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Chile

Araya ingresa requerimiento para que Contraloría se pronuncie sobre la legalidad de la expresión “Wallmapu”

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Diputado por el Distrito 11 apuntó contra los funcionarios del gobierno: “Deben entender que ya no están en la universidad jugando a hacer política, sino que hoy representan al estado de Chile”.

El diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, presentó un requerimiento desde el Congreso para que la Contraloría se pronuncie sobre la legalidad de la expresión “Wallmapu” que han utilizado en varias ocasiones la Ministra del Interior, Izkia Siches, y otras autoridades del gobierno de Boric.

A juicio del parlamentario, el concepto utilizado por los representantes del actual gobierno podría constituir una ilegalidad por tratarse de una “validación territorial que jamás ha sido reconocida por el Estado de Chile, y que involucra a territorios más allá de los límites de la Republica”.

Tan rápido como el primer día en el cargo, la comunista Izkia Siches dijo que habló con importantes figuras de la comunidad mapuche y se refirió a la zona del conflicto como el “Wallmapu” en vez del Arauco o La Araucanía.

El hecho de que la segunda persona más poderosa de Chile se haya referido a la región que va desde el río Limarí hasta el archipiélago de Chiloé como “Wallmapu” tiene una implicancia extremadamente peligrosa.

Este término es utilizado por los movimientos indigenistas para referirse a la nación mapuche que ellos dicen que les corresponde por haberla habitado antes de la formación del Estado chileno. Sin embargo, también reclaman tierras argentinas, y el uso por una funcionaria del gobierno chileno, puede implicar una fuerte transgresión diplomática.

El diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, presentó un requerimiento desde el Congreso para que la Contraloría, una entidad autónoma chilena encargada de ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración Pública, se pronuncie sobre la legalidad de la expresión “Wallmapu” que han utilizado en varias ocasiones la Ministra del Interior, Izkia Siches, y otras autoridades del gobierno de Boric.

A juicio del parlamentario, el concepto utilizado por los representantes del actual gobierno podría constituir una ilegalidad por tratarse de una “validación territorial que jamás ha sido reconocida por el Estado de Chile, y que involucra a territorios más allá de los límites de la Republica”.

Tan rápido como el primer día en el cargo, la comunista Izkia Siches dijo que habló con importantes figuras de la comunidad mapuche y se refirió a la zona del conflicto como el “Wallmapu” en vez del Arauco o La Araucanía.

El hecho de que la segunda persona más poderosa de Chile se haya referido a la región que va desde el río Limarí hasta el archipiélago de Chiloé como “Wallmapu” tiene una implicancia extremadamente peligrosa.

Este término es utilizado por los movimientos indigenistas para referirse a la nación mapuche que ellos dicen que les corresponde por haberla habitado antes de la formación del Estado chileno. Sin embargo, también reclaman tierras argentinas, y el uso por una funcionaria del gobierno chileno, puede implicar una fuerte transgresión diplomática.

Para el legislador republicano, la actitud de la ministra Siches “es de una irresponsabilidad tremenda, que deja en evidencia que aún no comprenden que ellos representan al Estado de Chile y que deben ser muy cuidadosos con sus expresiones por la investidura que hoy tienen”.

“En las pocas semanas que lleva este gobierno, ya parece una práctica habitual darse gustitos ideológicos que están generando inconvenientes que incluso ya sobrepasaron las fronteras, porque al referirse al Wallmapu, la Ministra y otros personeros del Ejecutivo hacen alusión a una vasta extensión de territorio, que incluso comprende áreas de Argentina, lo que provocó una natural molestia de distintas personalidades en el país vecino”, afirmó Cristián Araya.

El congresista agregó, que “por esa razón le hemos pedido a la Contraloría que revise la legalidad de estas expresiones, que se han hecho por vías y canales oficiales que comprometen al Estado de Chile y provocan un impase internacional. Las autoridades del actual gobierno deben entender que ya no están en la universidad jugando a hacer política, sino que hoy representan al estado de Chile y deben estar a la altura de esa enorme responsabilidad”.

El diputado dijo que le llama la atención que este tema adquiriese relevancia mediática sólo cuando se originaron críticas desde Argentina, considerando que es una expresión muy grave, porque se trata de la segunda autoridad más importante del país, que se refiera a territorio chileno como Wallmapu, como si no perteneciera a nuestro país”.

“Como hemos podido ver, estos gustitos personales nos pueden meter en líos legales a nivel internacional, y ante lo cual, es fundamental que la Contraloría se pronuncie respecto de esta situación y si las autoridades de gobierno han incurrido en una ilegalidad”, puntualizó Cristián Araya, quien pidió al gobierno no volver a utilizar nunca más ese concepto, “porque es erróneo desde el punto de vista jurídico e histórico”.

El requerimiento solicita finalmente a la Contraloría “su pronunciamiento respecto de la legalidad de dichas expresiones, que aclare las responsabilidades administrativas que se derivan de su uso en canales y actos oficiales, las establezca respecto de los involucrados y se apliquen las sanciones correspondientes”.

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Chile

Repudio a la nueva Constitución: la izquierda empapeló Santiago de Chile

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Este lunes, Gabriel Boric recibe formalmente la propuesta de la nueva Constitución en un acto oficial de la Convención Constituyente.

Sin embargo, grupos de izquierda salieron en repudio tanto del presidente como de la nueva Carta Magna ya que fue escrita con tal nivel de extremismo que todo indica a un Rechazo en el plebiscito de salida de septiembre.

En vez de establecer un Estado de Bienestar como reclama gran parte de la izquierda chilena, los constituyentes, en su mayoría militantes comunistas o indigenistas, incorporaron ideología de género, plurinacionalismo, justicias paralelas, desmantelación del Senado, y expropiaciones, entre otras cosas.

Dado el extremismo de ideas que llevaron a esta nueva Constitución, las principales encuestadoras anticipan un triunfo del voto «Rechazo» en las urnas el 4 de septiembre, cuando los chilenos tendrán la última oportunidad de rechazar el nuevo texto fundacional.

La reacción fue visible: empapelaron la capital, Santiago de Chile, ayer por la noche en anticipo del arribo de Boric al ex Congreso Nacional, de carteles pidiendo la renuncia del mandatario. Boric se puso al hombre la campaña del «Apruebo» y también le recriminan que su mala imagen tiró abajo la posibilidad de que gane la opción del apruebo.

Carteles de «Nos cagaron estos weones» y «Renuncia Boric» aparecieron por toda la ciudad el domingo a la noche, recriminando «Chile se desangra». Sin lugar a dudas, estos reclamos fueron vistos por los 600 participantes del acto de cierre de la Convención.

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Chile

Presentan la nueva Constitución comunista de Chile: Estado Plurinacional, Justicias indígenas paralelas y expropiaciones

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El texto es presentado a la ciudadanía y entregado al presidente chileno, el comunista Gabriel Boric, en una ceremonia.

Este lunes se presenta formalmente la nueva Constitución chilena, con la presencia del presidente Gabriel Boric y demás funcionarios del gobierno y redactores constituyentes, aunque sin la participación de ex mandatarios.

El órgano constituyente tardó casi un año en escribir la nueva Carta Magna que reemplazará a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que fue la piedra angular del milagro económico chileno.

Con un total de 499 artículos, se trata del primer documento completo que produjo la Convención, y contiene lenguaje inclusivo, artículos enteros destinados a entregarle privilegios a las comunidades indígenas, se declara la posibilidad de expropiar bienes privados y se establece un duro marco normativo para explotación de recursos naturales.

El preámbulo, en lenguaje inclusivo y reconociendo un Estado plurinacional, leerá: “Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático”.

Este lunes se presenta formalmente la nueva Constitución chilena, con la presencia del presidente Gabriel Boric y demás funcionarios del gobierno y redactores constituyentes, aunque sin la participación de ex mandatarios.

El órgano constituyente tardó casi un año en escribir la nueva Carta Magna que reemplazará a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que fue la piedra angular del milagro económico chileno.

Con un total de 499 artículos, se trata del primer documento completo que produjo la Convención, y contiene lenguaje inclusivo, artículos enteros destinados a entregarle privilegios a las comunidades indígenas, se declara la posibilidad de expropiar bienes privados y se establece un duro marco normativo para explotación de recursos naturales.

El preámbulo, en lenguaje inclusivo y reconociendo un Estado plurinacional, leerá: “Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático”.

La nueva Constitución establece un nuevo Estado chileno, institucionalizando la ideología de género, el indigenismo, y las justicias paralelas. En el capitulo 1, artículo 2, se establece el sistema político chilena como una “Democracia paritaria“.

El Estado reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía“, lee el artículo constitucional.

En el artículo 4 se establece a Chile como un Estado Plurinacional: “Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado“.

Incluso, en el mismo artículo, enumera las naciones indígenas que ahora tendrán rango constitucional, al mismo nivel que el ser chileno: “Son pueblos y naciones indígenas preexistentes los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk’nam y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley“.

En el artículo 5, se les otorga autonomía e incluso se le da reconocimiento de sus tierras: “Los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio y la lengua, al reconocimiento de sus tierras“.

Por último, se otorgan cupos políticos a los indígenas. Esto quiere decir que todos los organos del Estado deberán tener obligatoriamente un mínimo de representantes indígenas. En el mismo artículo 5: “El Estado debe garantizar la efectiva participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones, así como su representación política en órganos de elección popular a nivel local, regional y nacional“.

Más adelante, se le cambia el nombre a la cámara baja, para pasarlo a lenguaje inclusivo, y se establece paridad de género y cupos indígenas: “El Congreso de Diputadas y Diputados es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional que representa al pueblo“.

Chau Senado. La nueva Constitución reemplaza el Senado por la Cámara de las Regiones. “La Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución“, explica, y aclara: “Sus integrantes se denominarán representantes regionales“.

Toda la Constitución está escrita en lenguaje inclusivo. Por ejemplo, en el artículo 23: “La Presidenta o Presidente de la República tendrá la potestad de dictar aquellos reglamentos, decretos e instrucciones que crea necesarios para la ejecución de las leyes”.

Tras la presentación formal, la ciudadanía tendrá una última oportunidad de evitar que esta locura se haga ley. El próximo 4 de septiembre, los chilenos irán a las urnas para marcar una de las dos opciones en la papeleta “Apruebo” o “Rechazo”. En caso de ganar el rechazo, toda la Constitución será descartada, y en caso contrario, la actual quedará descartada y esta nueva entrará en efecto.

A partir de este lunes, estará disponible en el sitio web www.chileconvencion.cl para que cualquier persona pueda acceder libremente a leer la nueva Constitución y tras esto tomar una decisión final en la votación del plebiscito de salida.

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Chile

Acusación constitucional contra Izkia Siches: la ministra será representada por Elisa Walker

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La noticia fue informada durante este viernes por el Ministerio del Interior ante la acusación constitucional impulsada por opositores al Gobierno.

Este viernes, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric confirmó que la abogada Elisa Walker Echenique representará a la ministra del Interior Izkia Siches ante la acusación constitucional.

A través de un comunicado de prensa, informaron que “la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches Pastén, informa que la abogada Elisa Walker Echenique asumirá su representación de cara a la acusación constitucional presentada por diputados y diputadas del Partido Republicano“.

En ese sentido, precisaron que la abogada de la Universidad de Chile posee un máster en filosofía política y del derecho de la University College London y “una amplia trayectoria en derecho público”.

La confirmación de que Walker Echenique representará a la ministra del Interior se da semanas después que la bancada del Partido Republicano confirmara la presentación de la acusación constitucional.

La acusación fue ingresada a trámite el pasado 15 de junio, alegando que se responsabiliza a la secretaria de Estado por el control de la delincuencia y hechos de violencia, apuntando que “comprometió gravemente el honor y seguridad de la nación, infringió la Constitución y las leyes y dejó estas sin ejecución”.

Por lo pronto, los diputados encargados de analizar la acusación son Christian Matheson (IND-Evópoli), María Candelaria Acevedo (PC), Natalia Romero (IND-UDI), Fernando Bórquez (UDI) y Christian Moreira (UDI).

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