A través de la resolución 1175 de la Dirección General de Cultura y Educación publicada en el Boletín Oficial del distrito, con la firma de la ministra Agustina Vila y la subsecretaria Claudia Bracchi, el gobierno bonaerense revocó los sumarios administrativos disciplinarios, en una clara muestra de “solidaridad” con el gremio educativo.
Las sanciones habían sido aplicadas expresamente contra los docentes por “no desempeñar digna, eficaz y responsablemente funciones inherentes al cargo, al no cumplimentar la apertura y cierre del edificio escolar” durante diferentes paros que se llevaron a cabo en 2018, durante la gestión de María Eugenia Vidal.
Según la resolución “el contexto de las medidas de fuerza traídas formalmente a reproche se enmarca dentro del legítimo ejercicio del derecho a huelga constitucionalmente amparado, lo que imposibilitó garantizar la apertura de establecimientos educativos”.
Durante el pasado gobierno, los gremios Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), cuestionaron los sumarios iniciados contra maestros al considerar que configuraban una “persecución gremial”.
La citada resolución también sostiene que “la conducta docente asumida se contextualiza dentro de un conflicto colectivo, adquiriendo los hechos descriptos una dimensión institucional que cobra su verdadero sentido al articular los derechos individuales y sociales involucrados”. Es importante recordar que el gremio docente fue uno de los que más férreamente criticó la gestión de Vidal.
De igual forma, el gobierno de la provincia decidió “absolver” a todos los docentes que aún seguían bajo investigación, ya que, según señalaron, “no se les logró acreditar la transgresión a una falta administrativa”.
Asimismo, se cerró la instrucción de sumarios administrativos realizados a los directivos por la falta cometida de “no supervisar y suscribir las planillas de contralor docente y administrativo, en las cuales no se consignaron las inasistencias del personal de la institución, correspondientes a los días de paro”.
Aunado a lo anterior, quedaron sin efecto aquellos sumarios iniciados por “confeccionar y suscribir el contralor docente y administrativo con datos apócrifos (falsos), al no consignar las inasistencias del personal docente de la institución, correspondientes a los días de paro”.
El 21 de diciembre de 2018, todas las asociaciones gremiales involucradas en los distintos paros interpusieron una demanda de amparo sindical contra el Ministerio de Educación, la cual se tramitó en el Tribunal de Trabajo N° 3 de la ciudad de La Plata, denunciando que el “organismo estatal ejerció un comportamiento antisindical consistente en obstaculizar el ejercicio regular del derecho a huelga de los trabajadores docentes”.
Sin menoscabo del derecho a la protesta que está amparado en la constitución, cabe recalcar la tácita complicidad del actual gobierno kirchnerista con las organizaciones sindicales, abiertamente de izquierda, las cuales sistemáticamente abusan del “derecho a la huelga”, sólo si el gobierno de turno no comulga con su ideología.
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