El domingo por la noche se dio a conocer una noticia muy triste, pero que, lamentablemente iba a pasar tarde o temprano: una joven mendocina de 23 años y su hijo fallecieron tras hacerse un aborto legal en un hospital municipal de La Paz. La práctica abortiva derivó en una hemorragia que le produjo una infección de septicemia y terminó por quitar ambas vidas.
La chica, de nombre María del Valle González López, era la Presidente de la Juventud Radical de La Paz, y una ferviente militante de la legalización del aborto.
La joven radical hizo un pedido de aborto al Hospital de la Paz tras haber quedado embarazada hace pocas semanas. Los médicos le dijeron que consuma misoprostol, como está estipulado en la nueva Ley, lo cual le formó una hemorragia que finalizó con la vida de su hijo.
Sin embargo, el proceso abortivo se complicó y María sufrió una infección de septicemia. Corrió al Hospital para tratarse pero ya era muy tarde.
Así comunicó la UCR de Mendoza la muerte de su joven dirigente.
Rápidamente en redes estalló la noticia, con muchos destacando que, legal o ilegal, la práctica del aborto, además de estar quitando la vida del bebé por nacer, es altamente peligrosa para la madre.
Desde la UCR pidieron “respeto” por la muerte de su dirigente, y en vez de concientizar sobre la peligrosidad de una práctica que desde sus filas promueven, aseguraron que “elaborar y difundir juicios de valor sobre la salud y vida privada de María Del Valle es una forma de violencia contra las mujeres“.
El comunicado de la UCR falla en mencionar que María murió en un aborto legal, incluso tratando de justificar que es mejor no mencionar el tema para no promover “tipo de actos y/o conductas que contribuyen a mantener patrones de valoración que legitiman y perpetúan la desigualdad de género“.
Los políticos argentinos en el Congreso tienen que hacerse cargo, ya que ellos mismos aprobaron la Ley del Aborto hace unos meses y promulgaron esta práctica.
Antecedente: caso Keyla Jones

La joven Keyla Jones tenía 17 años y un embarazo de 7 semanas cuando solicitó en el Hospital “El Maitén” de Chubut ayuda para llevar adelante la gestación de su hijo en diciembre de 2015.
La Dra. Estrella Perramón, quien la había atendido, le otorgó la píldora abortiva misoprostrol y la mantuvo en observación. En ese momento, la adolescente se comunicó con su mamá para que la lleve al hospital porque se sentía mal, pero en el establecimiento sanitario la doctora la mandó nuevamente a su casa diciendo que solo estaba menstruando.
“Mi hija me llama. Yo voy inmediatamente al hospital y hablo con la médica y ella me dice que lo que tenía mi hija era una menstruación fuerte y que la podía llevar nuevamente a la casa“, contó la mamá de Keyla ante la prensa.
Cuando llegaron a la casa continuó con fuertes dolencias y la madre volvió a llamar a la médica. Esta vez la doctora le dijo “que se había complicado” con un panorama de gastroenteritis. Hasta este momento la madre no se había enterado que a su hija menor de edad había abortado, ya que en Chubut existe una ley que previene que una menor de edad necesite el consentimiento de sus padres para llevar a cabo un aborto.
Pero unos días más tarde, específicamente el 5 de diciembre, la mamá descreyendo de la doctora de “El maitén” la llevó al Hospital Zonal Esquel. Allí los médicos reciben un cuadro de un aborto totalmente avanzado que se había complicado severamente.
La operaron dos veces y en la segunda oportunidad es cuando finaliza falleciendo y la madre termina enterándose de la verdadera situación que su hija había atravesado.
Frente a este caso, la Fiscalía de Esquel expresó: “A partir del certificado de muerte de Keyla, su muerte se produjo como consecuencia del proceso incompleto del aborto, al no haber retirado los restos del embarazo dentro del útero, que generaron un cuadro de shock séptico refractario que provocó la muerte de la joven, el 6 de diciembre de 2015, a las 16:40 horas, en el Hospital Zonal de Esquel”. Este aborto fue realizado con la supervisión de una médica, en una provincia donde por protocolo la práctica era legal de-facto, y de todos modos la chica falleció.
Basándose en estos casos, y tantos otros que lamentablemente seguirán ocurriendo, el relato de que el aborto legal es “seguro” se cae completamente. La práctica siempre pone en alto riesgo la vida de la madre, especialmente cuando se realiza con misoprostol u otras píldoras abortivas.
Independientemente de que sea legal o ilegal, el aborto es una práctica altamente intrusiva que busca hacer daño y terminar con una vida, mientras pone en riesgo a la otra.
La situación de Keyla o de María no debe ser punto de revanchismo, si no que debe ser un llamado a la concientización de que a pesar de que el aborto sea totalmente legal en el país, no es una práctica recomendable y sin lugar a dudas no es la única solución que existe a un embarazo indeseado.
La izquierda no sólo impulsó la Ley del Aborto, si no que militó el aborto como una práctica segura, que debe hacerse felizmente y que no tiene ninguna consecuencia.
El “Estado presente“, en vez de llenar los hospitales de misoprostol, debería estar cumpliendo con la Ley de los 1000 Días para concientizar a las mujeres sobre todas las posibilidades que existen para evitar un aborto,
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