La reincidencia de los presos liberados por el COVID-19 aqueja al país y un drástico aumento de robos y crímenes se observa en todo el territorio argentino. En el Conurbano bonaerense la situación empeora.
La incapacidad de respuesta por parte de los gobiernos nacionales y provinciales al agravamiento de la situación delictiva da vía libre a los delincuentes.
Con el pueblo desarmado, policías ausentes y criminales en las calles, la proliferación de “zonas liberadas” se hace evidente.
Tal como consta en informes de la Procuraduría Penitenciaria Nacional, la de Violencia Institucional, y la General de Buenos Aires, 4.559 presos fueron liberados entre marzo y junio entre el sistema penitenciario federal y la Provincia de Buenos Aires por el “riesgo a contagiarse de COVID-19“.
Solo un 11% habían cumplido sentencia o fueron absueltos durante estos meses.
Ya desde marzo, y con el aval implícito del Poder Ejecutivo Nacional, distintos jueces, como el filo-kirchnerista Eduardo Néstor de Lázzari -que llegó al Tribunal Supremo bonaerense de la mano de Duhalde, integrándolo desde 1997 y se opuso en su momento a la detención de Pablo Moyano- y el famoso y polémico juez comunista Víctor Violini consolidaron, por medio de múltiples fallos y resoluciones, mecanismos que permitieron la salida masiva de presos.
“Que me digan peronista o kirchnerista no me ofende, al contrario”, dijo el juez Violini
En concreto, el órgano presidido por De Lázzari dictó en el primer día de cuarentena una resolución a partir de la cual, arguyendo circunstancias de emergencia, los Tribunales en cuanto a lo criminal, junto a la Cámara de Casación y de Apelaciones, entre otros, puedan adoptar decisiones de manera unipersonal por su Presidente, suprimiendo posibles disensos de otros miembros del tribunal y vulnerando los principios de pluralidad en materia de resolución judicial.
Víctor Violini, amparado en dicha resolución, aceptó múltiples recursos de hábeas colectivos de liberación, entre los que se incluía, a fines de mayo, la de Pedro Olmos, un violador de una niña de 13 años en Lomas de Zamora, quien desde entonces vive al lado de la casa de la víctima.
“Estamos ante un momento histórico porque es la primera vez, en veinte años, que la curva de prisionización comienza a caer. Se trata de una decisión muy importante por lo que se necesita hacer sobre el Poder Judicial para que se liberen más personas“, declaró el referente de DDHH Roberto Cipriano García.
Este es solo parte del historial de acciones llevadas a cabo por jueces garantistas que, investidos de poderes extraordinarios y avalados por el Poder Ejecutivo, disponen arbitrariamente de la libertad de reos condenados, peligrosos, y atentan contra la seguridad ciudadana.
La inseguridad está cada vez más presente. La misma interventora del Servicio Penitenciario Federal expresó que “el día que salgamos de la cuarentena es posible que tengamos un pico de delitos contra la propiedad“.
Contraria a los principios de igualdad ante la ley consagrados en la Constitución Nacional, cierta intención política se puede observar en la gestión de estas medidas.
Mientras que liberaron miles de delincuentes con edad de reincidencia, sucedía todo lo contrario en las instalaciones de la Unidad Penal Federal 34 de Campo de Mayo.
Allí se encuentran 70 presos, todos ellos militares y policías del Proceso condenados.
El promedio de edad ronda los 74 años, con un riesgo de muerte elevado en caso de contraer el virus chino. Sin embargo, y pese a ruegos de prisión domiciliaria ante las Cortes y Cámaras judiciales, a ellos se les negó cualquier tipo de beneficio excarcelario, lo cual carece de sentido ya que por sus avanzadas edades y conocimiento público de sus casos, no representan amenaza alguna para la sociedad.
Los abogados Alberto Solanet y Carlos Bosch, de la Asociación Civil Justicia y Concordia, denunciaron que 225 ancianos, entre militares y policías, todavía permanecen en cárceles que representan un potencial peligro para su salud en estas circunstancias.
Parece que la Justicia hace diferencias entre los condenados en base a criterios ya no sanitarios, sino meramente ideológicos. Los jueces buscan venganza por las atrocidades cometidas en los años setenta, mientras avalan que peligrosos delincuentes, violadores y asesinos salgan libres, muchas veces sin siquiera tobilleras para rastrearlos.
Además, los condenados por el Proceso, todos presentan altos riesgos de complicaciones en caso de contagiarse. De hecho, de los 70 ancianos, 28 (un 40%) ya contrajeron COVID-19 y 2 de ellos fallecieron en las últimas semanas.
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