La infame Reforma Judicial que impulsa Alberto Fernández tendría un costo que el gobierno no ha querido discutir abiertamente.
Debido a la injustificada creación de una grotesca cantidad de cargos, buscando duplicar casi todos los niveles del fuero federal y llenarlos de jueces kirchneristas, el costo fiscal se estima en al menos $ 3.000 millones para solamente el primer año.
Así lo hicieron saber las fundaciones Alem, Pensar y el Instituto Hannah Arendt a través de un documento, el cual tiene como propósito iniciar un serio debate público sobre la mencionada reforma.
El documento fue firmado por los dirigentes de los principales partidos de la coalición Juntos por el Cambio, Lilia Puig (UCR), Franco Moccia (PRO) y Juan Manuel López (CC), quienes designaron tres juristas de trayectoria en representación de cada partido: Ricardo Gil Lavedra por el radicalismo, Germán Garavano por el PRO y Paula Olivetto por la CC.
El texto no sólo muestra cuánto puede costarle al fisco la reforma kirchnerista, sino además, los desafíos y obstáculos para su funcionamiento. En datos duros, el proyecto oficial crearía 323 cargos de jueces, fiscales, defensores y funcionarios, que demandan un presupuesto anual de 1.703 millones de pesos solamente para los sueldos. A eso se le sumarían 1.211 millones de pesos en infraestructura y 122 millones para tecnología. Esto da como resultado la “humilde” suma de $3.037 millones en el primer año de funcionamiento.
Las tres fundaciones desmintieron que “se tendrán procesos y sentencias más rápidas” – una de las promesas de la reforma – ya que no se trata de “un plan orgánico de reformas”, sino la “creación desmesurada y costosa de cargos judiciales” bajo severas “inconsistencias”, que hace “irrazonable crear más juzgados federales con el diseño actual”, cuando en dos años “como máximo tiene que estar funcionando el sistema acusatorio”.
Asimismo, recalcaron que “carece de fundamento científico” que vayan a crearse 23 juzgados en el Fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, cuando “en 2019 ingresaron 156 causas, 115 fueron resueltas, 41 están en trámite, y cada juzgado recibió 13 causas de corrupción del Estado en promedio”, y también que la designación de jueces interinos, tal como está previsto, “afecta la independencia e imparcialidad”.
De Juntos por el Cambio expresaron que “el proyecto enviado al Senado es contradictorio con la reforma de fondo del sistema de enjuiciamiento penal, concebida por el nuevo Código Procesal Penal Federal. El sistema acusatorio demanda más fiscales y no más jueces“.
El ya citado documento hace una crítica severa al mencionar que “En un contexto en el cual la economía se derrumba en una escala sin precedentes, crecen el desempleo, la desigualdad y la pobreza, los esfuerzos de los tres poderes del Estado y de las fuerzas políticas deben estar puestos en trabajar en una mejora sustancial del Estado, para hacerlo más productivo y en la eliminación de los privilegios”.
El ex ministro de Justicia, German Garavano, declaró que “del trabajo que cada equipo aportó, se hizo un texto apuntando a que sea lo más coloquial posible, para abrir un plan de reuniones durante 90 días con expertos de distintas líneas, que empezarán con una mesa que se reunirá en forma virtual en la Facultad de Derecho de la UBA el próximo 20 de agosto”.
Además, anticipó que se profundizará en varios textos más, buscando dar un aporte técnico a cada aspecto de la reforma: el presupuestario, la cantidad de nuevos juzgados, la creación de nuevos fueros, las expectativas de un mejor funcionamiento de la Justicia.
Finalmente, los dirigentes de JxC arremetieron contra la reforma judicial, afirmando que “semejante desconexión respecto de lo que deberían ser las prioridades del gobierno en el actual escenario, no tiene otra explicación que la puesta en marcha de un plan de impunidad para las causas de corrupción que afectan a integrantes del oficialismo“.
Usted debe estar conectado para publicar un comentario Inicio de sesión