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Chile

Conflicto con los comerciantes ambulantes: el gobierno de Gabriel Boric les declaró la guerra

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La estrategia recibió el apoyo de las cámaras empresarias y de comercio.

Diversos operativos se han realizado en Santiago para erradicar el comercio ambulante de las calles, lo que ha provocado hechos de violencia y enfrentamientos con la autoridad que han terminado con diversos heridos y detenidos.

Los operativos se han centrado en la ciudad de Santiago en donde la información del 2021 detallaba que entre septiembre del 2020 y octubre del 2021 los casos del comercio ambulante se dispararon en un 129% identificando 1.349 puntos en la capital de Chile. Lo anterior fue una cifra que preocupó a las autoridad porque el 2020 el número fue similar: 1.333 casos.

El registro del 2020 fue mayor a la de estos últimos dos años: se identificaron 4.688 casos de comercio ambulante sin permiso, número de altas dimensiones provocadas por la crisis prepandémica en Chile.

Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso en esta materia fue la muerte de la periodista Francisca Sandoval, quien recibió un disparo en su rostro en el Barrio Meiggs en las manifestaciones de este 1 de mayo. Este sector ubicado en la comuna de Estación Central, en Santiago, ha estado tomado desde hace años por el comercio ambulante.

Video reveló el momento exacto cuando sujeto disparó a periodista en el barrio  Meiggs

Estos copamientos se iniciaron el 20 de mayo con la eliminación de los toldos que ocupaba el comercio ambulante y se han extendido durante todos estos días porque los venderos ilegales han regresado a ocupar sus puestos, lo que ha generado operativos como el de este lunes el que concluyó con desórdenes y dos detenidos: uno por porte de arma blanca y otro por amenazas.

La estrategia en contra del comercio ambulante se ha extendido hasta el Metro de Santiago, en donde es habitual visualizar comercio ambulante alrededor de las estaciones y al interior de estas. Para erradicar esta práctica se han realizado distintos operativos que han terminados con múltiples heridos. Por ejemplo, la semana pasado se realizó una acción en la estación Ñuñoa que terminó con ocho guardias heridos y con denuncias judiciales en contra de los agresores.

Piden que estrategia sea nacional

La estrategia del gobierno de Gabriel Boric en contra del comercio ambulante ha sido aplaudida de forma transversal. Uno de los primeros en pronunciarse sobre este tema fue el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, manifestó “es el inicio de un trabajo que se tiene que hacer en todo Chile. Esto no puede estar en manos de mafias en ningún lado, ni en La Araucanía, ni en el norte, ni en el Barrio Meiggs ni menos en las poblaciones con el narcotráfico “.

“Yo creo que aquí lo que hay que hacer es más que una cosa puntual, selectiva, tiene que ser general y esa es la obligación que tienen las autoridades comunales, regionales y nacionales, porque la primera prioridad que tiene un Gobierno es el orden ya seguridad pública“, dijo Sutil.

La petición que la estrategia en contra del comercio ambulante sea nacional también fue manifestada por Daniel Johnson, Director de Paz Ciudadana, quien dijo que es “absolutamente pertinente” que los resultados que sean positivos en esta materia “se repliquen en otros barrios y también en otras regiones del país”.

Se espera que la intervención en el Barrio Meiggs se siga replicando durante estos días, todo esto después que el presidente Boric declarara que “va a seguir durante todos estos meses, a propósito de los hechos de violencia que hemos visto ahí”. La estrategia que se está realizando en el Barrio Meiggs “es algo que hacemos justamente con esta perspectiva, la de una ciudad más digna, la de recuperar espacios públicos, de hacer valer el imperio del derecho y de la ley. Trabajamos porque la dignidad se juega en todos los aspectos”, finalizó Boric.

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Senado rechaza designación de Gonzalo Fuenzalida y Alejandra Precht para integrar el Tribunal Constitucional

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La nominación no superó el quórum de 2/3 en la Cámara Alta, por lo que todavía no se pueden llenar los cupos dejados por los ministros Juan José Romero y Gonzalo García.

El Senado votó esta tarde la nominación de dos personas que buscaban integrar el Tribunal Constitucional como nuevos ministros.

Se trata del ex diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida y de la abogada Alejandra Precht para llenar los cupos en el tribunal.

Finalmente, la nominación no alcanzó el quórum necesario para que fueran aprobados, ya que solo obtuvieron 21 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones.

Ambos nombres se cayeron a pesar que el pasado 6 de abril, la Cámara de Diputadas y Diputado había aprobado su llegada por 111 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones.

Ambos habían sido propuestos en los dos cargos que debe llenar el Congreso en el TC para reemplazar los cupos dejados por los ministros Juan José Romero y Gonzalo García.

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Cámara vota hoy proyecto que establece test de drogas para diputados: no todos los resultados serían públicos

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Desde la oposición, de todos modos, dijeron que repondrían esta indicación en la sala de la cámara, donde se votará el reglamento de implementación del test antidrogas a los parlamentarios.

La Comisión de Constitución rechazó, este martes, que los resultados de los test de drogas que serán implementados en el Congreso sean públicos. La instancia está definiendo cómo se implementará la medida que aún no es llevada a cabo.

Seis diputados y diputadas votaron a favor de que los resultados de los test de drogas fueran públicos, mientras que otros siete parlamentarios y parlamentarias se abstuvieron, lo que generó el rechazo de la medida.

El diputado del Partido Socialista (PS) Leonardo Soto cuestionó la propuesta y pidió “no hacer un show” del test de drogas, sino que darle un “tratamiento serio y responsable”.

“Hay que evitar transformar esto en un circo y darle el tratamiento serio que corresponde. Los resultados de esto van a ser conocidos por las autoridades correspondientes de la cámara, y esa es la transparencia que se usa hoy en el Estado”, expresó.

La medida ha sido impulsada por la UDI y la diputada del Partido Humanista (PH) Pamela Jiles, quienes dijeron que intentarán reponer esta indicación en la sala de la cámara baja para que los resultados de los test de drogas sean públicos.

La Comisión de Constitución aprobó realizar test aleatorios de drogas en distintos periodos del año, lo que aseguraría que cada parlamentario debería someterse al examen al menos dos veces al año.

En caso de que algún parlamentario de positivo a un test, serán inhabilitados para votar en normas relacionadas a las drogas.

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UDI mete presión para comenzar a implementar el test de drogas en el Congreso

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“No hay argumento que justifique este retraso”, señala el diputado UDI Juan Antonio Coloma. La comisión de Constitución debe despachar el texto por completo para que finalmente este sea votado en la Sala el miércoles.

Para la sesión ordinaria de este miércoles 29 de junio está en tabla la votación en Sala de la Cámara de Diputados del reglamento de Test de Drogas para los miembros del Congreso.

Esta medida -que quedó establecida en el Presupuesto 2022- todavía no ha podido ser llevada a cabo, dada la inexistencia justamente de los alcances del proceso, es decir, del reglamento.

La discusión, en ese sentido, ha tensionado a la Cámara de Diputados, pues, pese a que ya casi ha pasado un semestre desde que entró en vigencia la implementación del Test de Drogas, aún no ha existido acuerdo entre los diputados en aspectos como sobre qué tipo de test realizar -saliva, orina o pelo-, si habrá o no una diferenciación de tipo de drogas al momento de ser detectadas; si se establecerá una obligación legal de hacerlo; qué objetivos se acordarán para la realización de test de drogas; las respectivas sanciones, entre otros.

“Durante la tramitación de la ley, hemos visto una especial resistencia por parte del Frente Amplio y hacemos un llamado a no seguir dilatando la aplicación de una ley que ya aprobamos”, dice el diputado UDI Juan Antonio Coloma, impulsor de la medida e integrante de la comisión de Constitución, instancia en la que este martes se debe votar el reglamento para luego ser discutido en Sala al día siguiente.

El parlamentario agrega: “Esperamos que el reglamento sea despachado este martes de la comisión para poder ser votado el miércoles en Sala, o sino habremos perdido otro mes. No hay argumento que justifique este retraso: hay vigencia de esta medida, desde enero 2022, y aún no nos hacemos ni un test de drogas”.

Desde el Frente Amplio, sin embargo, niegan que exista dilación del tema. La diputada Catalina Pérez (RD), en la sesión de la comisión de Constitución del pasado 14 de junio, sostuvo incluso que votaría a favor del reglamento. “De lado y lado aquí existe una disposición unánime de regular este tema y de combatir el narcotráfico y de dotar de más transparencia a esta corporación”, dijo y añadió que “no quiero que se instale por la prensa que ha habido voluntad de dilación de este tema o de que hay una suerte de trinchera entre quien quiere regular y quien no”.

La presidenta de la comisión de Constitución, Karol Cariola (PC), asimismo, ha negado dilación del tema.

Pamela Jiles, en todo caso, también ha acusado a diputados del Frente Amplio de oponerse a una medida que, ha dicho la diputada, es exigida por la ciudadanía.

Este martes, en la comisión de Constitución se debe votar el reglamento en general y en particular. “Lo más relevante es acordar, en primer lugar, que el test que se realice sea un test de pelo, para evitar suspicacias respecto de su aplicación. Y segundo: ¿Qué sacamos con que haya parlamentarios que sean positivos y que luego puedan votar, por ejemplo, leyes en materia de tráfico y consumo de estupefacientes?”, sostiene Coloma en torno a las indicaciones que ha presentado la centroderecha.

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