La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados acordó el pasado viernes una reforma a la Ley de Concurso y Quiebras con el objetivo de “aliviar empresas y deudores que fueron castigados por la pandemia“.

Sin embargo, un análisis más riguroso del proyecto aprobado por Diputados y girado al Senado revela que la Ley traerá enormes complicaciones al sistema económico argentino. La Ley propone la suspensión hasta el 31 de marzo de 2021 del cómputo de plazos procesales en todos los procesos regidos por la Ley de Concursos y Quiebras.

Durante el debate, el oficialismo defendió el proyecto como un “alivio” para los contribuyentes y una “herramienta para todos los argentinos” en medio de la pandemia, mientras que la oposición, además de criticar ese artículo, coincidió en que la medida es un “auxilio a los contribuyentes” y destacó la incorporación de varias de sus sugerencias, como el “premio a los que cumplieron“.

Finalmente, el interbloque de Juntos por el Cambio terminó dando todo su apoyo y la ley obtuvo media sanción con 250 votos a favor y 0 en contra. El resto, se abstuvo.

Si hay una Ley que realmente hubiera diferenciado a la oposición del oficialismo era esta: si bien está basada en supuestas buenas intenciones, es una ley absurda. Ninguna empresa que esté en quiebra dejará de estarlo porque el Congreso así lo dice, y mientras no haya cambios en las condiciones, como una importante rebaja impositiva, el fin de la cuarentena o una reactivación económica, las empresas seguirán operando en rojo y el 31 de marzo de 2021 estarán en la misma situación, y aún más endeudados.

Los puntos principales de la Ley de Quiebras, votados en unanimidad por el kirchnerismo y el macrismo:

• Se suspenden los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras, incluidas las ejecuciones de garantías de todo tipo, respecto de los fiadores, avalistas, codeudores y otros obligados respecto a las obligaciones de los sujetos comprendidos en la emergencia. 
• Se suspenden las subastas judiciales y extrajudiciales, incluyendo las hipotecarias y prendarias de cualquier origen, incluyendo las comprendidas en la Ley 24.441, la ley, de prenda con registro, la ejecución de Warrants, Leasing, y las previstas en la propia Ley 24.522 en su artículo 23 (ejecuciones por remate no judicial). 
• Como contrapartida de lo anterior, se suspende la prescripción y caducidad de los créditos “suspendidos por la ley” a fin de que los acreedores no terminen perdiendo sus derechos por el paso del tiempo, siendo la “espera legal” el efecto directo. 
• En el caso de acuerdos concursales judiciales o extrajudiciales homologados en los términos de la Ley No 24.522 de Concursos y Quiebras, el plazo para el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el deudor se prorroga por el término de un año desde el vencimiento originariamente previsto. Las cuotas ya vencidas e impagas serán exigibles a partir del día en que cese el estado de emergencia. 
• Se suspende hasta el 31 de marzo de 2021 el trámite de los pedidos de quiebra, en los casos contemplados en el artículo 77 de la Ley No 24.522 de Concursos y Quiebras, excepto para las medidas previstas en el artículo 85 que trata sobre las medidas cautelares sobre el patrimonio del deudor que puede dictar el juez como forma de mantener la integridad del patrimonio del deudor. 
• Se prohíben nuevos embargos sobre cuentas bancarias, excepto para el caso de los procedimientos de comprobación y pronto pago de créditos laborales, y créditos de origen alimentario. 
• Se reduce la tasa de justicia de los procesos concursales. 
• Se faculta al juez para que, en el caso de las personas humanas que no desarrollen actividades comerciales ni empresarias y carezcan de actividad económica organizada, para que adopte las medidas conducentes para la rehabilitación de la persona humana y protección de su dignidad y de su grupo familiar.

Durante el debate, el Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) destacó el consenso logrado entre las fuerzas políticas para avanzar en el análisis de la Ley de Quiebras y señaló que con esta herramienta “las empresas puedan tener un consuelo en una crisis tan profunda“. Este consuelo, en realidad, es una postergación de la desgracia.

El diputado oficialista hizo “un reconocimiento al trabajo que realizaron los bloques opositores, como Juntos por el Cambio así como los diputados Graciela Camaño y José Luis Ramón“.

Su compañero de bloque y autor de uno de los proyecto, Carlos Selva, dijo que “se debe dar previsibilidad a las empresas para que tengan el plazo de cobertura, y por eso si bien se había propuesto hasta diciembre, se decidió extenderlo hasta el 31 de marzo“.

En el mismo sentido, el Presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, agradeció “al oficialismo y otros bloques de la oposición que hayan aceptado tratar este tema como complemento de la ley de moratoria porque el aislamiento social ha generado una serie de desafíos que nos demanda a todos tener una rápida respuesta“.

La diputada de Consenso Federal Graciela Camaño aseguró que se está “aprobando la ley posible” para suspender las quiebras para que puedan “tener un alivio cien mil empresas que están complicadas y que contratan unos tres millones de trabajadores” de las cuales el 70% está en la zona metropolitana.

El proyecto de la moratoria ampliada

El viernes, la Cámara de Diputados también aprobó el proyecto de moratoria impositiva, previsional y aduanera, de vuelta con consenso entre el oficialismo y la oposición.

La oposición centró su rechazo en un artículo que consideran que beneficia al empresario Cristóbal López, pero en vez de votar en contra de la Ley, como buenos escribanos, solo atinaron a abstenerse y dejar que el kirchnerismo la apruebe casi por unanimidad. 

El proyecto amplía la moratoria aprobada en diciembre pasado, en el marco de la emergencia económica, con el fin de normalizar deudas por más de 500.000 millones de pesos contraídas en el marco de la pandemia. 

Al inicio del debate, el miembro informante del oficialismo, Carlos Heller, dio detalles del proyecto y precisó algunos de los cambios que se le hicieron, entre los que destacó la ampliación del plazo de deudas a regularizar hasta el 31 de julio (el dictamen original el plazo era hasta el 30 de junio). 

“Esta moratoria es para que las empresas que están en actividad puedan sobrevivir y los que todavía no han vuelto a tomar su actividad tengan un horizonte mas claro“, agregó. 

El proyecto establece que se podrán acceder a planes entre 48 y 120 cuotas para regularizar las deudas acumuladas hasta el 31 de julio. Los contribuyentes podrán adherirse hasta el 31 de octubre a la moratoria y deberán pagar la primera cuota del 16 de noviembre.  

“Llegamos a esta ampliación de la moratoria que votó este Congreso a fines del año 19 porque las condiciones ya paupérrimas que tenía este país por las decisiones económicas y políticas del gobierno del ex-presidente Mauricio Macri. En esa fecha nadie pensaba que se podía avecinar esta pandemia”, dijo el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, en el cierre del debate. “La moratoria alcanza también a grandes empresas, no sólo a los que les ha gustado nombrar durante todo el día” , agregó. 

Destacó que “Telecom también fue incluida en la moratoria para que vean que no nos guía ningún odio ni rencor, sino que realmente estamos preocupados por el destino de la Argentina, de sus empresas y fundamentalmente de quienes trabajan en ellas, que es lo que nos debe ocupar.” 

El proyecto persigue también el objetivo de recuperar la recaudación fiscal, que cayó con motivo de la crisis económica por la pandemia. 

La iniciativa fue aprobada en general por 137 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, Unidad Federal, Movimiento Popular Neuquino, mientras 113 legisladores de Juntos por el Cambio optaron por la abstención. 

Irónicamente, los principales votos en contra vinieron de parte de los dos diputados de la extrema izquierda, Nicolas del Caño y Romina del Plá. El único voto en contra de un diputado del PRO fue del cordobés Luis Juez. 

Si bien Juntos por el Cambio se abstuvo en la votación en general, votó a favor de la mayoría de los artículos, con excepción de los números 2 y 11. 

A lo largo del debate, diputados oficialistas y opositores coincidieron en la necesidad de aprobar una moratoria para las empresas, pero Juntos por el Cambio decidió no acompañar con su voto porque puso como condición excluir a Oil Combustibles de los beneficios, con el argumento que es una empresa que está en proceso de quiebra y tiene una causa por retención de impuestos.

Incluso, el artículo 11, que permite el ingreso de la moratoria de empresas que están con procesos de quiebra, tuvo una ajustada votación de 130 contra 121 y una abstención. 

El diputado nacional Luis Pastori (Unión Cívica Radical) justificó a su turno la decisión de Juntos por el Cambio de abstenerse en la votación del proyecto de moratoria impositiva y previsional y dijo que la propuesta de la bancada oficialista tiene un “sesgo antiempresa cargado de ideologismo“. 

Para el diputado radical, el dictamen del oficialismo “adolece de serios problemas, que tienen que ver con su insuficiencia, con un sesgo antiempresa cargado de ideologismo y con el escandaloso artículo que conduce a la impunidad de Oil Combustibles”. 

En tanto, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (Pro) aseguró que “hay otra ley dentro de esta ley, que es una ley de amnistía para empresas que han utilizado el dinero de los argentinos en beneficio propio con un criterio de expansión de sus propios negocios”. 

El diputado oficialista Eduardo Valdes dijo que “tengo orgullo de votar esta moratoria, con todos sus artículos. Me hubiera gustado que saliera por unanimidad. Las decisiones se construyen con el que piensa distinto“. 

A su vez, el diputado de Consenso Federal Jorge Sarghini dijo que “nunca fue tan necesaria un moratoria“, pero señaló que “no hay ningún fundamento para que los quebrados estén adentro” de los beneficios. 

Por su parte, el secretario de la comisión de Presupuesto, Marcelo Casaretto, señaló que “ésta es una moratoria para todos, porque el Estado Nacional le tiende las manos a todos los argentinos para que puedan regularizar” y pueden ingresar “960 mil contribuyentes por una deuda de 534 mil millones de pesos“. 

La diputada de Izquierda, Romina del Pla, dijo que votaba en contra porque su sector rechaza la moratoria en tanto “implica una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los capitalistas”.