Con ya 1,5 billones de pesos emitidos en el año, la mega-emisión monetaria está creando una de las bombas inflacionarias más grandes de la historia del país. Pero ante este panorama, en vez de impulsar la flexibilización de la cuarentena, la baja impositiva y la desregulación para reactivar la economía, el presidente Alberto Fernández considera oportuno pisar el acelerador.
Hasta ahora el Gobierno entrega más de 90 mil millones de pesos por mes en la IFE, 75 mil millones de pesos por mes en la ATP, y casi 100 millones de pesos mensuales en transferencias de $500 por día a todos los que acepten internarse en las camas extra-hospitalarias del gobierno bonaerense.
Pero toda esta ayuda, como en todos los países socialistas y empobrecidos, no es suficiente. La semana pasada se anunció que, para acompañar la recuperación de jóvenes adictos, la Sedronar implementará un programa de seguimiento de varias etapas que incluirá la asistencia de un tutor y un incentivo económico de 8.500 pesos por mes para ingresar a un centro de rehabilitación.
El programa, que arrancará en septiembre, estará destinado a jóvenes que transitan la última etapa de un tratamiento por consumo problemático y adicciones, de al menos seis meses de duración, en algún espacio de la red territorial de la Sedronar. Se implementará en todo el país a través de los dispositivos estatales y de organizaciones de la sociedad civil.
Si bien es una medida que ayudará a muchos, el dinero, que para sorpresa de algunos es un recurso escaso, no irá a otras familias que seguramente lo necesiten más, especialmente tras el dato de que más del 60% de los niños son pobres en Argentina.
Con justa razón, esta medida generó revuelo en ciertos sectores de la sociedad, ya que muchos se preguntaron si es correcto otorgar este dinero.
Lo normal sería poder asegurarle una fuente de trabajo a la persona que intenta reinsertarse en el mundo laboral, pero como estamos acostumbrados en Argentina, el Gobierno prefiere solucionar los problemas dando bonos y subsidios.
Como si esto no fuera poco, además el Presidente anunció que el Estado pagará un subsidio de $15.000 a los familiares de personas que hayan muerto a causa del coronavirus y que pertenecieran a los “sectores más vulnerables y necesitados“. La medida fue oficializada a través del Decreto 655/2020, publicado en el Boletín Oficial.
El documento, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, y el ministro de Trabajo Claudio Moroni, establece que el dinero “se abonará al o a la cónyuge o conviviente” de la víctima, “o al padre o a la madre o alguna de sus madres o alguno de sus padres, o al hijo o a la hija del o de la causante“.
El beneficio está vigente desde 2006, y hasta el momento cubría la muerte de beneficiarios del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y veteranos de la Guerra de Malvinas, entre otros. Con este decreto, se incorpora a las víctimas fatales de COVID-19.
En este contexto nos preguntamos, ¿por qué se va a hacer una diferenciación con los fallecidos por la gripe común, o en tal caso por demás enfermedades respiratorias? Está claro que el coronavirus resultó ser una herramienta bastante útil para el Gobierno, quién parece estar muy interesado por mantener el apoyo de un núcleo duro de votantes.
Por Renzo Valente, para La Derecha Diario
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