El Poder Ejecutivo envió el lunes a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de diciembre la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri en 2017.
Esto le permitirá al Gobierno definir por decreto los incrementos trimestrales para jubilados, pensionados y titulares de programas sociales, en vez de que el aumento se haga de manera automática contra la inflación.
El Gobierno justificó esta suspensión que iba a durar tan solo 6 meses en los efectos negativos que provoca la pandemia en la economía y dice que no tiene más dinero para pagar jubilaciones (aunque sí para expropiar mega-empresas como Vicentín)
El proyecto de ley deberá ser analizado por un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social de la Cámara baja para emitir el dictamen que se debatirá en sesiones del cuerpo.
“En momentos de grandes distorsiones de las variables macroeconómicas que inciden sobre los diversos elementos que podrían constituir los parámetros de una ecuación de movilidad, y en el marco de una volatilidad de la actividad económica que se va acomodando, diariamente, a la realidad impuesta por la pandemia mundial del COVID-19, resulta absolutamente imposible ya no solamente construir una fórmula de movilidad seria, razonable y perdurable, sino tan solo prever o predecir cómo se comportarán las variables económicas en los próximos meses de modo tal de determinar, a priori, pautas serias para fundamentar técnica, económica y políticamente, los ajustes trimestrales establecidos por la ley”, argumenta el proyecto de ley del Gobierno.
En los fundamentos del proyecto se sostiene que con esta medida la Comisión formada por integrantes del Poder Ejecutivo y del Congreso que debe elaborar una nueva fórmula de movilidad dispondrán “de más tiempo” para analizar y aprobar “las pautas de actualización o movilidad de las prestaciones de los regímenes especiales”, en referencia, entre otros, a los regímenes de docentes, docentes universitarios, y Luz y Fuerza que disponen de fórmulas de movilidad propias que no quedaron suspendidas con la Ley de Emergencia.
El proyecto también señala que en su gran mayoría las experiencias internacionales de movilidad “utilizan la variación de algún índice salarial o de precios o una combinación de ambos, encontrándose también algunos ejemplos que toman la variación de la recaudación o del Producto Bruto Interno como base para la actualización”. Y todos esos índices están distorsionados por la situación creada por la pandemia.
Los aumentos por decretos fueron establecidos por la ley de Emergencia, aprobada el 23 de diciembre de 2019, y se aplicaron en marzo y junio, acumulando una suba de entre el 10 y el 19,9%, según los rangos de haberes.
Con la fórmula suspendida correspondían un 23,72% para todos los jubilados y pensionados del régimen general y demás prestaciones sociales.
Así, los aumentos acumulados por decretos fueron inferiores a los devengados por la fórmula suspendida. Y en especial perjudicaron en mayor medida a los que perciben jubilaciones y pensiones medianas y altas, profundizando la caída del 20% que se produjo en los dos primeros años (2018 y 2019) de vigencia de la fórmula suspendida.
Rechazo de la oposición
Los diputados de Juntos por el Cambio no sólo rechazan el proyecto del Gobierno sino que redoblaron la apuesta: en una iniciativa que presentó el diputado radical Luis Petri propone que de inmediato vuelva a regir la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en 2017, que establecía que los incrementos trimestrales para jubilados y pensiones deben calcularse sobre la base de un 70% en las variaciones del índice de precios al Consumidor y en un 30% por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
“En marzo pasado el Poder Ejecutivo dispuso el primer incremento trimestral a través de una suba del 2,3% más una suma fija de $1500. Los jubilados, con estos aumentos decretados, perdieron entre $541, en el caso de los haberes mínimos, y $14.032 en los máximos, en comparación con la fórmula jubilatoria suspendida”, advirtió Petri.
Desde la Coalición Cívica, Alicia Terada también criticó con dureza el proyecto.
“Advertimos que los haberes jubilatorios se reducen mientras que la inflación aumenta, al punto que quien percibe la jubilación mínima no alcanza a cubrir siquiera el 30% de la canasta familiar para los adultos mayores. Los jubilados sonla variable de ajuste para este gobierno”, advirtió.
Sorpresivamente, los diputados de Consenso Federal también cuestionaron este proyecto de ley, argumentando de que “el ultimo incremento jubilatorio no cubrió las expectativas“.
“Nuestro bloque tuvo una participación activa para que se conforme, junto al Poder Ejecutivo, una comisión bicameral que defina una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. El plazo de seis meses que se votó en la ley de emergencia está a punto de vencer. Y el ultimo incremento jubilatorio (dispuesto por decreto) no cubrió las expectativas -enfatizó Eduardo “Bali” Bucca , presidente del Interbloque Federal-.
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