El Congreso de Chile, considerada la peor institución del país por sus propios ciudadanos y la peor formación de la legislatura de la historia, según sus más críticos, se las trae nuevamente con un ataque al emprendimiento y violación a la Constitución.
Una oclocracia constituida por un Congreso totalmente ideologizado y un presidente ausente. Un golpe de Estado en curso desde octubre 2019 en las calles y su facción política en el Congreso, están al borde de la creación de un nuevo impuesto patrimonial.
Ahora, la izquierda y la derecha cómplice, han acordado un proyecto de ley que impone un impuesto del 2,5% sobre el patrimonio bruto de aquellas personas o instituciones con más de 22 millones de dólares al 31 de diciembre del 2019 y que se deberá pagar a los 30 días de promulgada la ley.
Chile lamentablemente ya no sorprende a estas alturas, con más de 6 reformas tributarias en los últimos 8 años, todas con el objetivo de subir impuestos, ha paralizado la inversión y el ingreso de capitales extranjeros, y explicaría el alto nivel de desvalorización de su moneda.
Cabe aclarar que esta suba impositiva viene tan solo unos años después de una enorme suba de impuestos por parte de la ex presidente Michelle Bachelet, quien con amplia mayoría partidaria en el Congreso, desplegó una delirante reforma tributaria que tuvo que se modificada en 3 oportunidades distintas y dejó a Chile como el país con más impuestos de la OCDE.
Este nuevo proyecto de ley, de 4 carillas, que en las 3 primeras es una arenga de trasnochados conceptos marxistas y sin ningún dato técnico, está plagado de faltas de ortografía y demuestra lo más absurdo de la izquierda chilena.
El Congreso chileno actual es otra herencia de los cambios de Bachelet que permitió el acceso al hemiciclo legislativo de congresistas con menos del 2% de los votos, representados, entre otros, por artistas fracasados del espectáculo, deportistas, y otros personajes que anteriormente nunca hubieran entrado al órgano legislativo por baja representación.
Hoy, con el sorprendente apoyo de la Democracia Cristiana y algunos de la derecha cobarde, en un afán electoralista, están nuevamente trasgrediendo la Constitución para comprar visibilidad en matinales de TV.
Mientras el mundo se debate en una crisis económica sin precedentes en medio del desastre del confinamiento por el COVID-19, países civilizados como EE.UU, Australia, Reino Unido, Suecia, Brasil e India están bajando los impuestos para reactivar sus economías.
Estos impuestos “a la riqueza“, famosos en el siglo pasado, fracasaron en todo el mundo por los graves daños que le causan al sector privado de las economías locales, al crearse estampidas de capitales al exterior, y por los altos costos de recaudación.
Este nuevo ataque a los chilenos y a su ya desvalorizada economía para los agentes internacionales que veían a este país “una buena casa en mal barrio”, es inconstitucional por ser una ley que compete establecer al Gobierno, por su ilegalidad al calcularse el impuesto sobre un patrimonio bruto y retroactivo, como también por tratarse de un gravamen sobre un bien que ya pagó impuestos previamente.
La doble imposición tributaria, técnicamente ilegal en muchos países, podría convertirse en un nuevo atropello de facto sobre la propiedad privada, tal y como ocurre en Argentina. La izquierda chilena aboga por una “argentinización” del sistema tributario.
¿Por qué 22 millones de dólares y no otra cifra? ¿Por qué deben pagarse nuevos impuestos si para la generación de este patrimonio ya se pagaron los impuestos correspondientes? Si la persona tiene todos sus bienes invertidos en viviendas, ¿deberá venderlas o endeudarse para pagar los impuestos?
Los que tengan patrimonios por 21.999 millones de dólares, o menos, no pagaran este tributo. ¿Cuál es la racionalidad en esto? Son algunas de las preguntas inconclusas que deja este proyecto de ley.
Esta nueva transgresión de la Constitución se suma a la ley de retiro de fondos de los sistemas de capitalización, al proyecto del cambio de número de horas laborales, y a una larga lista de proyectos que están siendo discutidos en el Congreso por la envigorización de la izquierda tras las protestas de 2019 y la abdicación de Piñera como principal mandatario del país.
La pregunta pertinente que aún nadie responde es: ¿Cuál es el sentido de hacer un plebiscito para preguntarle a la población si quieren o no cambiar la Constitución, si los congresistas no respetan la actual Constitución y legislan según sus propios intereses sin preguntarle a nadie?
Chile no tiene espacio para gastar una cantidad enorme de recursos, en medio de una pandemia, la peor crisis económica de su historia y con un nivel de desocupación del 24%.
Estos congresistas reciben uno de los salarios más altos del mundo con el sacrificio de todos los chilenos, mientras la población reclama por trabajo, seguridad y descontrolada inmigración, el proyecto del 2,5% va en el sentido opuesto, alejar a las empresas y personas de Chile que crean fuentes laborales.
Sebastián Piñera ya llegó al nivel de aceptación más bajo en lo que va de su gestión, probablemente por traicionar a prácticamente toda su base de sustento político, y acercar su gobierno hacia la izquierda y el progresismo, habiendo sido electo como un candidato de centro-derecha y liberal.
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