, poseer la calidad de concejal no es por sí sola una limitante para acceder al beneficio, sin embargo, la ley promulgada por Piñera indica expresamente que las personas que integren un hogar que pertenezca al 60% más vulnerable de la población nacional, no podrán recibir el beneficio cuando estén integrados por trabajadores independientes formales.

El pago finalmente se concretó a 43 de ellos.

Beneficiarios fallecidos

El listado de beneficiarios contempló también personas muertas.

Entre la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia enviaron al IPS una nómina que incluía a 2.508 fallecidos.

De acuerdo a Contraloría, el bono terminó pagándose a 361 de ellos, por un monto superior a los 22 millones de pesos.

Por todo ello, el organismo fiscalizador entregó al IPS un plazo de 60 días hábiles para que acredite fundadamente las acciones “relativas a anulaciones y cobranzas de los pagos efectuados a personas a las cuales no procedía el pago del beneficio”.

Explicación desde el Ministerio de Desarrollo social y familia

En una declaración enviada a BioBioChile, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, explica que la auditoría llevada a cabo por Contraloría fue realizada en base a las primeras transferencias entregadas a las familias tras la llegada de la pandemia al país, es decir, “el Bono Covid-19 entregado en abril 2020 y los dos primeros pagos del Ingreso Familiar de Emergencia, realizados en mayo y junio 2020, ante una crisis sin precedentes y cuya duración era incierta”.

“En este contexto, los registros de información con los que contábamos desde el Estado, que son los que junto a la información auto reportada por los hogares alimentan el cálculo de la Calificación Socioeconómica, no pudieron reflejar en tiempo real las caídas abruptas en los ingresos de los hogares e incluso muchos de ellos no habían solicitado la ayuda del Estado, por lo que no se encontraban presentes en el Registro Social de Hogares”, añade el escrito.

Junto con enfatizar que Contraloría ha constatado que en los pagos de estos beneficios dicha cartera ha actuado apegada a la normativa vigente, reconocen que pese a trabajar con la mejor información administrativa a la fecha disponible en el Registro Social de Hogares, “dicha información tiene rezagos naturales y pudo no reflejar en tiempo real la situación de las familias ante un contexto de alta incertidumbre y volatilidad, y con un nivel de fallecimientos mayor a un año normal”.

Por lo mismo, aseguran, es que como ministerio han impulsado diversos cambios para reducir estos desfases “y que justamente están en línea con lo mencionado por la Contraloría en su informe”.

Dentro de estas medidas implementadas destacan algunas como la disminución del rezago de la información administrativa utilizada para el cálculo de la CSE, la inclusión de nuevas fuentes de información administrativa de ingresos, así como la incorporación de los datos en tiempo real del registro de inscripción de defunciones del Registro Civil a través del web service, para disminuir el rezago de la información de fallecimientos.

A su vez, detallan que han fortalecido la coordinación con el Instituto de Previsión Social, organismo que realiza una nueva revisión de los fallecimientos antes de realizar los pagos.

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Chile

Repudio a la nueva Constitución: la izquierda empapeló Santiago de Chile

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Este lunes, Gabriel Boric recibe formalmente la propuesta de la nueva Constitución en un acto oficial de la Convención Constituyente.

Sin embargo, grupos de izquierda salieron en repudio tanto del presidente como de la nueva Carta Magna ya que fue escrita con tal nivel de extremismo que todo indica a un Rechazo en el plebiscito de salida de septiembre.

En vez de establecer un Estado de Bienestar como reclama gran parte de la izquierda chilena, los constituyentes, en su mayoría militantes comunistas o indigenistas, incorporaron ideología de género, plurinacionalismo, justicias paralelas, desmantelación del Senado, y expropiaciones, entre otras cosas.

Dado el extremismo de ideas que llevaron a esta nueva Constitución, las principales encuestadoras anticipan un triunfo del voto «Rechazo» en las urnas el 4 de septiembre, cuando los chilenos tendrán la última oportunidad de rechazar el nuevo texto fundacional.

La reacción fue visible: empapelaron la capital, Santiago de Chile, ayer por la noche en anticipo del arribo de Boric al ex Congreso Nacional, de carteles pidiendo la renuncia del mandatario. Boric se puso al hombre la campaña del «Apruebo» y también le recriminan que su mala imagen tiró abajo la posibilidad de que gane la opción del apruebo.

Carteles de «Nos cagaron estos weones» y «Renuncia Boric» aparecieron por toda la ciudad el domingo a la noche, recriminando «Chile se desangra». Sin lugar a dudas, estos reclamos fueron vistos por los 600 participantes del acto de cierre de la Convención.

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Chile

Presentan la nueva Constitución comunista de Chile: Estado Plurinacional, Justicias indígenas paralelas y expropiaciones

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El texto es presentado a la ciudadanía y entregado al presidente chileno, el comunista Gabriel Boric, en una ceremonia.

Este lunes se presenta formalmente la nueva Constitución chilena, con la presencia del presidente Gabriel Boric y demás funcionarios del gobierno y redactores constituyentes, aunque sin la participación de ex mandatarios.

El órgano constituyente tardó casi un año en escribir la nueva Carta Magna que reemplazará a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que fue la piedra angular del milagro económico chileno.

Con un total de 499 artículos, se trata del primer documento completo que produjo la Convención, y contiene lenguaje inclusivo, artículos enteros destinados a entregarle privilegios a las comunidades indígenas, se declara la posibilidad de expropiar bienes privados y se establece un duro marco normativo para explotación de recursos naturales.

El preámbulo, en lenguaje inclusivo y reconociendo un Estado plurinacional, leerá: “Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático”.

Este lunes se presenta formalmente la nueva Constitución chilena, con la presencia del presidente Gabriel Boric y demás funcionarios del gobierno y redactores constituyentes, aunque sin la participación de ex mandatarios.

El órgano constituyente tardó casi un año en escribir la nueva Carta Magna que reemplazará a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que fue la piedra angular del milagro económico chileno.

Con un total de 499 artículos, se trata del primer documento completo que produjo la Convención, y contiene lenguaje inclusivo, artículos enteros destinados a entregarle privilegios a las comunidades indígenas, se declara la posibilidad de expropiar bienes privados y se establece un duro marco normativo para explotación de recursos naturales.

El preámbulo, en lenguaje inclusivo y reconociendo un Estado plurinacional, leerá: “Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático”.

La nueva Constitución establece un nuevo Estado chileno, institucionalizando la ideología de género, el indigenismo, y las justicias paralelas. En el capitulo 1, artículo 2, se establece el sistema político chilena como una “Democracia paritaria“.

El Estado reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía“, lee el artículo constitucional.

En el artículo 4 se establece a Chile como un Estado Plurinacional: “Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado“.

Incluso, en el mismo artículo, enumera las naciones indígenas que ahora tendrán rango constitucional, al mismo nivel que el ser chileno: “Son pueblos y naciones indígenas preexistentes los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk’nam y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley“.

En el artículo 5, se les otorga autonomía e incluso se le da reconocimiento de sus tierras: “Los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio y la lengua, al reconocimiento de sus tierras“.

Por último, se otorgan cupos políticos a los indígenas. Esto quiere decir que todos los organos del Estado deberán tener obligatoriamente un mínimo de representantes indígenas. En el mismo artículo 5: “El Estado debe garantizar la efectiva participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones, así como su representación política en órganos de elección popular a nivel local, regional y nacional“.

Más adelante, se le cambia el nombre a la cámara baja, para pasarlo a lenguaje inclusivo, y se establece paridad de género y cupos indígenas: “El Congreso de Diputadas y Diputados es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional que representa al pueblo“.

Chau Senado. La nueva Constitución reemplaza el Senado por la Cámara de las Regiones. “La Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución“, explica, y aclara: “Sus integrantes se denominarán representantes regionales“.

Toda la Constitución está escrita en lenguaje inclusivo. Por ejemplo, en el artículo 23: “La Presidenta o Presidente de la República tendrá la potestad de dictar aquellos reglamentos, decretos e instrucciones que crea necesarios para la ejecución de las leyes”.

Tras la presentación formal, la ciudadanía tendrá una última oportunidad de evitar que esta locura se haga ley. El próximo 4 de septiembre, los chilenos irán a las urnas para marcar una de las dos opciones en la papeleta “Apruebo” o “Rechazo”. En caso de ganar el rechazo, toda la Constitución será descartada, y en caso contrario, la actual quedará descartada y esta nueva entrará en efecto.

A partir de este lunes, estará disponible en el sitio web www.chileconvencion.cl para que cualquier persona pueda acceder libremente a leer la nueva Constitución y tras esto tomar una decisión final en la votación del plebiscito de salida.

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Chile

Acusación constitucional contra Izkia Siches: la ministra será representada por Elisa Walker

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La noticia fue informada durante este viernes por el Ministerio del Interior ante la acusación constitucional impulsada por opositores al Gobierno.

Este viernes, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric confirmó que la abogada Elisa Walker Echenique representará a la ministra del Interior Izkia Siches ante la acusación constitucional.

A través de un comunicado de prensa, informaron que “la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches Pastén, informa que la abogada Elisa Walker Echenique asumirá su representación de cara a la acusación constitucional presentada por diputados y diputadas del Partido Republicano“.

En ese sentido, precisaron que la abogada de la Universidad de Chile posee un máster en filosofía política y del derecho de la University College London y “una amplia trayectoria en derecho público”.

La confirmación de que Walker Echenique representará a la ministra del Interior se da semanas después que la bancada del Partido Republicano confirmara la presentación de la acusación constitucional.

La acusación fue ingresada a trámite el pasado 15 de junio, alegando que se responsabiliza a la secretaria de Estado por el control de la delincuencia y hechos de violencia, apuntando que “comprometió gravemente el honor y seguridad de la nación, infringió la Constitución y las leyes y dejó estas sin ejecución”.

Por lo pronto, los diputados encargados de analizar la acusación son Christian Matheson (IND-Evópoli), María Candelaria Acevedo (PC), Natalia Romero (IND-UDI), Fernando Bórquez (UDI) y Christian Moreira (UDI).

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