El legislador tucumano Ricardo Argentino Bussi fue denunciado ante el Juzgado Federal II y se lo imputa por atentado contra la salud pública, con una pena de 3 a 15 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
Sin embargo, estos análisis desmentirían estas acusaciones.
El pasado jueves Ricardo Bussi ofreció, desde la sala de reuniones partidaria de la legislatura provincial, una conferencia de prensa en la que exhibió análisis serológicos en búsqueda de anticuerpos de SARS-CoV-2, con muestras del 23/5 y 30/5, en ambos casos, se confirmó el resultado negativo.
Esto quiere decir que el test que se hizo en el pasado dio un falso positivo, algo lamentablemente muy común, junto a los falsos negativos, en los tests de COVID-19 que trajo el gobierno de China. Aunque podría incluso haber intención de denostarlo como “el primer político en contraer el virus en Argentina es de derecha”.
Fuerza Republicana, a su vez, emitió un comunicado en el que catalogan el hecho como “una ruin estrategia política para intentar sacarlo de la cancha”
Los antecedentes nos remiten al día 17 de marzo, en el que se desarrolló una sesión en la legislatura provincial. Según Ricardo Bussi, hasta el día siguiente a la misma, no habría tenido síntoma alguno compatible con el COVID-19.
Luego de realizarse el test correspondiente ante el Instituto Malbrán, en el día 22 de marzo se conoció el resultado, positivo, y se evacuaron a 60 personas de la legislatura, incluyendo a los 49 parlamentarios que sesionaron junto a él.
Emilio Mrad y otros abogados fueron los artífices de la denuncia, y afirmaron que Bussi desarrolló sus actividades “con verdadera intención de dolo, en forma consciente, deliberada y conociendo que podía tener la enfermedad”, lo que fue reiteradamente desmentido por el propio Ricardo Bussi.
Basicamente se lo denuncia como un terrorista que utilizó su enfermedad (que no sabía que tenía) como un arma biológica contra los demás legisladores, algunos incluso de su misma coalición. Un disparate.
“La actitud de este personaje de la política tucumana no me sorprende. Es propio de su ideología que se sienta omnipotente“, dijo el abogado denunciante.
Página 12, con el tono característico de extrema izquierda su medio, llegó a afirmar que “lo más terrible es que el hijo del genocida Antonio Bussi puede convertirse en el principal foco de contagio social del COVID-19”
Si bien manifestó no saber a quién achacar responsabilidades aún, Bussi sospecha como culpables a las autoridades que manejan la información sanitaria, y advierte que la maniobra podría haberse realizado por la Provincia como por el Instituto Malbrán
“Entiendo que hay una conspiración en mi contra. No solo de la autoridad sanitaria, sino de muchos políticos que se han montado a esta campaña. Esto no puede ser un error”, expresó.
En la misma conferencia, explicó que renunció a sus fueros y se someterá a las contrapruebas que el fiscal estime pertinente.
“Hay toda una maniobra, una falsedad material e ideológica, y un aprovechamiento político corporativo, creyendo que podrán sacarme de la política a partir de esta falsedad”, remató.
A sus dichos, la ministra de Salud tucumana, Rossana Chahla, replicó de una manera muy equivocada, dijo que “no podría darse un falso positivo por PCR“. Cualquier manual médico explica que los falsos positivos pueden existir “por altas concentraciones de FR y por las inmunoglobulinas de los complejos inmunes PCR anti-PCR, y también por lípidos.”
Además, el oficialismo no se pone de acuerdo. El propio Ginés González García afirmó la falibilidad de los tests empleados, como hizo notar el dirigente tucumano.
“Hemos tenido casos de falsos tests negativos, lo que es terrible”, dijo Ginés González García
Lo que es certero es que este tipo de maniobras, sumados a la reciente denuncia ante el INADI por parte de colectivos feministas contra Bussi, a raíz de su simple disenso en el marco de debate de la Ley Micaela, constituyen actos impropios de la democracia y de un verdadero marco de respeto a la libertad de expresión, poniendo de manifiesto el despotismo y falta de ética por parte de nuestros dirigentes políticos.
Mientras los análisis de COVID-19 son monopolizados por el Instituto Malbrán, mientras se hacen evidentes las fallas de un sistema de salud deteriorado, mientras se derrumba la imagen de instituciones como la OMS, se revela su complicidad y respaldo al gobierno chino, peronistas y radicales aliados al oficialismo buscan perjudicar a sus opositores, y no dudan en emplear cuanta artimaña esté a su alcance para tales efectos.
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