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África

El nuevo gobierno de Zimbabue retribuirá a los granjeros blancos por las expropiaciones del ex-dictador Mugabe

La semana pasada se confirmó que se dará una retribución de 3,5 millones de dólares a los granjeros blancos por las expropiaciones de sus tierras durante la “campaña descolonizadora” de la dictadura de Robert Mugabe.

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El gobierno de Zimbabwe, en manos del presidente Emmerson Mnangagwa desde 2018, está llevando a cabo una serie de reformas con el objetivos de terminar con el fallido sistema político y económico del ex-dictador Robert Mugabe y volver a afianzar relaciones con Occidente.

El año pasado, Mnangagwa dijo estar aplicando reformas económicas y sociales para poder volver a formar parte de la Commonwealth británica, y luego de un fallido mega-plan para palear la hiper-inflación causada por la salida de la dolarización, ahora confirmó que se dará una compensación de 3,5 millones de dólares a los terratenientes blancos por las expropiaciones de sus tierras durante la “campaña descolonizadora” durante la dictadura de Mugabe.

Esta decisión, muy positiva en el ámbito de sanear la división social, ha generado una gran problemática para el gobierno, ya que no poseen fondos suficientes para llegar a la cantidad establecida en el anuncio, por lo que para cumplir con la promesa emitirán bonos a largo plazo, llegarán a acuerdos con agentes internacionales para la recaudación de fondos y aceptarán donaciones al proyecto.

Durante la larga e interminable gestión del anterior dictador nacionalista de izquierda Robert Mugabe, que estuvo más de treinta años al frente del país (1980-2017), se registraron más de 4.500 expropiaciones a “blancos” poseedores de granjas con el objetivo de una “repoblación negra” con el propósito de “descolonizar” la nación. 

Luego de esta campaña denominada por el anterior gobierno como “pan-africana” y “multicultural”, Zimbabue se separó de Occidente y atravesó sus peores períodos económicos que persisten hasta la actualidad con hambrunas y pobreza extrema.

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El monto establecido para la retribución aún no esta completamente definido ya que dependerá del granjero y el gobierno dará prioridad a las personas mayores y dueños directos, mientras que los descendientes tendrán que esperar. El proyecto tardará aproximadamente cinco años en completarse y fue firmado por el ministro de Economía y el de Agricultura.

“Como zimbabuenses, hemos optado por resolver esta cuestión pendiente desde hace mucho tiempo” declaró Andrew Pascoe, jefe de la Unión de Agricultores de Zimbabue.

Grupo de sindicalistas agricultores en apoyo a la candidatura del actual presidente en 2017.

Los granjeros blancos, descendientes de quienes colonizaron y gobernaron el país durante el siglo pasado, son la columna vertebral de la economía zimbabuense, y la única razón por la que el país no cayó en la hambruna total durante la hiperinflación del 2000.

Mugabe, desesperado por su total fracaso en materia económica, optó por dolarizar la economía en 2009, cuando la inflación anual era de 11.000.000%, pero siguió estatizando tierras, expropiando la producción y persiguiendo a la población blanca.

Cuando Mnangagwa, vice-presidente de Mugabe, decidió realizar un golpe de Estado contra el presidente, toda la comunidad blanca en el país salió en su apoyo, ya que él siempre tuvo una postura menos racista para con los rodesianos.

El acuerdo llevado a cabo por Mnangagwa aclara que los perjudicados por las expropiaciones van a ser recompensados en base a la infraestructura de sus granjas y no por el valor de sus tierras, esto se debe a lo establecido en la Constitución del país del sur de África. 

“La reforma agraria no puede revertirse, pero pagar una indemnización es clave para reparar nuestros lazos con el mundo” afirma el presidente del país.

El anterior programa todavía provoca una fuerte colisión dentro del país entre los partidarios de la dictadura que argumentan que fue un proceso de “liberación nacional” y les permitió ser independientes y los partidarios del oficialismo que reclaman que el gobierno anterior solo dejó división social, autoritarismo y crisis. 

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Túnez

El presidente Saied asume todos los poderes de Túnez y se ratifica como dictador

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Kais Saied, presidente devenido en dictador, ratificó su nuevo régimen autócrata y asumió todos los poderes del país. A pesar de su totalitarismo, más del 70% de la población le manifestó su apoyo en las últimas encuestas.

El Presidente de la República electo democráticamente, protagonista del golpe de Estado del 25 de julio y hoy ratificado como dictador, Kais Saied, anunció un plan de transición hacia su nuevo régimen totalitario en el que se extienden las medidas excepcionales y se forma un gobierno provisional.

A su vez, en las mismas declaraciones hechas por cadena nacional, Saied anunció enmiendas constitucionales y la evocación del Decreto 117 para suspender gran parte de la Constitución de Túnez.

Con este nuevo Decreto, el mandatario que había ingresado a la política como un candidato apartidario e independiente establece un nuevo orden constitucional, en el que asume todos los poderes del gobierno, incluyendo los legislativos, mientras el parlamento continúa suspendido.

Además, con este decreto se confirma que de la Constitución de 2014 solo se respetarán los principios generales y los derechos fundamentales, eliminando “provisoriamente” todos los demás artículos y estableciendo que los textos presidenciales no pueden ser objeto de nulidad, suprimiendo así a la Autoridad para la Revisión de la Constitución.

Hasta el momento, los partidos opositores denunciaron el golpe y advirtieron a la comunidad internacional el rumbo autoritario del oficialismo.

Sin embargo, la crítica más importante llegó del lado del lado de la Unión General de Trabajadores de Túnez, el sindicato más grande del país, que anunció su rechazo al nuevo régimen de gobierno, y aseguran estar decepcionados al no haber sido consultados por Saied antes de tomar la decisión de emitir el Decreto 117.

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Guinea

Los militares golpistas de Guinea giran el país a la derecha y se alían al ex primer ministro liberal Diallo

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Cellou Dalein Diallo, el ex mandatario y principal líder opositor al depuesto gobierno socialista, se juntó con los militares golpistas de Guinea y proclamó una alianza contra la izquierda.

El golpe de Estado cívico-militar en Guinea empieza a dar los primeros indicios de qué tipo de políticas pregonará para sacar al país de la profunda crisis institucional, política, social y económica que enfrenta.

Luego de algunas dudas de para qué lado iría el nuevo gobierno de facto de Mamady Doumbouya, esta semana el principal líder de la oposición guineana, el liberal Cellou Dalein Diallo, anunció su apoyo al golpe de Estado y afirmó que estará trabajando junto a ellos para sacar al país de la ruina.

Diallo aseguró que se realizó un “acto histórico que completa la lucha” contra los sectores socialistas que querían reformar la Constitución, al deponer al autoritario y corrupto presidente de izquierda Alpha Condé.

El economista Cellou Dalein Diallo fue primer ministro de Guinea entre 2004 y 2006 con su partido, Unión de las Fuerzas Democráticas de Guinea, que es centrista en temas sociales pero muy liberal en lo económico, incluso pertenecientes a la Internacional Liberal.

Así, el nuevo gobierno se consolida en un fuerte viraje hacia la derecha, luego de varios años de gobiernos socialistas sin legitimidad popular donde la corrupción reinaba y se había reformado la Constitución permitiendo la reelección indefinida.

Algunas de las primeras medidas de los militares en el poder tras su asunción la semana pasada fueron la imposición de un toque de queda para aplacar protestas de seguidores del depuesto presidente Condé, la sustitución de los gobernadores socialistas por militares, el inicio de un plan de transición hacia un gobierno de unidad y la puesta en libertad de los 79 presos políticos que habían sido arrestados arbitrariamente por oponerse al anterior gobierno socialista. A su vez, el Banco Central congeló las cuentas de los funcionarios del gobierno previo, todos imputados por corrupción.

Por ahora, el régimen de Doumbouya mantiene altísimos niveles de aprobación y la gente parece defender su gobierno con celebraciones en las calles. Pero si el nuevo gobierno militar no logra superar la crisis económica y sanitaria que azota al país, además de generar una transición ordenada hacia la democracia nuevamente, el caos solo volverá.

Guinea, a su vez, se encuentra ante un gran desafío internacional. Tanto la Unión Africana (UA) como la Comunidad de Estados del África Occidental (CEDEAO), una especie de Unión Europea en el oeste de África, suspendieron a Guinea provisoriamente de sus instituciones, cortándoles la ayuda económica que estaban recibiendo hasta el momento, como forma de presión contra el golpe.

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Marruecos

Terremoto político en Marruecos: el islamismo perdió tras 10 años en el poder y fue expulsado del gobierno

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Los islamistas perdieron el 90% de sus escaños parlamentarios, al obtener solo 12 asientos de un total de 395, tras una histórica derrota electoral.

El islamista Partido Justicia y Desarrollo (PJD) sufrió un histórico batacazo electoral en las elecciones legislativas del pasado 8 de septiembre, donde los analistas coinciden en que se produjo un voto de castigo de los marroquíes a los islamistas tras una década al frente del gobierno.

El líder del PJD y primer ministro del gobierno saliente, Saadedín Otmani, presentó su dimisión de la presidencia del partido, al igual que el resto de los miembros de la dirigencia, y convocaron una reunión extraordinaria de la asamblea partidaria el próximo 18 de septiembre para “evaluar las elecciones y tomar las decisiones adecuadas”.

Los islamistas perdieron el 90% de sus escaños al obtener solo 12 asientos de un total de 395, teniendo en cuenta que tenían 125 en la legislatura anterior. El PJD resultó desbancado por su socio de gobierno, el centrista Agrupación Nacional de Independientes (RNI, en sus siglas en francés), que se hizo con 97 escaños, y logró nombrar a Aziz Akhannouch como nuevo primer ministro.

Además de perder sus feudos electorales, la derrota del PJD fue tan pronunciada que ni siquiera el primer ministro saliente Otmani ha conseguido reelegir en su escaño de Rabat, histórico bastión de su partido.

En una declaración a la prensa leída por el vicesecretario del PJD, Slimane El Amrani, el partido calificó de “incomprensibles e ilógicos” los resultados porque consideran que no reflejan el verdadero mapa político del país y el peso del partido en el escenario político.

Los islamistas expresaron que la dirigencia asume la responsabilidad “en la gestión de esta etapa” y volvieron a insistir sobre irregularidades denunciadas ayer, como la compra masiva de votos, el rechazo de las autoridades de entregarles las actas tras el cierre de las urnas o las últimas reformas electorales que quitan peso a los grandes partidos.

Nuevo gobierno liberal

Pese a las denuncias de los islamistas, los analistas coinciden en que la derrota del PJD tiene que ver con un voto de castigo expresado por los marroquíes por su mala gestión económica y social durante la pasada década y la pérdida de carisma del partido.

El nuevo primer ministro será Aziz Akhannouch, un empresario secular que promueve el libre mercado en la economía y una profunda reforma cultural en el aspecto social.

Akhannouch representa el “ala liberal” de los partidos marroquíes que defienden la monarquía, una combinación que deja contenta a gran parte de la población, que pide a una persona de negocios para arreglar la economía, pero rechaza los pedidos de la izquierda por abolir la figura real.

La economía se convirtió en el principal tema de Marruecos, un país que se contrajo un 6% el año pasado durante la pandemia. “El estado de ánimo general, especialmente entre los votantes indecisos y enojados, era ‘terminemos con el reinado del PJD y probemos nuestras oportunidades económicas con otros partidos bien establecidos y pro-rey como el RNI’, que está dirigido por un magnate empresarial”, dijo Mohamed Bouden, director del Centro Atlas para el Análisis de Indicadores Políticos e Institucionales, con sede en Rabat.

Aziz Akhannouch

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