El kirchnerismo no tiene límites a la hora de querer controlar cada aspecto de la vida. En estos días se difundieron imágenes de denuncias hechas a indigentes bajo la excusa de haber violado el artículo 205 del CP por el simple hecho de estar viviendo en la calle.
Esto quiere decir que están haciendo denuncias a personas que no tienen dónde dormir porque estarían violando la cuarentena impuesta por el Gobierno Nacional.
La noticia salió a la luz cuando el usuario de Twitter @USDtin publicó en su cuenta fotos de denuncias hechas a dos indigentes: Dilan Matías y Brian Horacio Chávez. La presentación judicial tiene firma por parte del Ministerio de Seguridad Bonaerense en cumplimiento de lo dictado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1, Secretaría Nº 4 de Morón.
Pero, ¿qué dice el artículo 205 del Código Penal que se invoca en la denuncia? Conforme lo indicado por el CP en su Libro II bajo el Título VIII “Delitos contra el orden público”, se expresa lo siguiente: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. Bajo esta excusa se realizaron las denuncias a los indigentes en situación de calle.

Lucas Ghi, el intendente kirchnerista de Morón.
Quepa preguntarse la finalidad de perseguir a personas que no tienen dónde dormir ni recursos materiales para poder protegerse no sólo de la pandemia, sino del resto de las situaciones apremiantes: comida, frío, falta de acceso a la salud en general y ausencia de trabajo concreto.
Si no tienen dónde vivir y alimentarse, ¿cómo es posible acusarlos de propagar intencionalmente un virus en contra del orden público?.
Hilando más fino aún: ¿qué medidas adoptó el gobierno provincial y el municipal para evitar que haya personas en la calle durmiendo?, ¿construyó refugios?, ¿brinda salud pública de calidad?, ¿genera trabajo auténtico?, ¿alienta la iniciativa privada? El Estado se encuentra ausente en lo básico, que es el respeto por la vida privada. El Estado, en definitiva, es el primero en violar el artículo 205 del CP.
El Gobierno provincial y el Municipio se encuentran muy lejos de actuar de forma sensible y sensata protegiendo a los ciudadanos sino más bien condenándolos. No sólo no les alcanza con perseguir a comerciantes y emprendedores libres, ahora también persigue a indigentes para generar miedo y sumisión.
Por otro lado, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Morón genera dudas en su conducta: muchos ciudadanos se preguntan cómo resolver la devolución de sus vehículos tras los controles efectuados por la Policía Bonaerense y la posterior confiscación por no llevar en ese momento el permiso de circulación, dejando a muchas personas sin poder trabajar ni generar ingresos para sus hogares.
Más que cuidar, el Estado está custodiando la vida propia sin dejar respirar ni desarrollar libremente a los argentinos, como si fuéran presos condenados por el mero hecho de existir.
Por Martín Yapur para La Derecha Diario.
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