Debido a las fuertes restricciones de la cuarentena, una brutal caída en la demanda y una crisis económica sin precedentes (generada en gran parte por la misma cuarentena), la centenaria empresa Impsa, del sector metalúrgico y energético, cayó en quiebra el año pasado.
La empresa había tenido múltiples problemas, no sólo financieros si no que judiciales, ya que Enrique Pescarmona, nieto del fundador y cuarta generación en la compañía, y Francisco Valenti, uno de los directores de la empresa, estuvieron involucrados en la llamada Causa de los Cuadernos.
Sin embargo, en 2018 habían logrado salir a flote con un nuevo esquema societario que ponía a los acreedores en la parte de gestión de la compañía. Pero el 2020 y la cuarentena eterna de Alberto Fernández los terminó de hundir.
En agosto del año pasado, Impsa pidió un préstamo al Estado para pagar las nuevas deudas que debió tomar por la crisis, pero el ministro de Producción, Matías Kulfas, convenció al gobierno de la provincia de Mendoza, donde está radicada la empresa, que en vez de otorgarle un nuevo préstamo le proponga a los accionistas comprar la empresa.
Así, se sacó a Impsa del Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos” (PAEERP), a través del cual el Estado estaba pagando el 75% de los salarios de los trabajadores de la empresa, para llevar a cabo su estatización.
La compañía, que fue creada hace más de 100 años como una empresa metalúrgica, fue ampliando sus negocios a rubros como soluciones y equipos para la industria de generación de energía hidroeléctrica, eólica y nuclear.
Ingenieros de la empresa durante la fabricación de un generador de vapor
De acuerdo a fuentes oficiales, la capitalización incluirá US$ 20 millones por parte del Estado nacional y otros US$ 5 millones por parte de la provincia de Mendoza. Así, el gobierno kirchnerista se quedará con casi el 65% de la empresa, la provincia radical rondará el 20% y sólo un 15% quedará en capitales privados, del cual un 5% será para la familia fundadora.
“El Estado nacional inyectará un total de $1.362.900.000 al capital de IMPSA, por lo que su participación accionaria pasa a ser del 63,7%, mientras que el Estado provincial aportará $454.300.000, quedándose así con el 21,2% de las acciones. El porcentaje restante (15,1%) permanecerá en manos privadas, correspondiendo un 9,8% de las acciones al fideicomiso de acreedores y otro 5,3% para el fideicomiso de la familia fundadora”, informó Kulfas.
La estatización tuvo un amplio apoyo del gobierno de Rodolfo Suárez en Mendoza, quien a pesar de ser un radical del “ala dura” de la UCR, que responden a Alfredo Cornejo, se reunieron felizmente con Alberto Fernández y Kulfas para negociar la compra.
Por el momento, el presidente de la empresa seguirá siendo Juan Carlos Fernández, un ingeniero electromecánico con posgrados en Stanford y Harvard, que trabajó entre 1979 y 2016 en los departamentos de Ingeniería, Planeamiento y Comercial, y fue presidente de IMPSA Asia y de IMPSA Energy. Fernández venía haciéndose cargo de la compañía desde su reestructuración, y había sido elegido por los acreedores como su presidente en 2018.
Pero conociendo la historia argentina, será cuestión de tiempo para que el gobierno kirchnerista lo desplace y rife puestos en esta prestigiosa empresa a militantes de La Cámpora.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, con el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, y el secretario General de la UOM, Antonio Caló, para realizar el anuncio sobre la estatización.
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